Hace más de medio año que el traslado de la Unidad Nº 9, la cárcel El Molino, a la Unidad Nº 5, en Colón, está en boca de autoridades, academia, parlamentarios, sociedad civil y organismos internacionales. El Ministerio del Interior (MI) anunció, en diciembre de 2015, que el traslado era inminente, pero según supo la diaria, recientemente revió esa decisión: la mudanza será transitoria. En ese marco, el comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, sugerirá al MI utilizar provisoriamente el edificio de la Comisaría 23, que está en desuso, armar un grupo de trabajo que se encargue de encontrar el lugar adecuado para el traslado definitivo, y repensar la prisión domiciliaria para que esta no vulnere aun más los derechos de las mujeres con hijos.

El Molino se inauguró en 2010, después del informe del relator especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles y Degradantes de las Naciones Unidas, Manfred Nowak, en 2009, quien declaró la emergencia carcelaria por las condiciones infrahumanas de encierro. Esta cárcel fue concebida como “centro modelo” para recluir a mujeres madres de niños menores de cuatro años. En diciembre del año pasado, el Servicio Paz y Justicia presentó su informe anual, en el que indicaba que la infraestructura era mejor que la de otras cárceles: no había hacinamiento y se garantizaba el acceso a la educación, la salud y el trabajo. Ese mismo mes, en el acto del balance anual del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ratificó la decisión del traslado y explicó que “algunas mujeres presas se embarazan para tener la ventaja que tienen las madres presas”, y que “hay que pensar en cómo crecen los niños” (ver la diaria del 16/12/2015). Por ello, sostuvo que era necesario sacarlos de El Molino, lugar que calificó de “porquería” porque su estructura estaba pensada para “un hotel de alta rotatividad” y no tenía “un lugar para el estudio y el trabajo, un patio”. En esa ocasión indicó que la “humedad estructural” del lugar obliga a internar a los niños en hospitales para que no se enfermen en invierno, y que el traslado implicaba una mejora. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Petit e incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, manifestaron su preocupación por el espacio donde se pretende alojar a las mujeres presas, ya que la planta baja de la Unidad Nº 5 es un lugar que “recibe todas las manifestaciones de protesta y violencia que hay del sistema penitenciario”, según palabras de Pérez Manrique. En ese sentido, el Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer analizó la situación de la mujer en Uruguay y, el 25 de julio, publicó las conclusiones finales. Allí señaló que las condiciones de reclusión de las mujeres con hijos son “inadecuadas” y que es “preocupante” el proceso de traslado, ya que, según afirma el informe, aumenta las condiciones de “vulnerabilidad”. Se recomendó “realizar los arreglos apropiados” para la reclusión de las madres con hijos, pero también apostar a la aplicación de penas alternativas a la prisión, “considerando el mejor interés para el niño”, y rever la situación de las mujeres presas en “instalaciones diseñadas para los hombres, donde la mayoría de los funcionarios penitenciarios también son hombres” (ver la diaria del 26/07/2015). De todas formas, las obras de restauración continúan.

En la versión taquigráfica del 28 de julio de la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Carcelario de la Asamblea General, Petit anunció que propondría al MI el traslado de la veintena de mujeres que están recluidas allí al edificio de “la vieja Comisaría 23”, situada en el barrio 3 de Abril, en Camino Tomkinson y Luis Batlle Berres. “Está abandonada pero en buenas condiciones. Es un lugar que está en una zona poblada, pero no tanto como para dificultar el movimiento y la gestión del lugar. Hay buena comunicación de ómnibus, espacio verde para crecer, cuartos amplios y patios”, dijo Petit. “Allí podría hacerse un establecimiento para mujeres con hijos. No tiene que ser un establecimiento grande sino obrar como lugar de ingreso y tener pequeñas unidades individuales, tipo hogares sustitutos o alternativos, donde las personas puedan ser monitoreadas en el caso de seguir bajo ese régimen”, agregó. Consultado por la diaria, aclaró que sería un lugar transitorio, y que es imprescindible “ir pensando en armar un grupo de trabajo que tenga como meta encontrar un lugar definitivo que no sea un lugar represivo, no genere estrés arquitectónico, para que la mudanza genere los menos perjuicios posibles […]; eso requiere construir una política para madres con hijos”. Por otro lado, afirmó que hay casos de mujeres que tienen prisión domiciliaria, tienen “muchos hijos” y “una vulnerabilidad enorme”: no pueden trabajar, no tienen ingresos económicos y las redes de protección social no están presentes. Petit aseguró que para cambiar esa realidad se “requiere apoyo social”.