La cita fue ayer, en el anexo de la Intendencia de Montevideo (IM), en Soriano y Santiago de Chile. En el piso dos, cerca de 20 personas escucharon advertencias sobre los peligros de algunos residuos: tubos de luz que contienen mercurio, electrodomésticos con plomo, desechos de hospitales que pueden incluir agujas e incluso órganos y sangre. Es una de las 12 charlas de capacitación que la intendencia capitalina imparte para clasificadores de residuos que decidieron pasar al mercado formal. En total, en la sala están representadas 15 empresas; 14 de ellas están integradas por personas que dejaron de recorrer las calles con carritos para consolidarse como empresas y recoger los residuos no domiciliarios en camionetas o camiones, para transportarlos a la Usina Nº 8. “Pasan de ser clasificadores a ser prestadores de servicios. La clasificación es la tarea peor paga en la cadena de residuos”, explicó Gerardo Monteverde, asistente social e integrante de la Secretaría de Empleabilidad, que depende de la División de Políticas Sociales de la IM.

Los cursos son el resultado de una coordinación con otros departamentos de la comuna: Desarrollo Ambiental, División Limpieza, Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental. También está vinculado el Ministerio de Desarrollo Social, que ofrece un plan para que los clasificadores puedan constituir un monotributo social especial aportando 300 pesos por mes. De un total de 180 empresas de transporte de residuos, hay alrededor de 90 en esa modalidad; el resto son desde cooperativas hasta empresas grandes con camiones compactadores.

Monteverde cuenta un testimonio que le llegó hace poco: “El otro día, uno de los transportistas me decía: ‘Tengo 27 contratos, facturo 70.000 pesos, trabajo de 17.00 a 21.00 y con mi señora estamos pudiendo preocuparnos de otras cosas, como tener el hijo que no pudimos tener, adoptar un hijo, o formalizar el contrato con la OSE y la UTE, [servicios en los] que estábamos enganchados’”. Con unos 50 contratos, un transportista podría facturar hasta 100.000 pesos, con un volumen de gastos que puede llegar a 40%.

Con estos cursos, la IM apunta a mejorar un eslabón de la gestión de residuos, cuenta Monteverde. Es la segunda ronda de capacitación -la anterior se llevó a cabo en diciembre del año pasado- e incluye charlas sobre la normativa vigente, de jurídica, de aspectos ambientales y de salud, e incluso de “marketing”, presentación ante el cliente y estrategias para fidelizarlo. Más a largo plazo, la IM espera que los transportistas se asocien, por ejemplo, en una organización de pequeños emprendedores que les permita negociar en conjunto y llegar a acuerdos como fijar los precios de sus servicios.

La normativa actual prohíbe a las empresas tirar desperdicios en los contenedores comunes, y está prohibido que se los retire sin un contrato de por medio; las multas pueden llegar hasta las 350 unidades reajustables. Antes, muchos de los presentes en el curso de ayer se llevaban restos de comida, sin cobrar, para alimentar a los chanchos que criaban -o siguen criando- sin los permisos obligatorios, e incluso les regalaban a las panaderías o fábricas un lechón a fin de año. Carlos, que tiene un pequeño proyecto con su hijo, estuvo 18 años recogiendo restos de un comercio; “Cuando les dije que tenían que empezar a pagar, me dijeron: ‘Nos vemos, Carlitos’. También te decían: ‘¿Y el lechón? ¿Qué pasó?’”. Algunas empresas dejaron de llamarlos y optaron por otros recolectores, pero la situación cambió cuando la IM empezó a fiscalizar fuerte. “Hubo dos momentos en que la intendencia salió a la Unión y Paso de la Arena, y la gente, desesperadamente, hizo así”, cuenta Janet, que trabaja en la recolección hace siete años, haciendo un gesto de llamar por teléfono.

Pero el pasaje a la formalidad no fue fácil: la mayoría de los ex recolectores dice haber pasado mucho tiempo ahorrando, o reconoce que sigue con deudas. “Un camión te cuesta 12.000 dólares y un carro, 30.000 pesos. Y préstamos no podemos pedir. Y no es tan económico el camión [...] tenés que ponerle gasoil, aceite, líquido de freno, cubiertas... tenés gastos. Y no hablemos de roturas”, explica Carlos, que dejó el carro pero aún tiene a su yegua en su casa, como una mascota. “Está jubilada”, agrega.

Llevarse una bolsa de basura cuesta unos 60 pesos, pero el pago se hace a fin de mes. “Es mucha pelea con el cliente”, dice Daniel. “El comerciante tiene el problema de que no le podés aumentar ni en diez años. [...] Es una pelea día a día”, cuenta, aunque hubo una vez en que un cliente le ofreció aumentarle 500 pesos por tres bolsas más.

Todos reconocen que el cambio fue para mejor. “Hay dos líneas”, dice Sergio; “una es la del crecimiento que vamos teniendo, y otra, la parte social. Antes hablábamos con un encargado que por ahí cobraba menos que nosotros y nos trataba peor. Cada uno con sus dificultades, pero ahora no dicen ‘ahí viene el pichi’”. Carlos resume la actitud de algunos comerciantes hacia los clasificadores con un juego de palabras involuntario: “Te basurean”.