En la semana del 1º de junio se presentó una denuncia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por violación a la normativa laboral de trabajadores de un emprendimiento gastronómico de la organización civil Esalcu, el “brazo social” de la iglesia Misión Vida para las Naciones, cuna de los hogares Beraca. La semana siguiente se presentó otra, esta vez referida a la empresa Carrocerías ITAI, que refrigera y repara furgonetas, también administrada por Esalcu. Rey aseguró que ninguna persona empleada en dichas empresas manifestó “estar trabajando en contra de su voluntad”, y que encontraron “dos tipos” de empleados: los que están regulados y en planilla, y los que trabajan “por voluntad”. Las tareas pagas son, en su mayoría, las de “supervisión” de las tareas de los trabajadores “voluntarios”, y los que trabajan sin percibir salario ni beneficios sociales son personas que “entraron a la organización [de la] calle, por adicciones”. En palabras del pastor miembro de la mencionada iglesia y diputado del Partido Nacional, Álvaro Dastugue, son personas que “trabajan para el proyecto del hogar, dentro de una familia, para sustentarla”, según dijo el 28 de julio entrevistado por Ana María Mizrahi en Televisión Nacional del Uruguay. Dastugue aseguró que “no es trabajo ilegal ni en negro”, sino que están “bajo el paraguas de [la ley] del voluntariado”, Nº 17.885, aprobada en agosto de 2005.

En ese sentido, Rey aseguró que se debe “debatir el alcance de la ley, entre otras cosas porque es percibida con gran confusión: aunque su ámbito de aplicación es público, vemos que, como no hay una normativa específica, se toma como criterio la que más se le parece”, la de voluntariado. Además, considera que sería “bueno legislar para no competir ilegítimamente, irregularmente, con una empresa formalmente instalada [...] Nadie en uso de su razón querrá prohibir [el trabajo voluntario], pero debe haber consenso para que no compita [con ventajas] con una industria formalmente establecida”, afirmó.

Vieja historia

A fines de 2012, la Unión de Trabajadores del Metal y de Ramas Afines denunció ante el MTSS la violación de los derechos laborales de cerca de 30 personas que vivían en los hogares Beraca y trabajaban en la planta automotriz Effa Motors, que luego fue absorbida por la empresa china Lifan Group. “Los hacían trabajar una cantidad de horas impresionante, iban mal alimentados, carecían de la ropa y el calzado adecuados para trabajar en una fábrica y no tenían derecho a manejar su propio dinero: había un supervisor por turno que cobraba por ellos”, contó a la diaria uno de los sindicalistas que en 2012 realizaron la denuncia. Aclaró que “era muy difícil comprobar que ellos no se hacían de ese dinero, porque tenían que firmar los recibos de sueldo, pero nosotros, que éramos sus compañeros de trabajo y conversábamos con ellos, lo sabíamos”. “Queríamos que se regularizara su situación laboral, pero antes de alcanzar un acuerdo, los sacaron, dejaron de ir a la planta”, agregó.

Daniel Effa y Eduardo Effa, este último ex dueño de Effa Motors, forman parte de la “comunidad” de la iglesia Misión Vida para las Naciones, y son una de las familias que “apadrinan” a los hogares Beraca.

¿Un límite difuso?

La Ley de Voluntariado Social, Nº 17.885, estipula en su artículo 2º que se considera “voluntario social a la persona física que por su libre elección ofrece su tiempo, su trabajo y sus competencias, de forma ocasional o periódica, con fines de bien público, individualmente o dentro del marco de organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro”. En el artículo 3º dice que “los voluntarios o las organizaciones de voluntariado, no podrán realizar proselitismo político, religioso o de ninguna otra naturaleza durante el desarrollo de dichas actividades” e indica que “los servicios de los voluntarios no podrán ser utilizados para sustituir empleos formales”.