Los hechos son conocidos. El sábado 17 de mañana, en el liceo Nº 2 de La Paz, hubo una pelea entre dos estudiantes de tercer año, una adscripta intentó separarlos y la tiraron al piso, el director de la institución hizo retirarse a uno de los jóvenes y este, ya fuera del liceo y montado en su bicicleta, lo golpeó con ella más de una vez. El lunes 19, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) resolvió convocar a un paro docente en todo el país para denunciar el episodio de violencia, y fijó la fecha de esa medida de lucha para el miércoles 21. Esta resolución sindical fue motivo de discusiones públicas, en medios de comunicación y redes sociales, por la circunstancia de que el jueves 22 comenzaban las vacaciones de primavera, de modo que el paro implicaba extender un “fin de semana largo” (a modo de ejemplo, se pueden ver una nota de opinión del periodista Gabriel Pereyra, y un artículo del profesor Fernando Gutiérrez Almeira).

Por supuesto, no se trata de que la Fenapes haya decidido convocar a que no se trabajara el miércoles con la sola intención de ampliar las vacaciones. Hace ya seis años, en 2010, la Asamblea General de Delegados de ese sindicato habilitó la realización de un paro nacional de 24 horas para denunciar cualquier situación de violencia contra trabajadores del sector, previa evaluación de los hechos y cumplido un procedimiento interno que comienzan los sindicalistas del centro de enseñanza que corresponda, continúa la filial del departamento al que este pertenezca, y termina en la dirección nacional del sindicato. No es, por supuesto, la primera vez que aquella resolución de asamblea se aplica, y tampoco la primera vez que su aplicación se realiza inmediatamente antes o después de días de asueto. Se podría decir incluso que las críticas a esto último son muy discutibles, porque si, cumplido el lunes todo el procedimiento interno antedicho, la dirección del sindicato hubiera decidido parar el martes, probablemente eso habría significado que en muchos casos hubiera decisiones individuales o familiares de “tomarse el sanguchito” el miércoles, con pérdida de dos días de clase en vez de uno. Pero el debate no es menor ni debería ser inútil, por lo menos para quienes pensamos que nada bueno puede surgir de la descalificación de las herramientas sindicales, pero tampoco de defender automáticamente todas las que se toman.

Para empezar, tiene mucho sentido preguntarse si es razonable o útil en algún sentido que muchísimos liceales se queden sin clase por el acto condenable de una sola persona. Sobre todo si, como suele ocurrir, este tipo de paros no es acompañado por ninguna iniciativa que promueva la reflexión entre los estudiantes y sus grupos familiares, con miras a que los hechos de violencia no se repitan. En los hechos, ¿sobre quiénes puede ejercer presión la medida de lucha? ¿La idea es lograr que las autoridades de la enseñanza pública, por decisión propia y/o ante las protestas de jóvenes y adultos, adopten diversas medidas -unas para prevenir específicamente la violencia y otras para mejorar las condiciones en las que se enseña, aportando a una convivencia en los liceos menos cargada de tensiones-, ademas de empeñarse en no contribuir a la desvalorización social de los docentes? ¿O se trata de que esas autoridades, ante la imposibilidad de tomar las medidas mencionadas por restricciones presupuestales, presionen a su vez al Poder Ejecutivo y al Legislativo para que les asignen más recursos? ¿O el propósito de estos paros es, en términos más generales, contribuir a una toma de conciencia acerca de las condiciones estructurales de injusticia en nuestra sociedad, para ayudar a que haya cambios profundos y las agresiones a docentes cesen, algún día, por añadidura? Probablemente las intenciones de la Fenapes incluyan todo lo antedicho; la cuestión es repensar si el medio empleado realmente sirve para acercarse un poco a alguna de esas metas, considerando la posibilidad de que resulte contraproducente. “De alguna manera tenemos que denunciar la situación”, dijo el dirigente sindical Emiliano Mandacen. ¿Es esta manera la mejor?

Una vez que un sindicato adopta el criterio establecido hace seis años por la Asamblea General de Delegados de la Fenapes, le puede ser muy difícil modificarlo, porque eso puede ser vivido como una forma de resignación a que las agresiones formen parte de lo esperable en la vida docente, que sería penosa y degradante no sólo para los educadores sino para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, parece necesario imaginar algo distinto a esta rutina. Algo que sirva, justamente, para educar.