Una delegación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) estuvo el 13 de julio en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación y Administración de la Cámara de Diputados. En ese ámbito parlamentario se está discutiendo el proyecto del ley de asignación de publicidad oficial, que en algunos aspectos es cuestionado por el movimiento de radios comunitarias.
En concreto, reclaman que al menos 15% de la publicidad oficial sea destinada a los medios comunitarios, en tanto actualmente representan 30% de los medios de radiodifusión nacional y no reciben pauta del Estado. “Entendemos razonable este piso muy modesto del 15%, porque significa el 50% de la cantidad de medios comunitarios que hay actualmente, y también el 50% del espectro que se debe asignar al sector por ley”, señalan en un documento, que entregaron ese día a los legistas. Además, reclaman que en el articulado se agregue una cláusula que estipule que 50% del Fondo para la Promoción de la Diversidad de Medios de Comunicación Audiovisual se destine a medios comunitarios.
“Entendemos que la totalidad de la información relativa a la publicidad oficial debe ser pública y esta debe ser una condición que deben aceptar las empresas y medios que escojan libremente acceder a la publicidad oficial, lejos del concepto [de] que dicha obligación significa un daño comercial, como han expresado representantes del sector empresarial en el Parlamento”, agregan desde Amarc.
Alison Rodríguez, una de las integrantes de la delegación de Amarc, saludó que el Parlamento discuta mecanismos transparentes para la asignación de la publicidad oficial, aunque planteó la necesidad de que explícitamente se consideren en la redacción del articulado las particularidades del tercer sector de la comunicación: el comunitario. “Se le debe nombrar explícitamente y también diferenciarlo de los demás sectores como se hace en la Ley Servicio Radiodifusión Comunitaria. Actualmente, el sector comunitario de la comunicación se encuentra al margen de la distribución de la publicidad oficial, aspecto que según estándares internacionales implica un mecanismo de censura indirecta”, advirtió la representante de Radio Vilardevoz, según consta en la versión taquigráfica. Dijo también que si bien el Estado reconoce, en la Ley 18.232, la legitimidad de los medios comunitarios, no reconoce que estos “tienen una audiencia específica que no tienen los medios públicos y privados o comerciales a la hora de asignar la publicidad oficial”.
“La distribución de la publicidad oficial en los medios comunitarios consiste en un derecho de las audiencias a recibir la información pública, al igual que en un medio público o comercial. El Estado debiera equilibrar el sistema de medios estableciendo una distribución equitativa de la publicidad oficial en dicho sistema, de la misma manera en que reserva por ley un tercio del espectro radioeléctrico para la radiodifusión comunitaria”, planteó.
Otro de los integrantes de la delegación de Amarc, Carlos Dárdano, planteó que el sector comunitario representa 31% de los medios radiales del país, pero en algunos departamentos el porcentaje aumenta: en Canelones representan 60% del total, en Florida 47% y en Salto 43%. Además, planteó Dárdano, el sector comunitario es determinante en la diversidad de medios, incluyendo los que atienden a comunidades de intereses específicos, como la de los trabajadores, con el primer canal de televisión comunitario del PIT- CNT, o el de la salud mental, a través de Radio Vilardevoz. También recordó que hay pueblos en este país en los que el único medio de comunicación que existe es el comunitario: Montes, Toledo, Sauce y Joaquín Suárez en Canelones; Ismael Cortinas en Flores; Ombúes de Lavalle en Colonia; Fray Marcos en Florida; Cerro Pelado y Masoller en Rivera y Valizas en Rocha. Por otra parte, Dárdano alertó que si la distribución de publicidad oficial se basa principalmente en la audiencia, una radio de 30 vatios “jamás va a poder competir con una de 2.000 vatios”. “Por más que toda la comunidad de la radio de 30 vatios la escuche, cuando se haga un estudio de audiencia, la de 2.000 vatios va a tener más, a no ser que haga un trabajo muy malo. Sin embargo, los costos básicos de funcionamiento de los dos medios, el de 2.000 vatios y el de 30 vatios, son los mismos”, manifestó.
Y continuó con más datos: “Si se cumpliera la ley y se llegara a 30% del espectro radioeléctrico, la cantidad de medios comunitarios aumentaría notoriamente y quizá llegaría a 60% de la cantidad de medios. Basados en este dato objetivo de la realidad, entendemos que un piso mínimo razonable de la publicidad oficial para asegurar al sector comunitario sería 15%, o sea, la mitad de la potencia del espectro que debería tener asignado el sector y la cuarta parte de lo que potencialmente sería la cantidad de medios. Ese sería el piso mínimo que se debe garantizar para el sector comunitario”.