Según el informe sobre tráfico de personas del Departamento de Estados de Estados Unidos, publicado en junio de 2016, Uruguay “es país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación y trabajo forzoso”. El informe también indica que el gobierno uruguayo “no cumple plenamente con el mínimo de normas” para erradicar la trata de personas, aunque reconoce su “esfuerzo”. También señala que los fondos para servicios a las víctimas, principalmente en cuanto alojamiento, “continúan siendo inadecuados”.
“Mujeres y niños uruguayos son víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual dentro del país, al igual que mujeres y niños provenientes de otros países de América Latina”, afirma el documento. En ese sentido, añade que los trabajadores extranjeros, particularmente de Bolivia, Paraguay, Brasil, República Dominicana y Argentina, “son sometidos en Uruguay a trabajar en construcción, el servicio doméstico, tiendas al por mayor, industrias textiles, agricultura y el procesamiento de la madera”. En ese sentido, aseguran que los “esfuerzos” para investigar los casos de tráfico interno no son claros, ya que la ley uruguaya sólo prohíbe las formas transnacionales de tráfico de personas. Además, “mujeres uruguayas se ven obligadas a prostituirse” en España, Italia, Argentina, y Brasil.
El departamento de Estado recomendó a Uruguay “promulgar leyes para prohibir todas las formas de tráfico [...] penalizar la explotación sexual infantil como tráfico de niños; intensificar los esfuerzos para investigar y procesar”. Además, solicita que se aumente la financiación y disponibilidad de servicios especializados para las víctimas […] especialmente fuera de la capital y que incluye a las víctimas de sexo masculino”. Indican necesario “aumentar la formación antitráfico del personal de justicia, inspectores de trabajo, fiscales, jueces y trabajadores sociales, particularmente para identificar y ayudar a las víctimas”. También recomiendan “desarrollar” un sistema de recolección de datos y estadísticas para monitorear el cumplimiento de la ley, entre otros.