La vertiginosa secuencia de avances legislativos en derechos civiles y filiatorios, sucedida entre 2006 y 2013 -Matrimonio Igualitario, Ley de Identidad de Género, Adopción Homoparental y Ley de Unión Concubinaria-, colocó a Uruguay en una posición de vanguardia internacional respecto del reconocimiento y protección jurídica de derechos de la comunidad LGBT.

Alentadas por este contexto favorable, las distintas organizaciones que acompañaron articularon y dieron en su momento la bienvenida a las conquistas jurídicas, direccionaron sus miradas hacia un área que, al decir de Marcelo Otero -militante histórico de organizaciones LGBT-, fue tempranamente identificada como uno de los “núcleos duros del sistema”: la educación, y para más señas, el sistema educativo.

En 2014, y mediante licitación pública, llegaría una oportunidad para confirmar o refutar este supuesto. La Guía en educación y diversidad sexual requerida, financiada y coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social, presentada como insumo y herramienta docente a partir de contenidos elaborados por el colectivo Ovejas Negras y revisados por Inmujeres, ANEP, Codicen y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, atravesó desde el día mismo de su presentación en sociedad (y a pesar de contar con el aval de los auspicios mencionados) un campo sembrado por vehementes objeciones. Éstas llegaron desde el propio Codicen, en voz del consejero nacionalista Daniel Corbo, desde la Iglesia Católica, en persona del otrora arzobispo -hoy cardenal- Daniel Sturla y, finalmente, de voces de la propia izquierda -Esteban Valenti y Hoenir Sarthou-, que alimentaron una ríspida polémica y condenaron el texto apenas presentado a un duro intercambio en foros, redes, “tertulias” y editoriales de prensa masiva.

La andanada de cuestionamientos, si bien amplia y variopinta, se vertebró mayoritariamente en torno al supuesto ataque -o la ya invalidación- del concepto de familia heterosexual que supuestamente la guía fomentaba; el pretendido “estímulo” para la instalación de arquetipos individuales y familiares basados exclusivamente en perspectivas homo y trans en contraposición -y hasta en negación- de los roles y las opciones convencionales; el conflicto que esta prédica sostiene con los principios laicos del sistema de enseñanza pública y, finalmente, la supuesta invasión a la privacidad de docentes y alumnos atribuida a determinadas sugerencias pedagógicas y dinámicas para el aula comprendidas en el texto en el que -siempre según sus críticos- se invitaba a “salir del clóset” tanto a docentes como a alumnos por igual.

Para el cardenal Daniel Sturla, “se quiere imponer en la educación de los niños la guía de la diversidad sexual, que en realidad es la guía de la uniformidad mental” (El País, 22 de diciembre de 2014). Para Hoenir Sarthou, “si la condición para lograr el respeto de la orientación homosexual es la ‘deconstrucción’ y la ‘desnaturalización’ de la orientación heterosexual, vamos por mal camino” (Voces, 13 de noviembre de 2014).

Cruzando la vereda, la defensa también dispuso de amplia variedad argumental: la obligación de “educar en diversidad” contraída por la legislación uruguaya en mandato de las convenciones internacionales asumidas por el Estado Uruguayo; la potestad y obligación inherentes al sistema de educación pública en cuanto a educar -y corregir- la aparición y persistencia de posturas homofóbicas transmitidas en espacios vinculares públicos o privados, ya sea fuera o dentro de los centros; asegurar y brindar herramientas para la respuesta, el tratamiento y la protección ante el acoso y la discriminación en el ámbito educativo público en lógica proyección al privado y, por último, resistir a una renovada arremetida regresiva que a caballo de un contexto político-electoral oportuno amenazaba con frustrar los avances que la guía aportaba.

Desde el Estado, Andrés Scagliola -entonces director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social- fue una de las voces más activas de una defensa que también contó, desde las páginas de Brecha, con el periodista Aníbal Corti, y con la intensa campaña que en redes sociales desarrollaron Ovejas Negras, Inmujeres y otras organizaciones de la sociedad civil.

A principios de noviembre de 2014 y a instancias del consejero Daniel Corbo, por voto unánime y alegando que la guía “no cumplía con los requisitos formales institucionalizados para su aprobación”, los miembros del Codicen “entendieron necesario ponerle freno a la distribución del documento, hasta conocer bien los contenidos y [hasta que] se realice un informe técnico que lo avale”.

En buen romance, la guía peregrinaría por los caminos burocráticos de la maquinaria educativa estatal tras su “reevaluación técnica”, que, una vez finalizada, dictaminaría si escapaba o no -y de qué forma- a su definitiva sepultura. El último clavo al ataúd sería remachado por el propio cardenal Sturla en persona, quien ante el recién electo Tabaré Vázquez trasladaría los reparos ya ampliamente volcados en los medios. La negativa del purpurado a emitir mayores comentarios sobre el resultado de ese encuentro muy difícilmente presagiaba que el actual destino de la Guía en educación y diversidad sexual sería zanjado con una de las clásicas componendas que distinguen y dan denominación de origen a la siempre sorprendente ingeniería política uruguaya. Con dos años de agua bajo los puentes y el virtual olvido de lo que ayer acaparó titulares, una alta fuente del Codicen consultada al respecto, reveló: “Esta guía no fue prohibida de ninguna manera por el Codicen. Lo que el Codicen simplemente señaló es que no era una bibliografía oficial, pero tampoco existen a nivel de la ANEP textos oficiales [sobre sexualidad y diversidad sexual]. Lo que sí se hizo fue poner la guía dentro del derecho de libertad de cátedra de cada docente y a disposición de los mismos si ésta es de su interés”.

El tiempo todo lo cambia y aquí aparece la primera componenda para sus defensores: la guía existe y no fue rechazada ni prohibida. Está a disposición de quien la pida. No es -en lo oficial- un “texto maldito” y en la práctica se constata que es un insumo corriente para los docentes integrantes del programa Referentes de Educación Sexual, iniciativa presente -con recursos y alcances limitados- en todo el sistema de primaria y secundaria.

Los detractores tampoco se fueron con las manos vacías. De los 10.000 ejemplares acordados para su distribución en todos los centros de enseñanza, solamente se imprimieron 900, el manejo transversal de contenidos y ejercicios para uso docente aportado por el texto se vio casi o totalmente cercenado y el apoyo institucional brilló por su ausencia. El profesor José Ramallo -integrante de Ovejas Negras- así lo confirmó: “La pretensión del Ministerio era editar 10.000 ejemplares y repartirlos en todos los subsistemas del sistema educativo para que estuvieran allí, en las bibliotecas, y se repartieran entre los docentes como material de trabajo y consulta. A partir de la polémica, la guía no ingresó al sistema educativo con su pretensión inicial”. Todos contentos, pero no tanto. Todos enojados, pero no lo suficiente. A pesar de la finta y su pretensión salomónica, el reparto de concesiones no disimuló para nada el peso desigual de los platos que se pretendió balancear, porque en estos casos actuar desde una lógica de balances es imposible. Hacerlo exige asumir tácitamente que los derechos son un bien administrable y, por ende, moneda y objeto de transacción en un país que, por lo pronto -al menos en lo formal-, cuenta con una Constitución que los consagra, asegura y protege sin cortapistas y sin vasos por la mitad.

Tanto la disputa inicial como la forma en la que fue dirimida por el gobierno, expusieron una realidad y desnudaron varias concepciones culturales o realidades a secas, marcadas por el choque de sendos grupos de presión articulados en torno a la sexualidad. Los derechos y libertades y su debida protección y estímulo desde las opciones y roles vinculares -tradicionales o no- delimitaron un conflicto latente que será inexorablemente reeditado ante cualquier percepción de avance o retroceso que experimenten las aspiraciones y demandas de sus respectivos actores en cada potencial escenario de choque. En esta oportunidad, el “freno” exigido por sectores y personalidades contrarias a que el Estado uruguayo traslade al ámbito educativo, activa y decididamente, la posición pública y legal que contrajo se hizo sentir fuerte y claro. Si bien las soluciones de compromiso a veces son un sensato recurso del gobernante a la hora de encauzar tensiones, en este caso la necesidad y el cálculo político primaron sobre la obligatoriedad, la oportunidad y también el riesgo de materializar en el plano educativo -ese “núcleo duro”- los avances registrados en otras áreas. Al mismo tiempo, una enorme omisión se revela en el campo de la solución ensayada, pero invalidándola sin remedio. Calmar a la iglesia, aplacar voces y sectores políticos críticos y satisfacer a los intérpretes del “freno” demostró que en el orden de prioridades del gobierno la protección del “distinto” en sus aulas tiene un costo político y de opinión que no está dispuesto a pagar, ya sea por la complejidad del tema, la ausencia de valentía y honestidad exigidas para su abordaje o la poca voluntad de asumirlo.

El problema de fondo no se esfumó, la emergencia no desapareció; continúa allí, y con ella, su urgencia. La urgencia de quienes día a día purgan en escuelas y liceos sus sentencias de invisibilidad; de miedo, desprecio, burla y acoso. La urgencia de quienes saben en su propia carne que la frase “equilibrios políticos” no es ni por asomo la primera que hoy, aquí y ahora, necesitan escuchar.