Juan Nolasco trabaja en la unidad penitenciaria Nº 20, en el departamento de Salto. Es licenciado en Educación Física y cumplió funciones en deportes y recreación, en convivencia y en recursos humanos, como parte del personal no policial que opera en las cárceles y que depende del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). La función del puesto, en sus palabras: “Trabajar en la parte de convivencia, enseñando o reenseñando hábitos, trabajar en cambiar algunas actitudes y alejar a gente de algunos vicios”. En la unidad donde trabaja, como en la mayoría en el país, hay hacinamiento: tiene capacidad para 120 internos, pero la población actual se acerca a los 320.

Hoy es presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), que se empezó a gestar en 2014, pero que tiene estatuto formal desde febrero de este año. El sindicato pidió una reunión con la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria de Diputados, que se concretará el jueves que viene; según Nolasco, los legisladores escucharán reclamos varios.

Empezaron a operar en las cárceles en 2011, y hoy son unos 720 en todo el país. Al principio hubo roces con los policías carceleros, pero hoy la cosa cambió y quedó el mito, explica el presidente de la organización. Pero los pitufos (como se los llama despectivamente, por sus remeras celestes, tanto entre presos como entre policías) tienen mejor relación con los internos que los oficiales: “Muchos policías que están trabajando en cárceles cumplen funciones afuera y trabajan con internos que ellos mismos metieron adentro”.

La falta de personal es el problema principal que visualiza el presidente de Ofucipe. “Cuando nos dieron la capacitación, nos dijeron que un operador no puede estar solo con personas privadas de libertad. En la mayoría de los lugares hay uno solo con 100, 200, 700 internos. A veces en un piso tenés uno solo. Hay un tema de riesgo personal”. En la cárcel de Paysandú, por ejemplo, hay seis operadores (“y medio”, aclara, porque uno está con horario de licencia maternal) para 310 presos. El ideal sería un operador cada tres internos, pero el sindicato reconoce que hay que empezar de a poco; para “poder comenzar un trabajo real”, consideran, faltarían entre 1.000 y 1.500 funcionarios más para poder cumplir con la erre de la sigla INR. “Se necesita también tener psicólogos para poder hacer un mejor tratamiento con los adictos”.

Los operadores también reclaman que su trabajo se considere insalubre, piden una reducción de la jornada laboral. Además, piden recursos materiales, como radios para estar en contacto con funcionarios que están solos, o guantes de látex, necesarios para tratar con presos que sangran por hacerse cortes.