Un pedido de informes del edil nacionalista Diego Rodríguez motivó un cuestionamiento al financiamiento de la señal de televisión Tevé Ciudad, de la Intendencia de Montevideo (IM), y un reclamo -más o menos explícito- de reducir o eliminar ese gasto, en tanto habría “otras prioridades en la ciudad”. El planteo no es novedoso, y aunque el curul está en todo su derecho de solicitar información sobre el destino de fondos públicos, no le asiste razón al momento de cuestionar la existencia de un medio público como el mencionado.

Sin emisoras públicas no hay diversidad de medios, y, por lo tanto, no hay libertad de expresión. Esta afirmación está detrás de cada recomendación sobre libertad de expresión y derecho a la información de organismos internacionales tales como la UNESCO o la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, que destacan la importancia de que los países democráticos tengan medios de comunicación públicos.

Los medios públicos, dice la Relatoría de Libertad de Expresión americana, “pueden (y deberían) desempeñar una función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su papel es fundamental a la hora de proveer contenidos no necesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población”.

La defensa de la existencia y el desarrollo del canal Tevé Ciudad de la IM -y del resto de medios del sistema público de radio y televisión nacional- está justificada por esta comprensión de su fundamental importancia y papel en nuestro sistema de medios, complementándose con el rol que también tienen los medios comerciales y comunitarios.

Las emisoras públicas funcionan con una lógica distinta a la de los otros medios, y las distingue, entre otras características, un mandato más exigente que a las otras emisoras: brindar servicio a toda la población -sin distingos de capacidad económica, social o política-, asegurando el ejercicio pleno de su derecho a la información y la pluralidad, imparcialidad y calidad de sus contenidos. Si todos los medios deberían guiarse por estos principios, para los medios públicos es una obligación ineludible y motivo de rendición de cuentas permanente.

Para llegar a todos los hogares montevideanos, la obtención de una autorización para emitir a través de un canal de recepción abierta (canal 32) es una adecuada decisión de la IM, que comenzó con la presentación al llamado para nuevos operadores de televisión digital impulsado por el gobierno de José Mujica. Y una iniciativa que sigue las recomendaciones internacionales mencionadas para cumplir con su especial mandato debe garantizar, dice la Relatoría, que “la mayor cantidad de personas puedan acceder a ella. En tal sentido, los Estados deben promover que las personas que habitan en zonas donde no existen otros medios de comunicación -por ejemplo, por no constituir un negocio rentable para los sectores privados-; o que no puedan pagar un servicio de televisión de paga, tengan acceso a los medios públicos”.

Ahora bien, para transmitir en televisión digital abierta y cumplir y ser coherente con su mandato (pluralidad, acceso universal, calidad, etcétera), Tevé Ciudad necesita un financiamiento adecuado. Tener medios públicos que no puedan cumplir con sus objetivos no es razonable, aunque ese haya sido el modelo existente en Uruguay durante muchos años, cuando Canal 5 fue destinado a un rol subsidiario respecto de los medios comerciales, por presiones de estos y por decisiones propias de los anteriores gobiernos.

El cuestionamiento público al financiamiento de Tevé Ciudad abre una buena oportunidad para debatir sobre el tema de los objetivos y las características de los medios públicos, y sobre la necesidad de un financiamiento adecuado que les permita cumplir con su misión, con la mayor autonomía de gestión posible.

Debemos redoblar la apuesta por una política de medios públicos que reivindique la producción de contenidos de calidad, con el valor agregado de la producción nacional, y más y mejores empleos para comunicadores, periodistas, actores, maquilladores, camarógrafos, operadores, locutores y otros trabajadores de la comunicación, tanto hombres como mujeres. Una política de Estado en la que el país no puede retroceder sino que debe consolidar y profundizar.

Y para eso, no sólo es preciso mantener el dinero que hoy reciben los medios públicos, sino aumentarlo y diversificarlo.

Al contrario de lo que expresa la crítica que se le ha hecho, deberíamos pensar la forma de dotar de mayores herramientas y más financiamiento a Tevé Ciudad. Proveniente de fondos públicos, pero no sólo de fondos públicos. Un primer camino lo encontramos en la posibilidad que le brinda su transformación en televisora abierta y en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

La nueva condición de Tevé Ciudad le permite adoptar algunas decisiones que la IM debería considerar urgentemente. La emisión de su nueva señal de televisión digital con llegada a toda el área metropolitana permite la inclusión de publicidad (privada y pública). No hay ningún impedimento legal para que lo haga.

Sería una fuente complementaria de ingresos que diversificaría y haría más sustentable al canal, con el agregado de que puede ofrecer a los anunciantes la llegada al casi 100% de los hogares montevideanos, porque ahora puede sumar la cobertura de su señal por aire con la tradicional llegada por medio de las empresas de televisión para abonados de la capital.

Al respecto, es importante señalar que, aunque ya llega a los hogares mediante las empresas de televisión por cable de Montevideo, ahora lo hace por un acuerdo con los dueños de los canales 4, 10 y 12 que impide expresamente que Tevé Ciudad reciba ingresos por publicidad... La buena noticia es que la LSCA exige el transporte gratuito (llamado must carry en inglés) de su señal abierta mediante todos los servicios de televisión para abonados de Montevideo -con excepción de DirecTV- y, por tanto, la transmisión por los cables TCC, Montecable y Nuevo Siglo no depende más del acuerdo. Ergo, puede emitir publicidad también en su señal incluida en la grilla del cable.

Bienvenido el pedido de informes del edil Rodríguez, que está en su obligación y en su derecho. Bienvenida la exigencia de transparencia de la gestión de fondos públicos, sea cual sea el gobierno de que se trate. Bienvenido el debate sobre la importancia y el papel de los medios públicos en una democracia. Es momento de redoblar la apuesta por una política pública que reivindique y profundice la construcción de un Tevé Ciudad de calidad, capaz de avanzar en una gestión con mayor participación de la sociedad civil, y que diversifique y amplíe sus fuentes de financiamiento. No menos plata para Tevé Ciudad. Más.