Un poquito más duro

“Hablemos de seguridad”, proponía el título del seminario organizado ayer en la antesala de la Cámara de Representantes por la Fundación Propuestas, vinculada al Partido Colorado. Al igual que en la Comisión Interpartidaria sobre Seguridad, hubo consenso en la necesidad de endurecer las penas o, en palabras del fiscal en lo penal Gustavo Zubía, en lo imperioso de “reglar una sociedad que se nos va de mambo” y “educar a los ciudadanos por medio de la sanción”.

Zubía fue, precisamente, el más enfático y el más aplaudido. Dijo que 95% de las penas que dispone la Justicia son “de papel”, porque la persona no cumple “un solo día de sanción”. “Tenemos un régimen en el que la impunidad campea”, cuestionó. Zubía consideró que la sociedad tiene un “problema filosófico”: no resuelve si quiere o no aplicar sanciones. “Si sólo miramos el lado del que delinquió, tendemos a la conmiseración frente al delito”, al “pobrecito, pobre muchacho”, cuestionó, y dijo que hay quienes “matan por el placer de matar”. “Todo nuestro sistema está imbuido por sentimientos de piedad que poco bien le hacen a la convivencia social”, evaluó. Afirmó que el mecanismo de libertad condicional “termina por fomentar la impunidad absoluta”.

En el mismo seminario, el publicista Esteban Valenti, presentado durante la actividad como representante de la “izquierda”, coincidió con Zubía en este punto y admitió que le “preocupaban” esas coincidencias. “Pero ya las resolveré yo”, agregó. Valenti dijo que hay un problema filosófico pero también de “burocratización de la lucha contra el delito”, y sostuvo que tiene “diferencias de fondo respecto del diagnóstico global que se ha hecho sobre el tema de la seguridad”.

Zubía opinó que la rehabilitación “es en general muy magra”, que la educación “no es necesariamente un baluarte para reinsertarse en la sociedad” y que, incluso, a veces puede llevar a “mayor sofisticación en la comisión de delitos”.

Por su parte, la jueza de menores Aída Vera Barreto afirmó que en la mayoría de los procesos judiciales iniciados contra adolescentes, los padres “no asisten”, ya sea porque son “consumidores” de drogas o porque no se hacen cargo de sus hijos. “No tenemos el apoyo de los padres para que acompañen al menor”, señaló. “Si los mandamos a la casa, la madre no se ocupa, o porque trabaja o por desapego”, agregó.

Los jóvenes que delinquen tienen carencias profundas en materia de educación, sostuvo la magistrada. “La mayoría de ellos no hizo la escuela”, indicó. Por otra parte, Vera Barreto expresó que está de acuerdo con duplicar la pena máxima para adolescentes infractores, de cinco a diez años en “algunos casos”, por ejemplo, para un joven que cometió “tres o cuatro homicidios”. Esta fue una propuesta que se manejó en la comisión multipartidaria, que ya se había planteado durante la legislatura anterior, pero no se aprobó por falta de consenso dentro del Frente Amplio.

Álvaro Garcé, asesor del senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou en materia de seguridad y orador en el seminario, coincidió en la necesidad de duplicar las penas para los adolescentes infractores. Además, discrepó con la propuesta de pasar las cárceles a un servicio descentralizado en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. “Con el debido respeto, entiendo que no es un planteo racional o realista”, evaluó. El también ex comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, que dejó ese cargo para ser el candidato nacionalista a la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación, agregó que el Ministerio de Educación y Cultura “tiene ya bastantes problemas con una educación en crisis” y con múltiples competencias, para agregarle además “un sistema carcelario que todavía está en crisis”. Garcé consideró, en cambio, que el servicio descentralizado debería estar en la órbita del Ministerio del Interior.

Policías y víctimas

Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, cuestionó las “pocas garantías” que tienen los policías para trabajar, y afirmó que no se avanza “a la velocidad de la demanda de la sociedad” en cuanto a la formación policial. La sindicalista agregó que en las cárceles los funcionarios policiales trabajan en “condiciones lamentables”. Consideró que existe “cierto prejuicio con respecto al accionar policial; se cree que hay gatillo fácil, cuando eso es la excepción y no la regla”. Rodríguez también sostuvo que esto “intimida” a la Policía, que termina teniendo “miedo” porque “termina siendo rehén de situaciones políticas”. Rodríguez puso como ejemplo de esta situación lo sucedido a fines de mayo en el barrio Marconi, cuando un policía mató a un joven. Afirmó que en ese caso el policía “hizo su procedimiento y terminó siendo rehén de una situación política”.

Rodríguez sostuvo que los policías no tienen “ni garantías ni respaldo” del Ministerio del Interior ni de los operadores judiciales, y que “la gente” les dice: “Sabemos que no pueden ir a más, porque no tienen garantías, pero estamos con ustedes”.

Gabriela Barrera, de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), afirmó que su organización apoya la eliminación de las libertades anticipadas a los reincidentes. Sandra González, integrante de la Asociación Civil de Seguridad y Justicia, cuestionó el hecho de que el Código del Proceso Penal, que da un rol protagónico a las víctimas de delitos, “hoy por hoy es letra”. Reclamó que se brinde acompañamiento a las víctimas, a cargo de asistentes sociales, psicólogos y abogados, y que no se las revictimice obligándolas a relatar los hechos varias veces ante distintos actores. Sobre el final de su discurso, González exclamó: “Cuando matan a un familiar, matan a una familia entera”, y eso dio pie para que cerca de diez personas que portaban fotos de sus familiares asesinados se levantaran y, mirando al público, gritaran: “Justicia”.