Un techo alto

La discusión del proyecto de ley de Rendición de Cuentas continuó durante todo el día de ayer en la Cámara de Representantes. En la votación en particular del articulado, la oposición rechazó algunos artículos y acompañó otros. Por ejemplo, votó favorablemente el artículo 7º, que disminuye los créditos presupuestales de la Presidencia de la República y de seis ministerios, por un total de 266 millones de pesos en 2017 y de 65 millones de pesos en 2018. El diputado de Unidad Popular (UP), Eduardo Rubio, destacó que el artículo plantea “un ahorro importante, que supera los 300 millones de pesos en dos años”, y propuso incluir un aditivo -que sólo él votó favorablemente- para disponer que ese ahorro se vuelque directamente a la Universidad de la República y al Hospital de Clínicas, para financiar el proyecto de reconstrucción del hospital, en lugar de destinarlo al “pago de la deuda externa”.

El artículo 10, que topeaba el sueldo de los funcionarios públicos de los entes comerciales e industriales del Estado y de los gobiernos departamentales, motivó un debate sobre su eventual inconstitucionalidad. El diputado nacionalista Jorge Gandini recordó que actualmente están topeados los sueldos de todos los funcionarios públicos, y lo que hace este artículo es incorporar a los que no estaban topeados. No obstante, alertó que como los gobiernos departamentales tienen autonomía, “podría suceder” que el artículo “afectara salarios que son fijados por la autonomía departamental”. Gandini explicó que su partido estaba dispuesto a acompañar el sustitutivo planteado por el Partido Colorado (PC), que excluía a los gobiernos departamentales. El diputado del Partido Independiente (PI) Iván Posada planteó que el artículo le parecía “groseramente inconstitucional”.

Además, Gandini propuso generar un debate a fondo sobre si el Estado quiere “ser barato o de calidad”. Si bien señaló que este tipo de medidas tienen “respaldo popular”, alertó que “cuando se pone esto se puede estar afectando [las retribuciones de] técnicos de altísima capacitación que eligen dónde trabajar”. El diputado frenteamplista Alejandro Sánchez coincidió en que se trata de una “discusión pertinente”, porque este tipo de disposiciones pueden, en algunos casos, “llevar a una situación en la que el Estado se quede sin recursos necesarios para la función pública en sectores de alta demanda”.

El diputado frenteamplista Alfredo Asti explicó que la Constitución establece que pueden fijarse normas de interés general que abarquen a los funcionarios de los gobiernos departamentales, pero que deben obtener un respaldo de dos tercios de los votos. Finalmente, el artículo se desglosó y fue aprobado por unanimidad en lo referente a los funcionarios de las empresas públicas, pero no fue aprobado para el caso de los gobiernos departamentales, ya que sólo obtuvo los votos del Frente Amplio (FA) y del PC. El diputado colorado Tabaré Viera argumentó que el artículo no afectaba a la autonomía de las intendencias, a las que incluso “les viene bien”, y apuntó que duda de que exista algún sueldo de ese monto en los departamentos.

Otros artículos no recibieron el apoyo de la bancada de la oposición. Por ejemplo, el artículo 11, que establece que los organismos incluidos en el Presupuesto financien con sus créditos presupuestales los arrendamientos de inmuebles. El diputado nacionalista Pablo Abdala, haciéndose eco del reclamo de la Suprema Corte de Justicia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, sostuvo que esto implicará que mientras que el valor de los alquileres se actualiza en forma permanente, las partidas para el pago de estos “van a quedar congeladas” y, por lo tanto, “la capacidad de pago va a ser cada vez más estrecha”. Sánchez argumentó, en cambio, que “no se pone en riesgo ninguno de los alquileres de ninguna unidad ejecutora” y que “no se va a dejar de arrendar ningún inmueble por esto”. “Y si hay aumento [en el precio] de los alquileres, podrán tener refuerzo de rubros”, manifestó.

Un artículo que otorgaba a la Secretaría Antilavado la potestad de multar a las personas que participaran directa o indirectamente en transacciones sospechosas, en caso de que se las cite o se les pida documentos y no los proporcionen, fue aprobado sólo con los votos del FA. El nacionalista Pablo Abdala cuestionó que se le dé a esa secretaría atributos “que muchas veces el Poder Judicial no tiene”.

La oposición también votó en contra de un artículo que faculta al Poder Ejecutivo a cesar a los jueces de paz del interior, por considerarlo una “injerencia indebida” en las competencias del Poder Judicial.

Descontrolados

El Partido Nacional (PN) presentó varios aditivos que fueron rechazados por el FA. Uno de ellos apuntó a incorporar controles dirigidos a los organismos públicos que funcionan en el derecho privado por intermedio de la Oficina Nacional de Servicio Civil y del Tribunal de Cuentas. Los legisladores frenteamplistas argumentaron que debe darse una discusión más amplia sobre este tema.

Los nacionalistas propusieron también un aditivo para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informe en cada Rendición de Cuentas sobre los avances del plan de infraestructura definido en el Presupuesto. El diputado blanco Omar Lafluf se mostró preocupado por la “lentitud” en la ejecución de las obras. La propuesta también fue rechazada.

Más tarde, la oposición planteó un aditivo para asegurar el otorgamiento de medicamentos de alto costo a pacientes que lo requieran, una propuesta de UP que acompañaron el PN, el PC y el PI, aunque no prosperó.

Al cierre de esta edición, después de un cuarto intermedio de 45 minutos que había empezado sobre la hora 22.00, la Cámara de Representantes retomó el tratamiento de la Rendición de Cuentas, con el abordaje del inciso correspondiente al Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay. Los legisladores de la oposición continuaron insistiendo en calificar el “abatimiento” propuesto por el Poder Ejecutivo como un “ajuste”.