La cancillería anunció en un comunicado emitido el viernes la conclusión exitosa de las negociaciones para la firma de un TLC con Chile. Informó que será protocolizado como un Acuerdo de Complementación Económica, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Además de los capítulos de bienes y régimen de origen, el acuerdo abarca otros aspectos propios de los TLC, como el comercio de servicios, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, comercio electrónico, propiedad intelectual, medioambiente y normas laborales. Luego de resolver algunos aspectos técnicos, el acuerdo se firmaría, según definieron ambos países, en una reunión de cancilleres, a principios de octubre en Montevideo.
El gobierno ha dicho, tanto en el comunicado oficial de la cancillería como en la última sesión abierta del Consejo de Ministros en Carmelo, que se trata de un TLC “de última generación”. El término “última generación” -o “tercera”, o “cuarta”- no tiene una referencia clara y unívoca, pero en general se utiliza con dos significados. Por un lado, para diferenciar los tratados entre bloques o grupos de países (como el Tratado Transpacífico) de los clásicos acuerdos bilaterales. Por el otro, para nombrar acuerdos económicos que abarcan muchas más áreas y más amplias que los TLC tradicionales, incluyendo, por ejemplo, comercio de servicios, compras gubernamentales, transparencia.
Más allá de la enumeración de los temas que incluye el acuerdo, mencionados en el comunicado oficial, no se conocen los contenidos de lo pactado. El diputado Daniel Caggiani, del Movimiento de Participación Popular, dijo a la diaria que en la última reunión de la Agrupación Nacional de Gobierno del FA, el 5 de mayo, el canciller Rodolfo Nin Novoa se comprometió a compartir con el FA los documentos que se estaban negociando con Chile. “Hubo un compromiso de las partes, pero a la fuerza política no ha llegado ninguno de los materiales. Estamos por lo menos preocupados por recibir la información, para analizarla y estudiar los alcances”, señaló Caggiani.
“Por favor, queremos la información de lo que se está negociando. Queremos saber antes de que se firme si estamos de acuerdo”, reclamó Chiazzaro. Opinó, por otra parte, que un eventual ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés) sería una “inconsciencia”.
El diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez dijo que en su sector también hay “preocupación” en torno al tema. “No se conocen más contenidos que los titulares. Debería ser un tema de discusión política y estratégica dentro de la fuerza política. Vamos a reclamar en estos días la mayor información posible”, sostuvo. Agregó que la pertenencia de Chile a la Alianza del Pacífico es un motivo adicional de preocupación.
El presidente Tabaré Vázquez dijo la semana pasada en Carmelo que el TLC con Chile está “en línea” con el programa de gobierno del FA.
Estudios propios
En la reunión que mantendrá hoy con Vázquez en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, el PIT-CNT también le pedirá al presidente mayor información sobre el tema. Milton Castellanos, director del Instituto Cuesta Duarte de la central sindical, dijo a la diaria que “no hay información de cuál es el alcance del acuerdo” y que lo primero que se hará será “recoger esa información”. “De todos modos, nuestra idea original siempre ha sido que cualquier inserción internacional de Uruguay debe ser por medio de la plataforma Mercosur, más allá de los problemas que tiene. No creo que la integración uno a uno sea beneficiosa para el país”, consideró.
El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que aún no tiene posición sobre el tema y explicó que pidió un informe al Departamento de Relaciones Internacionales de la central, que estará lista mañana.
El secretario general de la central, Marcelo Abdala, dijo el sábado a El País que Chile cuenta con muchos acuerdos de libre comercio con otros países, que forma parte del TPP, y que esto puede hacer que Uruguay quede “acoplado” a otros convenios. En materia de normativa laboral, consideró que la legislación chilena es “absolutamente inferior a la uruguaya en aspectos centrales”. Al igual que Castellanos, consideró que Uruguay debería negociar en bloque este tipo de acuerdos.