La organización Uruguay Libre emitió un comunicado después de haber recibido de ANCAP, por orden judicial, el contrato que el ente estatal firmó con Total E&P Uruguay para la exploración y explotación de hidrocarburos en el área 14 de la plataforma continental uruguaya. Constató “que este contrato mantiene la inclusión de hidrocarburos no convencionales como posibles objetos de explotación, algo ya visto en contratos anteriores”, como el firmado con la empresa estadounidense Schuepbach Energy Company LLC en 2009 para la exploración y explotación de hidrocarburos en el norte del país, lo que posibilitaría la utilización del “fracturamiento hidráulico”, conocido como fracking, “única tecnología disponible para su eventual explotación”. Uruguay Libre agrega que el documento firmado entre ambas empresas incluye, “en la cláusula 29, una disposición contraria al Código de Minería (Decreto Ley Nº 14.252) de Uruguay pues, específicamente, habilita la resolución de controversias en un tribunal de acuerdo con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, lo que sería causa de nulidad del contrato”. Según el comunicado, el artículo 19 de ese código dice que la actividad minera, “cualesquiera sea su modalidad, y todas las controversias, reclamaciones y peticiones, referidas a la misma, quedan sometidas, sin excepción alguna, a la legislación y jurisdicción” de Uruguay. “Todo pacto o convenio en contrario es nulo. Esta disposición es de orden público y será incluida obligatoriamente en todos los contratos que otorguen derechos mineros”, concluye el artículo. Sin embargo, para Uruguay Libre en el contrato entre ANCAP y Total “se advierte alguna mejora respecto a los anteriores, ya que en el contrato con Schuepbach “la obtención de los permisos ambientales es responsabilidad de ANCAP” y en este “sólo se obliga a 'asistir y cooperar' con el contratista en su obtención”. Uruguay Libre, “junto con otras organizaciones sociales”, trabaja por la sanción de una ley nacional que prohíba el fracking en el país”, por lo que seguirá atenta “a los compromisos que han sido asumidos por el gobierno nacional con empresas petroleras extranjeras interesadas en la posible explotación de nuestros recursos”.