La noche del 22 y madrugada del 23 de setiembre del año pasado, el Grupo de Reserva Táctica (GRT) y la Guardia Republicana (GR) desalojaron a estudiantes que ocupaban las oficinas del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública. El hecho tuvo como saldo judicial el procesamiento sin prisión de diez personas por atentado agravado. Uno de los argumentos que utilizó la jueza subrogante Ana Salterain, fue que cuando ingresó el GRT no había estudiantes dentro del edificio: “Ya se habían retirado”, se lee en el auto de procesamiento. Lo mismo sostiene la Policía: “No había ningún estudiante”, dijo el director de la GR, Alfredo Clavijo, a *la diaria *el 21 de junio. “Lo que nos resulta reiterativo es que cuando se le pregunta a un efectivo policial o incluso al propio [ministro del Interior, Eduardo] Bonomi, afirman sin ninguna vergüenza a cualquier medio que ‘cuando ingresaron al edificio no había estudiantes’, lo cual es falso y aparece en videos”, afirmó la procuradora argentina Daniela Cabrera, que trabaja junto con Isabel Camaranno y Daniel Parrilla, abogados de nueve de los diez procesados. Además, asegura que la Justicia “ninguneó” a los estudiantes, que el procedimiento policial “violó los derechos fundamentales y libertades individuales [de los implicados] sin prueba alguna”, y que se colocó a la Policía en el “rol de víctima”.
El18 de setiembre estudiantes nucleados en la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media decidieron ocupar el tercer piso de la sede del Codicen y el Poder Ejecutivo ordenó el desalojo. La Policía entró por una puerta lateral a la que se accede por el estacionamiento. Los ocupantes (“supuestamente estudiantes”, dice el fallo) y gente que estaba en el hall escucharon el ruido y avisaron a los que estaban afuera. La Policía y la Justicia afirman que cuando el GRT ingresó los estudiantes ya se habían ido, y que afuera se había formado “un cordón humano”. El auto de procesamiento también sostiene que quienes estaban en la calle pretendieron “ingresar mediante violencia”, y los que estaban adentro intentaron “permanecer mediante violencia”.
Otro es el relato de los abogados defensores de los procesados. Cabrera señaló que padres y docentes que estaban en el hall habían formado un “cordón” para impedir el paso de la Policía al tercer piso, y que cuando la Policía se enfrenta a ellos, se ve en uno de sus propios videos a los estudiantes. “En ese momento en que la Policía se enfrenta, la cámara de uno de ellos enfoca a esta gente y se puede ver que atrás los chiquilines miran, y suben y bajan las escaleras”. A su vez, agregó que la jueza se basó únicamente en los testimonios de la Policía y de las 12 personas que fueron detenidas.
Asegura que denuncia el hecho porque “todos los operativos que se están realizando a nivel policial en estos últimos dos años están viciados de abusos”, y el desalojo del Codicen es un claro ejemplo. “En el juicio no se solicitó que los estudiantes fueran a declarar. A uno de los chiquilines procesados lo detectaron porque le hicieron un seguimiento ‘hacia atrás’ en las cámaras de videovigilancia, dieron con el ómnibus que se había tomado y obtuvieron sus datos por la tarjeta STM”, es decir que se violaron sus libertades individuales, aseguró.