Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó Argentina en marzo de este año, prometió que desclasificaría documentos de la época de la dictadura referentes al vecino país, y así lo hizo. El gobierno de Estados Unidos publicó este lunes 1.078 páginas de documentos confidenciales, mayormente de 1977 a 1983, que hacen referencia a Argentina, pero también a otros países, entre ellos Uruguay.
En términos generales, los documentos ilustran un momento complejo de la relación entre Estados Unidos y Argentina -calificada de “calle empedrada” en algunos de los escritos-, sobre todo durante los años 1977 y 1978, cuando el país del norte pretendía que Argentina adoptara otra posición en materia de derechos humanos (DDHH). Estados Unidos entendía que el “combate al terrorismo” de la dictadura de ese país estaba “fuera de control”, según señalaban, y se hacía necesario “solucionar el problema de los DDHH”, pero sin “ofender gratuitamente a Argentina”. Los documentos dan cuenta de los apoyos económicos de Estados Unidos a los países de América Latina y registran el apoyo económico y militar de la dictadura argentina al golpe de Estado en Bolivia en 1980. Señalan que la dictadura argentina no sólo perseguía a las organizaciones consideradas “terroristas”, sino a cualquier militante político de izquierda, o a cualquier persona que ejerciera cualquier forma de resistencia al régimen. Los informes del gobierno estadounidense mencionan los métodos de tortura utilizados contra los prisioneros, como el submarino, la picana, la violación, arrancarles los dientes, uñas y ojos, castrarlos, quemarles con ácido el cuerpo. También informan que a los detenidos se les suministraba una droga denominada Ketalar, que causaba pérdida de conciencia, para arrojarlos al mar.
Hay referencias específicas a la relación de Estados Unidos con los países del Cono Sur. En un memorando del Consejo de Seguridad Nacional firmado por Robert Pastor, fechado el 9 de agosto de 1978, un subtítulo se cuestiona si Estados Unidos está ganando o perdiendo en el Cono Sur. “Por un período corto, a comienzos de 1977, los países del Cono Sur -liderados por Brasil pero incluyendo a Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay- trataron de establecer un bloque para confrontar nuestra política de DDHH. Debido a que esos gobiernos tenían una desconfianza entre ellos mayor que su desprecio por el presidente [de Estados Unidos, Jimmy] Carter, el movimiento no prosperó”, indica Pastor en el documento.
En un escrito se da cuenta de la supresión de algunas ayudas económicas a los gobiernos militares del Cono Sur, entre ellos el de Uruguay, por la situación en materia de DDHH. En un memorando del 11 de febrero de 1977, firmado por Pastor, este se muestra de acuerdo en suprimir la asistencia en materia de seguridad a Uruguay y en reducir a la mitad la destinada a Argentina. “Teniendo en cuenta que Argentina y Uruguay tienen los dos peores registros en materia de DDHH de todas las naciones de América Latina que reciben asistencia en seguridad, no creo que sea particularmente difícil justificar estos recortes en oposición a otros”, alega Pastor. En otro documento, fechado el 17 de marzo de 1977 y firmado por Pastor, se indica que “Guatemala y El Salvador han seguido el camino trazado por Brasil, Argentina, Uruguay y Chile en renunciar a la ayuda militar de Estados Unidos por la forma en que esa ayuda se ligó a la situación de los DDHH”.
Estados Unidos da cuenta de la perplejidad de Uruguay ante la repentina preocupación del país del Norte por los DDHH, en un memorando del Consejo de Seguridad Nacional fechado el 7 de marzo de 1977. “Uruguay no entiende muy bien por qué hoy Estados Unidos lo está atacando por sus violaciones a los DDHH, cuando unos años atrás alentaba a los uruguayos a suprimir toda forma de subversión. Están especialmente confundidos porque la situación de los DDHH en su país ha mejorado definitivamente en el último año”, señala el escrito.
Otro memorando dirigido al presidente Carter, escrito por el consejero de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski y fechado el 28 de octubre de 1977, apunta a preparar al presidente para los encuentros bilaterales que mantendría con los responsables de las dictaduras del Cono Sur. Allí el consejero señala su parecer respecto de que algunos países, entre ellos Uruguay, tienen una “impresión inadecuada” de las preocupaciones de Estados Unidos en materia de DDHH. “Aparentemente Pinochet [Chile], Stroessner [Paraguay] y Méndez [Uruguay] sienten que nosotros estamos de acuerdo con ellos en relación a que sus países son víctimas de propaganda incorrecta y con motivos políticos, y que la política de DDHH que se está implementando en su nombre [en el de Carter] realmente no refleja sus puntos de vista [los de Carter]”, indica el escrito. También recomienda al presidente, en su futuro encuentro con el dictador uruguayo Aparicio Méndez, dejarle en claro la dificultad de estrechar relaciones con Uruguay debido a la situación de los DDHH, y la percepción del gobierno de Estados Unidos de que se trata de una buena decisión la instalación de una comisión de información para cooperar con la embajada de ese país.
En otro memorando del mismo estilo y con los mismos actores, pero fechado el 8 de setiembre de 1977, Brzezinski plasma su optimismo pronosticando hechos que no se concretaron: “Consideramos que el presidente Méndez sacará ventaja de su encuentro con usted para anunciar los primeros grandes movimientos de Uruguay en materia de DDHH. Esto incluiría la liberación de algunos prisioneros, la divulgación de nombres y cargos de presos políticos, y el anuncio de acciones disciplinarias contra los militares y policías involucrados en abusos a los DDHH. Porque esto representa el primer paso que toma un gobierno que previamente se había negado a reconocer que tenía presos políticos, es significativo”. “Debemos reforzar esta decisión, haciéndole saber a Méndez que la comunidad internacional juzgará el desempeño del gobierno uruguayo no por sus palabras sino por sus actos”, agrega.
El consejero estadounidense revela que oficiales uruguayos cercanos a Méndez le dijeron que Méndez consideraba que Estados Unidos debería hacer algo para devolverles el favor de haber apoyado el Tratado sobre el Canal de Panamá y para recompensarlo por los avances que estaba haciendo en materia de DDHH. Que quería “recibir” y no solamente “dar”.
Los textos desclasificados el lunes están disponibles en la página en internet de la Oficina del Director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos. El gobierno de ese país anunció que seguirá publicando documentos en los próximos 18 meses. La mayoría de los textos desclasificados el lunes proviene de la biblioteca Jimmy Carter en Atlanta, Georgia, donde funcionan los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos.