La asociación civil Esalcu nació en el 2000 para organizar y potenciar la “obra social benéfica” de la iglesia Misión Vida para las Naciones, fundada en 1991 por el apóstol Jorge Márquez. A pesar de su trayectoria, recién ahora figura entre las preocupaciones de algunos legisladores y autoridades. Según supo la diaria, el Banco de Previsión Social (BPS) está estudiando la situación laboral de la mayoría de las 1.000 personas que viven en Beraca, los “hogares” de Esalcu, porque trabajan sin percibir una remuneración ni beneficios sociales. La Dirección General de Registros también puso la lupa sobre Esalcu, porque no hay ninguna supervisión de su accionar social; lo mismo el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que desde agosto de 2015 (ver “El baile de los pobres”) está analizando la situación de 74 niños que viven en Beraca en forma irregular: fueron “entregados” por sus padres, derivados por un juez e incluso alguna institución estatal -aunque no hay convenio ni control alguno del Estado-, pero todavía no se ha resuelto qué hacer. El tema es “complejo”, aseguró la diputada frenteamplista Bertha Sanseverino.
Según dice la página oficial del apóstol Márquez, los hogares Beraca (Berakhah, el “Valle de las bendiciones”) están dirigidos a “personas en situación de infracción a la ley, drogadicción, situación de calle y prostitución”. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, que preside Sanseverino, está “estudiando” el tema porque el programa de televisión Santo y seña del 1 de junio, emitido por Canal 4, realizó un informe en el que ex internos de Beraca denunciaron maltrato, violencia, “lavado de cerebro”, trabajo infantil, pésimas condiciones de vida, proselitismo político y otros tipos de abusos. Sanseverino afirmó que es un tema “preocupante” porque sobre ninguna de las actividades que lleva adelante Esalcu -“rehabilitar” a personas adictas a drogas o con consumo problemático, por medio del trabajo y el “amor a Dios”; fundar empresas para abastecer a los “hogares”, entre otras- hay inspección ni fiscalización estatal, y teme que se estén violando algunos derechos humanos. El miércoles 3 de agosto la comisión parlamentaria recibirá a la Junta Nacional de Drogas para abordar el tema “consumo problemático y adicciones”, ya que en Beraca la “rehabilitación” de las personas que ingresan pasa por “el amor a Dios”, la familia y el trabajo. El mismo tratamiento reciben los que llegan en situación de calle, de pobreza, las víctimas de explotación sexual.
Estamos trabajando
El 6 de julio la comisión recibió a integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Sanseverino informó que el 20 de junio habían recibido una carta de la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales de Paysandú, en la que se manifestaba “preocupación” por las denuncias públicas que involucran a Beraca. Esto fue corroborado por el director de la INDDHH, Juan Raúl Ferreira: la institución también había recibido información respecto de la posible violación de derechos humanos. La carta finalizaba planteando “la necesidad imperiosa de legislar, regular y fiscalizar adecuadamente a este tipo de instituciones a la cual se acercan en general los ciudadanos de mayor nivel de vulnerabilidad social”.
Para entender mejor
Misión Vida para las Naciones se fundó en 1991 en Uruguay y tiene aproximadamente 15.000 miembros, explicó el diputado nacionalista Álvaro Dastugue, pastor de la iglesia, en agosto de 2015 a la diaria. Los “miembros” son “todas aquellas personas que se bautizaron”, pero no significa que actualmente se congreguen. Según sus cálculos, unas 3.000 personas se aglutinan en todo el país en las “reuniones centrales” de los domingos. A su vez, aseguró que todos los jueves funcionan unas 300 “células”, también en todo el país, que son familias que instan a vecinos y allegados a juntarse para “compartir la Biblia”. La iglesia tiene 14 templos fijos en el país y varios más en Argentina, Chile y Brasil. Esalcu es el “brazo social” de la iglesia: administra 53 hogares Beraca en Uruguay, en los que viven unas 1.100 personas; de ellas, alrededor de 270 son niños. Esalcu tiene a su vez dos convenios con el INAU por dos Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF): uno en el barrio Bella Italia y otro en Pan de Azúcar, Maldonado.
Otra de las directoras de la institución, Mariana González, señaló que no se puede olvidar que “allí está concurriendo mucha gente que no tiene otro lugar a donde ir. O sea que más allá o más acá de la denuncia de las presuntas violaciones, que debe ser atendida, tenemos que estar alertas porque se trata de [organizaciones] que están cubriendo a poblaciones muy vulnerables y que muchas veces no tienen otra respuesta, y por eso terminan en estos lugares”. González agregó que “si efectivamente se encontraran las vulneraciones que se están denunciando, tendríamos que ver qué respuesta o alternativa tenemos para esos jóvenes y no tan jóvenes en cuanto a su situación. Probablemente esta no sea una buena alternativa, pero ¿qué otra tenemos?”.
Nada nuevo bajo el sol
Las denuncias sobre Beraca en el Parlamento no son nuevas. El 12 de noviembre de 2015 la Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de Representantes recibió a Raquel Hernández, miembro de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual. En esa ocasión, Hernández aseguró que uno de los temas que los “desvela” es la laicidad, “de la mano del patriarcado” y la posible vulneración de derechos humanos fundamentales de mujeres y niños: “Las religiones como cuestión cultural arraigada en las mentalidades y en la cultura de nuestro país, a pesar de la laicidad, que hace que las mujeres, niños, niñas y adolescentes continuemos peleando en situaciones de subordinación total”, explicó. En ese sentido, se refirió a “las organizaciones religiosas”, entre ellas a Beraca: “Tiene 1.200 camas para la atención en drogadicción y, a su vez, brinda atención en violencia doméstica y a niños, niñas y adolescentes. Aquí no hay contrato con el Estado y esto es muy serio: existe un gran peligro de que haya vulneraciones permanentes y sistemáticas a los derechos”, afirmó, y sostuvo que constató casos en los hogares de Maldonado. Vale recordar que el 18 de junio de 2015 el semanario Brecha informó que la Justicia del departamento de Maldonado estaba investigando el caso de tres niñas que residían en forma irregular en el hogar Princess, de Beraca, en Maldonado, y eran víctimas de malos tratos. La situación había sido detectada por un equipo multidisciplinario de Escuelas Disfrutables, programa del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública, que funciona desde 2008.
Por otro lado, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes abordó brevemente el tema Beraca el 7 de junio, a partir de un planteo del diputado del Partido Colorado Fernando Amado. También a raíz de las denuncias en el programa televisivo Santo y seña, se consideró “importante y necesario” aclarar el funcionamiento de los hogares y Esalcu, pero la comisión no ha vuelto a ocuparse del asunto.