Hasta el último día del año, cualquier interesado podrá opinar sobre la propuesta de Plan Nacional de Aguas que el gobierno presentó ayer, ante un auditorio del SODRE colmado de gente. La cantidad de asistentes tuvo que ver en parte con el proceso de elaboración del plan, en el que participaron organizaciones sociales y académicas, los consejos regionales y las comisiones de cuenca.

Ayer se presentaron los frutos de un trabajo de cuatro años, resumido en cuatro directrices estratégicas, 11 programas y 28 proyectos, que básicamente profundizan líneas de trabajo ya iniciadas, explicó el director nacional de Agua, Daniel Greif. “Nos permite pensar escenarios a futuro, teniendo en cuenta el cambio climático y el país que queremos. Se profundizan y se desarrollan experiencias que ya estamos llevando adelante; por ejemplo, sistemas de alerta temprana de inundaciones, planes de ordenamiento del territorio o de saneamiento, en los que tenemos que integrar las acciones de distintos actores para ordenar esfuerzos”, dijo el jerarca. “Lo más novedoso del plan es la capacidad de anticipar y de articular múltiples esfuerzos”, sintetizó.

En la presentación del plan, Greif destacó que se trata de “un documento técnico y político para la acción, basado en un diagnóstico de la realidad”, y que es “uno de los instrumentos principales” para permitir la gestión sustentable del agua. El plan se propone establecer información y políticas en torno al agua para uso humano, al agua y el desarrollo sostenible -como recurso capaz de ser utilizado por todos- y al agua y sus riesgos asociados, en referencia tanto a inundaciones como a sequías. Entre sus principios está la gestión sustentable e integrada del recurso, el agua potable y el saneamiento como derechos humanos fundamentales y la cuenca hidrográfica como unidad de actuación, lo que implica una “lógica distinta de actuación en el territorio”, destacó Greif. La articulación no sólo se realiza entre varias intendencias que comparten una cuenca hidrográfica, sino entre los países de la región, “porque el tema del agua implica también romper las fronteras”, señaló el jerarca.

El plan elabora un diagnóstico que identifica 11 elementos críticos, entre ellos, la pérdida de calidad de los recursos hídricos. “En general la calidad de las aguas es de media a buena para los diferentes usos y para el desarrollo de los ecosistemas acuáticos, con algunos tramos de cursos urbanos o de actividad agrícola intensa que reciben fuertes impactos y cuya calidad es mala”, se menciona en el diagnóstico. Otros aspectos críticos que señala el diagnóstico son soluciones de saneamiento individual poco efectivas, como los pozos negros no impermeables, impactos del escurrimiento de las aguas en las ciudades, impactos de eventos extremos -que tienen que ver con la escasez de información e instrumentos de gestión integral del riesgo-, normativa dispersa e información insuficiente.

El plan realiza proyecciones de uso del agua, y llega a la conclusión de que si bien no se espera un incremento importante de la demanda de agua potable, la disponibilidad de agua en la cuenca del río Santa Lucía es baja y se requieren nuevas reservas para el sistema metropolitano de Montevideo. Se evalúa también que “los grandes emprendimientos industriales que requieren caudales importantes [de agua]”, como las pasteras o las centrales térmicas, “se ubican junto a cursos de agua cuya disponibilidad no se compromete”.

Carlos Colacce, director de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, llamó a que los aportes que se reciban no generen “planes lavados”. “Seamos audaces en este proceso, el plan tiene que ser agresivo”, manifestó. Además de los aportes individuales que puedan llegar y de las discusiones en los consejos regionales y las comisiones de cuenca, se realizarán jornadas abiertas de discusión en Rocha, Salto, Soriano y Colonia.

Según explicó la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, la idea del gobierno es presentar el plan, con los aportes incorporados, el 22 de marzo de 2017, cuando se celebre el Día Mundial del Agua.

No llenen la regadera

El proyecto de ley que modifica la normativa actual en materia de riego está a estudio de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores. Hasta ahora la comisión no recibió a las autoridades del ministerio, porque se trabaja para generar consensos en la bancada del Frente Amplio, en la que hay discrepancias con la iniciativa. El senador frenteamplista Leonardo de León (lista 711), si bien señaló que se está “trabajando muy bien” con el Ejecutivo en torno a este tema, opinó que debería aguardarse la aprobación de un Plan Nacional de Aguas y avanzar en la definición de un plan estratégico ambiental del Uruguay, antes de aprobar una normativa sobre riego, que debería enmarcarse en los planes antedichos. Colacce sostuvo ayer que la ley de riego es “un elemento fundamental”, que va a “mejorar muchísimo” y a “optimizar el uso” del agua. Greif dijo a la prensa que “el objetivo de la propuesta de Ley de Riego tiene que ver con la intensificación y uso del recurso, pero también tiene un abordaje de esta necesaria sustentabilidad del recurso, que hace que sean más necesarias ciertas autorizaciones y controles”. En junio, los docentes de la sección Limnología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República advirtieron en un comunicado que el proyecto de Ley de Riego “no considera el impacto ambiental de la construcción de represas a gran escala”. Remarcaron que, si bien será el Ejecutivo el que determine “si existe agua disponible en cantidad y calidad para otorgar las concesiones de represamiento”, no se especifica en el proyecto “de qué manera, con qué criterios y bajo qué asesoramiento lo hará”.