Te espero a la salida

La Dinali sustituyó al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, responsable de la “readaptación social de quienes han delinquido” por medio de la “asistencia moral y material”. Según el reglamento del nuevo organismo, sus cometidos son similares: “apoyar” al liberado para lograr su “reinserción social”. ¿Por qué se dejó de trabajar con los encarcelados y se pasó a atender sólo a los liberados?

-Hay una historia previa de mucho trabajo en el preegreso y con las familias, pero los liberados nos quedaban medio por fuera. Hay que entender que las personas que estuvieron en el marco de un delito, cumplieron su pena y fueron liberadas tienen algunas vulnerabilidades previas a la comisión del delito que hay que poder resolver. Eso es lo que hoy se busca fortalecer. Hay un montón de políticas sociales dedicadas a las personas que tienen vulnerabilidades, pero acá contamos con un equipo de técnicos que hacen un prediagnóstico y derivaciones al sistema de salud, al Mides [Ministerio de Desarrollo Social], al INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay]. Se recibe a la persona con el objetivo de acompañarla para que transite por las redes sociales, que hoy, en algunos casos, tienen agujeros por los que pasan ballenas, que tenemos que llegar a que sean mojarritas. Pensá que más o menos 50% de las personas en situación de reciente liberación están ocupando los refugios, es gente en situación de calle.

¿Teniendo en cuenta eso es que se pensó en abrir el “centro de transición” para alojar a recién liberados?

-Es una posada de camino, pero no es un refugio; es transitorio, para que no estén en situación de calle. Se busca intervenir en la contención de la persona y ayudarla a reinsertarse social y laboralmente. Tendrá 60 cupos para varones y seis para mujeres. Es una experiencia piloto que iremos regulando por ensayo y error, ya que no hay antecedentes en el mundo.

También se le pide a la Dinali que coordine con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) la fase de preegreso.

-Sí, pero tenemos un problema, que es la pena: hay mucha población que no tiene una fecha estricta de salida, por eso se hace muy difícil trabajar el preegreso. Nosotros recibimos la derivación del INR; una vez que la persona sale, tiene la opción de tomar las herramientas que [la Dinali] le está dando. Sigue un período de aproximadamente dos años, con el objetivo principal de que no haya reincidencia -la complicación y preocupación de la sociedad-. Para que no haya, hay tres “re”: que la persona quiera o pueda reconsiderarse; que el proceso de rehabilitación que empezó en el INR, en la cárcel, lo pueda seguir afuera; y que exista la opción de la reinserción. La primera depende del liberado y de nuestras apoyaturas; la segunda, del proceso que viene haciendo y de nuestras apoyaturas; pero abrir el tercer camino depende de la sociedad. Esa es la cabeza que tenés que generar en la gente.

En otras entrevistas has hecho énfasis en la necesidad de “cambiar los hábitos” de las personas presas y liberadas. ¿Cómo lograría la Dinali el cambio de costumbres mediante las entrevistas y derivaciones?

-Se hacen talleres, se realiza un seguimiento mediante las entrevistas, se analiza la particularidad y las vulnerabilidades de cada uno. Muchos recomponen los hábitos, mientras que otros no los perdieron porque no los tenían. La mayoría son jóvenes, de 24 años... Vas a los establecimientos, abren la celda y te querés matar. Este tema no hay que tratarlo con liviandad ni con categorías estancadas, porque hay de todo, lamentablemente. Y como en todos los temas, no hay que tener miedo de decir que hay situaciones que no tienen enmienda, que no van a poder resolverse. Hay gente que no tiene muchas posibilidades de recuperación, hay gente que tiene muchas posibilidades, hay gente que quiere y no puede. En este momento tenemos dos chicos que están en un refugio y que van al liceo, y tienen muy buenas notas. Durante la privación de libertad de uno de los chicos falleció la mamá y él se tatuó una lágrima y los cinco puntos [representan a cuatro policías encerrando a un recluso, o al revés]. Llegó diciendo que los profesores lo discriminaban por ese tatuaje, entonces se le hizo una gestión con la Cátedra de Cirugía Plástica del Hospital de Clínicas y se lo sacaron. Ahora el chico está fascinado. Son todas cositas para achicar la red y que la persona pueda tener una reinserción. En eso tenemos que trabajar todos.

El muchacho borró un código carcelario, pero los docentes no hicieron el mismo ejercicio, fueron incapaces de incluirlo. ¿Cómo se lucha contra eso?

-Por eso te digo: para que la reinserción sea factible tenemos que generar en la sociedad el pensamiento de que no sólo depende de él, sino de todos. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental.

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores está analizando la Rendición de Cuentas aprobada en la Cámara de Diputados; el artículo Nº 31 prevé la creación de una “fundación” que tendrá como fin “gestionar y coordinar actividades de capacitación, producción, venta de bienes y prestación de servicios, para apoyar y promover la inserción laboral de liberados”. ¿Por qué se considera necesario crear una fundación?

-Es una herramienta más para la reinserción. Hay mucha resistencia en la sociedad, pero para que no haya reincidencia tiene que haber reinserción, y para eso es imprescindible darle la oportunidad a la gente. Es difícil que los privados contraten liberados, y creemos que tendríamos que tener la posibilidad de generar empresas que tengan el rol de capacitar y vender servicios. Por ejemplo: gracias a una donación de desmalezadoras que nos hizo la Junta Nacional de Drogas estamos planificando trabajar en jardinería; tenemos el material y la gente capacitada: entonces, que nos puedan contratar. Vos tenés un galpón, un terreno horrible, bueno, poder resolver eso. Otra sería poner un taller de chapa y pintura que sea escuela, pero no solamente para los liberados, sino que pueda estar abierto a otras personas y vos puedas vender un servicio. No tiene fines netamente lucrativos, sino que es un instrumento que habilita a generar el proceso de reinserción.

El MI dotaría de recursos a la fundación y esta crearía empresas para que los liberados trabajen bajo el régimen de pasantías productivas. Recibirían un salario mínimo nacional (11.150 pesos) y, aunque Diputados modificó el inciso que establecía que su labor no sería “materia gravada para las contribuciones a la seguridad social”, la labor “no generará por sí misma derecho de permanencia o estabilidad alguna”. ¿Por qué se eligió ese régimen?

-No me quiero meter en un merengue, es un tema delicado que se está analizando... Creo que lo que hay que decir al respecto es que la pasantía tiene ese aspecto modélico que no te obliga más que a las leyes sociales. Vos tenés que pagar salario, protección social, pero te habilita a que no se te estanque, a dar otras oportunidades. Pueden durar de tres meses a un año, y si te portaste bien y rendís, puede extenderse hasta dos años. Te capacitás y estás en condiciones de ir a otro trabajo, y entra otro. Ese es el mecanismo.

Pero “es difícil” que los privados contraten.

-Es una herramienta más, una sustitución; sería como una plataforma de lanzamiento al mercado laboral. Ocurre que hay un entramado social complejo: el tema de la inseguridad, sensación térmica o no, es un elemento que juega a la hora de tener que resolver si tomar a alguien o no. En eso tenemos que trabajar mucho a tres puntas: con los liberados, con los capacitadores y con la gente con posibilidad de contratar. Hay que ser más creativos para generar más mecanismos; es el gran desafío que tiene la sociedad... La gente dice “ta, que vaya presa”, entró, respiró, pero a veces son delitos menores y a los meses están libres, entonces vos respirás porque quedó preso pero sale en un rato; es necesario resolver ese conflicto. Eso la sociedad no lo tiene tan claro, dice “los largan”, y a veces cometieron delitos menores. No hay cadena perpetua ni pozos con cal.