La mayoría de las mujeres adolescentes montevideanas que son madres tienen una trayectoria de vida marcada por la pobreza, un desempeño educativo trunco y un limitado ejercicio de la ciudadanía y goce del ocio y la recreación. Actualmente, los barrios con niveles más altos de adolescentes madres de la capital del país superan al promedio de América Latina y el Caribe: entre las adolescentes que viven en Casavalle, por ejemplo, 17% son madres; la cifra,en cambio, oscila entre 0% y 0,9% entre las que viven en Carrasco, Pocitos y Punta Gorda. A nivel nacional, los departamentos con “mayor vulnerabilidad” son Río Negro, Durazno, Artigas, Salto y Cerro Largo, donde la tasa de fecundidad de adolescentes se asimila a la de África, que oscila entre 70 y 86 por 1.000, mientras que en el total del país es de 58,2, señaló la subsecretaria del Ministerio de Salud Pública (MSP), Cristina Lustemberg.

El gobierno está preocupado y tiene la “voluntad” de cambiar la realidad, dijo ayer el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, en la presentación de la “estrategia intersectorial” para reducir la tendencia de los últimos 20 años: el estancamiento, desde 1996, en el número de embarazos adolescentes, que se mantiene entre 16% y 17%, lo que equivale a decir que en 2014 dieron a luz 7.591 madres menores de 19 años, y hubo 169 casos de maternidad infantil forzada (madres que son niñas de menos de 15 años). Basso anunció que el gobierno se propuso bajar la tasa de fecundidad adolescente a 48 cada 1.000 para 2020. La propuesta es “garantizar” a los adolescentes el acceso a los servicios de salud y a métodos anticonceptivos, y trabajar en el “acompañamiento educativo y en talleres de sexualidad”.

Los embarazos no intencionales son uno de los 15 problemas identificados por el MSP, cuya estrategia para prevenirlos involucra al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Las cifras y análisis surgen de la investigación Maternidad en adolescentes y desigualdad social en Uruguay; análisis territorial desde la perspectiva de sus protagonistas en barrios de la periferia crítica de Montevideo, realizada el año pasado, que se focalizó en los barrios Casavalle y Jardines del Hipódromo. El estudio fue financiado por el UNFPA, desarrollado por el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República, y presentado ayer junto a las “estrategias intersectoriales” en el salón de actos de Presidencia.

María Julia Muñoz, del MEC, planteó la necesidad de interpelar a los educadores para poder “educar en libertad”. En ese sentido, anunció que se se crearán “cursos virtuales [...] y centros de capacitación profesional que trabajen esta temática”, cuyos “operadores” serán tanto adultos como adolescentes. Por su lado, Wilson Netto, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, reconoció que aunque desde hace mucho tiempo se trabaja apostando a la intersectorialidad, “hay un hueco entre el diagnóstico, la derivación y la intervención”, y espera que esta vez se puedan “proyectar metas claras y concretas para poder evaluar el proceso de desempeño”. La directora del INAU, Marisa Lindner, pidió que se les dé “voz” a los niños, que “se los tenga en cuenta, no para reforzar aspectos que están vinculados a los mandatos culturales, sino para [poder articular de mejor forma la] prevención, para entenderlos, para poder trabajar desde la base y con ellos, para que ellos mismos generen cambios en su proyecto de vida”.

Datos

Una de cada cinco madres adolescentes proviene de hogares con dos o más necesidades básicas insatisfechas, y una de cada cinco tiene más de un hijo. 75% dijo que hubiera preferido postergar la maternidad. A su vez, 84% de las niñas que tuvieron hijos de forma forzada -por haber sido abusadas y/o explotadas sexualmente- no lo planificaron; Lustemberg advirtió que ese tipo de embarazos aumenta la probabilidad de partos prematuros y de mortalidad infantil. Al respecto, Lindner dio algunas cifras, que son, aclaró, un “subregistro” y representan “una gran frustración”: señaló que hay 27 hijos de niñas que tenían entre diez y 12 años al momento del parto, 1.200 niñas que fueron madres teniendo entre 12 y 15 años, y más de 4.000 que tenían entre 16 y 17 años.

Por otro lado, 95% de las adolescentes madres no estudia; de ellas, 70% abandonó antes de tener hijos. Por otro lado, sólo 17% de las que no son madres dejó de estudiar. Respecto de la inserción en el mercado laboral, “no existen diferencias sustanciales entre las mujeres con hijos y sin hijos”: dos de cada diez entre 15 y 19 años busca empleo o trabaja; las restantes no tienen ni buscan trabajo. Si se extiende el rango de edad a 24, surge que seis de cada diez mujeres no tienen ni buscan empleo. Entre las que sí fueron madres entre los 15 y 24, seis de cada diez no estudia ni trabaja o busca hacerlo, mientras que entre quienes no fueron madres ese guarismo se reduce a 9%. Las cifras “implican que tienen su libertad cercenada y carencia total de ejercicio de ciudadanía. Esto compromete sus desempeños más allá de la maternidad y contribuye a la reproducción de la pobreza”, se lee en la investigación. También se constató que se da una “reclusión en el ámbito doméstico” asociada a la tarea de cuidados: casi la mitad dejó de trabajar o estudiar para cuidar niños de hasta tres años. Un tercio de ellas, junto a sus hijos, se encuentran en situación de pobreza (tres veces más que las mujeres que no fueron madres).

En cuanto a la iniciación sexual, una cuarta parte de las adolescentes madres se inició a los 14 o antes, mientras que sólo lo hizo 7% entre las que no iniciaron una trayectoria reproductiva.

La masculinidad y la feminidad en el embarazo

Según se desprende de la investigación, la transición al primer hijo en la etapa adolescente es, en las mujeres, de 10%, frente a 2,6% entre los varones. Se explica que “la repercusión” del embarazo en los cuerpos de las mujeres y “el peso del arraigo de los mandatos socioculturales” que igualan mujer a madre hacen que las adolescentes vivan el embarazo y la maternidad de forma diferente a los varones. “La fugacidad e intensidad de las experiencias sexuales en la adolescencia, las dificultades para la negociación sexual entre varones y mujeres, la negación de las responsabilidades reproductivas de muchos varones adolescentes y la consecuente no asunción de la paternidad, hacen que el fenómeno tome otro vuelco en el caso de los varones”. Sin embargo, se señala que los mandatos de la masculinidad hegemónica son contradictorios para los hombres, especialmente para los adolescentes, ya que “por un lado indican que deben ser responsables, acceder a un empleo y proteger a su familia, pero por otro lado se les señala que ser hombre implica conquistar, penetrar, poseer a una mujer”.

Aborto

Ser mujer pobre o de clase media lleva asociadas distintas significaciones sociales sobre el aborto y el no deseo de hijos. Según la investigación, la amplia mayoría de las madres adolescentes de Casavalle y Jardines del Hipódromo no consideran el aborto una alternativa frente a un embarazo no intencional, y “lo condenan moralmente”. “La incorporación subjetiva de la sanción social es el denominador común en el discurso de las adolescentes, independientemente de si han tenido hijos o no, y si residen en un barrio o en otro”, se lee en la publicación. A su vez, sostienen que las situaciones de mayor aceptación de la decisión de abortar se relacionan con embarazos producto de abuso sexual o situaciones de extrema vulnerabilidad económica. Por otro lado, afirman que “es a partir del acceso a mayores niveles de escolarización que se comienzan a observar diferencias significativas en las posturas sobre el tema”.

Recomendaciones

Del estudio surge la conclusión de que, para lograr transformaciones reales en el retraso de la edad de inicio de la trayectoria reproductiva entre las mujeres, son necesarios “cambios estructurales profundos, sociales y culturales”. El gobierno debería implementar “políticas integrales que atiendan una mayor inserción y permanencia en el sistema educativo”, generar “relaciones entre los géneros igualitarias” y garantizar “el acceso a la vivienda adecuada” y la inserción “en el mercado de empleo y sistema de cuidados”.