A raíz de la denuncia de un funcionario de la Aduana, a la que se acopló la Asociación de Funcionarios Aduaneros, el TCA anuló el decreto 204, aprobado el 17 de julio de 2013, que estipulaba la creación de cargos jerárquicos sometidos a acuerdos de gestión a 15 meses e incentivos por desempeño, con salarios de 70.600 pesos nominales a 118.000, y cuyos titulares tenían que presentar declaraciones juradas anuales. Según Canon, hay 68 trabajadores de alto cargo que se ven directamente implicados por el fallo del TCA, que permanecerán en su cargo hasta el 16 de agosto; antes de esa fecha la Dirección Nacional de Aduanas presentará el nuevo decreto para la reestructura de la organización. Canon aseguró que el decreto que el TCA anuló “no fue una improvisación [...] todo el trabajo llevó un año y medio de negociación en la Dirección Nacional de Trabajo y con el sindicato. Es más, el decreto nos posibilitó tener una aduana moderna al mejor nivel de las aduanas de punta en el mundo; no lo digo yo, lo dijo [el coordinador de Integración y Comercio en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)] Fabrizio Opertti: ‘La Aduana uruguaya es modelo’. Ese decreto cimienta las bases de esa modernización”.

En conferencia de prensa, Canon dijo ayer que no todos los funcionarios estaban en desacuerdo con la reestructura. “Hay intereses legítimos e ilegítimos... ilegales, más bien. Estimo, como siempre he dicho, que hay algunos funcionarios que han perdido algunas prebendas que no eran precisamente legales, pero el conjunto de los funcionarios, la mayoría, han sido beneficiados, entre otras cosas por la corrida de grados”. En ese sentido, señaló que durante su administración, que comenzó en 2011, 26 funcionarios fueron procesados por coimas, y aseguró que aunque “existe la corrupción”, la han “reducido a la mínima expresión”. Canon considera que los “incentivos” cumplen un rol fundamental: “La reestructura apuntaba a tener directores que tuvieran un incentivo económico importante, pero además una contrapartida de acuerdo de gestión; no hay nada gratis en esta reestructura. Eso se evidencia con la conformidad que el sector privado y el comercio exterior tienen con esta aduana”. Agregó que “si los incentivos son perversos, los resultados son perversos [...] la diferencia entre el último grado (Nº16) del escalafón y el grado más bajo va entre 44.000 y 76.000 pesos, una diferencia exigua para la responsabilidad que tiene un gerente de área; no incentiva a la jefatura ni a la gestión”.

Por otro lado, la Asociación de Funcionarios Aduaneros emitió un comunicado en el que expresaban su satisfacción por el fallo. Consultado por la diaria, el secretario general del sindicato, Basilio Pintos, sostuvo que desde que entró en vigencia el decreto, en 2013, el sindicato ha denunciado sistemáticamente la violación de todos los principios que rigen la carrera administrativa. “Le dijimos al director que era ilegal lo que estaban haciendo, no pueden nombrar 70 personas a dedo con cargos de 180.000 pesos [...] No podíamos ascender por la reestructura, porque los cargos jerárquicos los designaba el director”, aseguró.

De forma contraria, el presidente de la Asociación de Despachantes de Aduanas, Pedro Castro, manifestó su disconformidad con el fallo. “La Aduana es una institución súper moderna que está actuando con una transparencia y rapidez tremenda, cosa poco frecuente en el país [...] uno no llega a explicarse por qué pasan este tipo de cosas”, afirmó. En ese sentido, agregó que “se logró combatir la corrupción en 98%, principalmente en Montevideo y en el tránsito internacional”.

Hablando en plata

La reestructura organizativa de la Aduana se enmarca en el proceso de “modernización” por el que el organismo estatal pidió un préstamo de 23.506.841 de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo para llevar a cabo más de 60 proyectos. De esa cifra, 689.679 dólares se invirtieron en la mencionada reestructura, 10.000.000 en infraestructura y 5.000.000 en tecnología y software, entre otros.