El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, djo que “la mayoría de los delitos que se cometen son carcelables”, aunque también reconoció que “a veces hay delitos en los cuales podría aplicarse una medida alternativa, pero estas no resultan confiables desde el punto de vista de su eficacia y desde la seriedad con la que se aplican”. “No se puede hacer eslóganes, sino que hay que atender a las situaciones concretas y buscar políticas de Estado”, agregó.
La presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, Adriana Berezán, afirmó que uno de los “grandes problemas” es el desacuerdo respecto de qué política criminal debe llevar adelante el país. “El Parlamento está estudiando un proyecto, que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores, para que las personas procesadas privadas de libertad que tengan antecedentes -y no discrimina por delitos- no tengan la posibilidad de acceder a la libertad provisional. Es muy loquito todo; queremos medidas alternativas a la prisión pero aparentemente la legislación va por otro lado”, sostuvo. Pérez Manrique comparte la idea de Berezán y asegura que la legislación “claramente está yendo en el sentido contrario a las medidas alternativas”. El defensor de adolescentes en conflicto con la ley Guillermo Payssé concluyó que a raíz de los sucesos que impactan en la opinión pública, los políticos “buscan soluciones en el aumento de penas”. “Es como un efecto reflejo. El juez puede tener la mejor voluntad, pero si el legislador fija normas que sí o sí fijan una medida de privación de libertad, es contradictorio”, sostuvo.