En agosto de 2015 la Intendencia de Montevideo (IM) decidió revisar el decreto aprobado por la administración anterior (2010-2015), que disponía el etiquetado de los alimentos genéticamente modificados con una letra T sobre un triángulo amarillo. La disposición, aprobada en 2013, regía desde enero de 2015. Si bien el Laboratorio de Bromatología de la IM y el Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar) continuaron haciendo los análisis, los paquetes que portaban el triángulo con la T dejaron de lucirlo en cuanto la IM dejó de sancionar. Lo principal que cuestionó la actual administración comunal fue el diseño de la etiqueta: consideró que podía implicar una connotación negativa, inducir a pensar que el producto puede ser tóxico y, en ese sentido, “decir una cosa que no es cierta”, había explicado a la diaria hace un año Analice Berón, directora de Salud de la IM.

Un año después, parece haber avances. La Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara Industrial de Alimentos, Slow Food, la Granelera Ecológica Cooperativa (Graneco) y Consumidores y Usuarios Asociados se reunieron el 31 de agosto con las autoridades de la división Salud de la IM. En diálogo con la diaria, Laura Rosano, chef y coordinadora de Slow Food en Uruguay, una de las organizaciones impulsoras del etiquetado, transmitió su conformidad con la postura de la IM. Informó que la comuna rechazó el pedido de las cámaras de eliminar el logo (pedían incluir la advertencia únicamente en la parte en que se describen los ingredientes), que se mantendrá al frente del paquete. La diferencia es que en lugar de ser un triángulo con la T será un círculo con la T en el centro (todo sobre fondo blanco) y una leyenda alrededor en la que se lee: “Contiene organismos modificados genéticamente”. Rosano agregó que queda por acordar cuándo comenzará a regir su aplicación: las cámaras solicitaban un lapso de 18 meses, mientras que Graneco y Slow Food propusieron que fueran tres meses; Rosano calculó que la IM establecerá un período intermedio: “seis meses”, aventuró la chef, con entusiasmo.

Pero hay más, además de la definición del logotipo. “Estamos viendo los términos de propuesta de modificación del decreto en cuanto al logotipo, y asociarlo a la trazabilidad”. El decreto no está asociado a la trazabilidad, y eso dificulta el establecimiento de sus componentes, explicó Berón a este medio. Rosano saludó esa iniciativa, porque quien fabrique alimentos tendrá que declarar a quién le compró los ingredientes, y eso permitirá extender el control hasta el origen del proceso.

Berón hizo énfasis en que el margen será más amplio, porque la etiqueta no sólo se referirá al transgénico sino al Organismo Genéticamente Modificado (OGM): “Todo OGM no necesariamente es un transgénico; es posible que no tenga genes de otro organismo, pero sí una modificación de los propios”. La jerarca apuntó, además, que referirse a los OGM no sólo incluirá a los ingredientes que contienen OGM sino a los que provienen de OGM, como algunos aceites y las lecitinas, ejemplificó.

Las cámaras reclamaban que se habilitaran laboratorios, además de los de la IM y de la Udelar, para tener dónde hacer sus propios análisis y corroborar los realizados por las autoridades. En eso también hubo avances. Berón confirmó que “hay algunos laboratorios que ya certificaron en el Latu [Laboratorio Tecnológico del Uruguay] para hacer el contralor de la empresa”.

Resta modificar el decreto, pero Berón se mostró optimista: “Se ha hablado con la Junta Departamental y sabemos que eso no es algo que se vaya a prolongar en el tiempo, es de muy breve resolución”, comentó.

Los avances en Montevideo son especialmente observados por las intendencias de Paysandú y Lavalleja, donde las juntas departamentales también sancionaron normas como la que tiene Montevideo. Berón afirmó: “Hablamos con otras intendencias que ya tienen el decreto aprobado; ellos también están esperando la resolución de las etiquetas para unificar criterios”. Confirmó, además, que se pretende intercambiar análisis, puesto que, “de hecho, nuestros laboratorios de bromatología están siempre en contacto y la comunicación es permanente”.

Medianamente informados

Para tomar su decisión respecto del logotipo, la IM se apoyó en dos encuestas realizadas por la Universidad de la República (Udelar) en 2015 a habitantes de la capital del país. “Estudio de percepción de los consumidores sobre los alimentos transgénicos y su etiquetado en Montevideo” se denominó el trabajo elaborado por Cecilia Barreiro, Jenny Emayusa, Natalia Taveira y Gastón Ares. Propuso evaluar el conocimiento de la población sobre los alimentos transgénicos y comparar, entre diferentes etiquetas, cuál transmitía mejor la información al consumidor. De los encuestados, sólo 51% afirmó que el triángulo amarillo con la letra T significaba un alimento transgénico; 24% dijo no saber qué significaba, 17% lo asoció con alerta/peligro y 8% mencionó otros significados (“grasas trans, químico, malo, producto protegido, etcétera”). El estudio identificó un “elevado conocimiento del significado del término alimento transgénico”, pero halló que “hay falta de información con respecto a esta tecnología, causa principal que determina la decisión de consumo”. Se constató que “existe percepción de que están consumiendo alimentos transgénicos sin saberlo y que no están teniendo la posibilidad de elegir lo que consumen”. Ese fue, justamente, el principal factor que dio origen al decreto de etiquetado, tanto en Montevideo como en los departamentos del interior: poder disponer de información sobre lo que se consume. El estudio concluyó que el símbolo del triángulo con la T no transmitía la información que se pretendía, y que creaba “niveles de precaución generando incertidumbre y desconfianza”. Recomendó el símbolo con la T sobre un círculo con la leyenda “contiene organismos genéticamente modificados” -que fue elegido-, por tener “mayor preferencia y comprensión por parte de los consumidores”.

El otro estudio se denominó “Conocimientos sobre alimentos con Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y opiniones sobre el etiquetado de la población de Montevideo” y fue elaborado por un grupo de docentes y estudiantes de la Licenciatura en Nutrición de la Udelar, a cargo de la docente Mónica Britz. Detectó que 30% de los encuestados no leía las etiquetas; entre quienes las leían, un tercio se fijaba en la duración mínima, 14,8% leía la lista de ingredientes y 13,9% información nutricional. Es llamativa la opinión de los encuestados sobre las etiquetas de los alimentos: 23,7% dijo que no confiaba; 15% respondió que no le resultaba útil y 25,3% dijo no comprenderlas.

En cuanto al conocimiento de los OGM, en particular, el estudio halló que “sólo 6% los identificó correctamente”. En cuanto al etiquetado de OGM, 63,7% dijo no conocer la reglamentación de la IM, pero la gran mayoría (72%) “consideró necesario el etiquetado de alimentos que contengan OGM”, concluye el estudio. En cuanto a las consecuencias de su consumo para la salud, 29% opinó que no tiene efecto alguno y 60% respondió que sí lo tiene. El estudio advirtió sobre “la necesidad de buscar estrategias (educativas, de diseño del etiquetado y trazabilidad, entre otras) para lograr que el consumidor tenga información adecuada, clara y suficiente, que garantice el derecho a la información, facilitándole datos que le permitan decidir sobre la selección de los alimentos y realizar un consumo responsable, confiable y seguro”.

Las consecuencias que pueda tener el consumo de transgénicos en la salud humana no están claras. La cartilla Cultivos transgénicos en Uruguay. Aportes para la comprensión de un tema complejo, elaborada por un proyecto de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Udelar y presentada recientemente, afirma que “con respecto a los cultivos y alimentos transgénicos derivados de estos, es necesario realizar una evaluación de sus potenciales riesgos sobre la salud”. Detalla que “en nuestro país se han hecho evaluaciones de riesgos en salud para eventos transgénicos de soja y maíz. Para estas, la principal fuente de información han sido los estudios de inocuidad realizados por las propias empresas solicitantes de su liberación comercial”, con un enfoque que no estudia efectos adversos o inesperados a causa de las modificaciones genéticas.