“La trata de personas es una forma moderna de esclavitud que se aprovecha especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad, es el tercer negocio lucrativo que involucra al crimen organizado, después del tráfico de drogas y el negocio de armas”, comienza la exposición de motivos del anteproyecto, presentada por la subdirectora general para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Inés Rocanova.

Sobre la intención de unir la trata y la explotación de personas, Rocanova sostuvo que “esta última constituye el fin de la trata y el sentido mismo sobre el cual se capta, moviliza y se somete a las personas”, por lo cual carecía de sentido legislar sobre ambos temas por separado.

La Ley Integral de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas se divide en capítulos con las distintas dimensiones a abordar: la prevención, la protección, la investigación, la sanción y la reparación del Estado para con las víctimas. Algunos de los principios que la rigen son la igualdad, la no discriminación, la perspectiva de género, la prioridad de los derechos humanos de las víctimas, el interés superior de niños, niñas y adolescentes, la voluntariedad de participación, la confidencialidad, la integralidad de la atención, el respeto al proyecto de vida, la no revictimización, la disponibilidad de las prestaciones de atención psicosocial, médica y defensa jurídica y la celeridad.

Derechos específicos

El subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), José Luis Cancela, celebró que se asegure en la ley “la dignidad de estas personas a través de derechos específicos”. También la ministra del Tribunal de Apelaciones de la Suprema Corte de Justicia, Graciela Gatti, se mostró favorable en este aspecto, ya que consideró que es “un fenómeno sumamente complejo de abordar”, en el que “a veces la eficacia de la investigación pone en riesgo a la víctima o a los testigos”.

También el fiscal de Crimen Organizado de Primer Turno, Carlos Negro, consideró “sumamente favorable” que el proyecto equilibre las “numerosas obligaciones de las víctimas” con sus derechos. “Siempre decimos que la víctima ingresa al sistema y en el mejor de los casos, sale igual a como entró. Por lo general, sale destratada, después de largas esperas e incluso en estos casos puede llegar a correr riesgo su integridad física”, afirmó.

Para revertir esto, el anteproyecto establece que se brinde a las víctimas una posibilidad de protección, “sobre todo en materia de identidad”. Por otro lado, se las declara impunes “respecto de las conductas en las que pudieran haber incurrido como consecuencia directa de la trata, teniendo en cuenta que las redes de trata las utilizan como herramientas para el funcionamiento de la red misma”, explicó Rocanova, quien aclaró que se hacen “precisiones especiales respecto de niños, niñas y adolescentes”.

Negro también consideró “un avance” que el anteproyecto dé la posibilidad al Ministerio Público de “salir de la estructura calco del Poder Judicial, actuar en equipo y utilizar protocolos de acción”.

Por su parte, la subsecretaria del Mides, Ana Olivera, agradeció la inclusión de criterios para la interpretación de la norma: “Hay aspectos muy taxativos, y me siento muy feliz por eso, porque, para aquellos que tenemos que actuar, la interpretación nos complica, y acá está especificado bien claro qué tiene que hacer cada uno”.

Protección afuera

Un capítulo del anteproyecto se detiene expresamente sobre la trata internacional, “con el fin de proteger a las víctimas uruguayas de trata en el exterior, reconociendo como derechos migratorios aquellos vinculados a períodos de represión, de residencia permanente en el país y la regulación de la condición migratoria, el retorno voluntario y el acceso a información suficiente para resituarse en un tercer país”, precisó Rocanova.

Cancela sostuvo que la cancillería ha puesto “especial énfasis en la sensibilización y capacitación el tratamiento de la temática por parte de nuestras representaciones en el exterior, priorizando la atención inmediata a las víctimas y el necesario apoyo y protección de las diversas situaciones que se presenten”. Asimismo, agregó que se han establecido “medidas que regularizan la migración” y aconsejó que, en base a “los tiempos que estas situaciones requieren”, en paralelo a la discusión y las aprobación de la ley, “se avance en la firma de convenios bilaterales o multilaterales”.

Por su parte, Alicia Valeta, directora de la división Asuntos de Género del Ministerio del Interior (MI), sostuvo que se están “incorporando mejoras” en el sistema de información de la cartera; “no sólo en lo que refiere al registro y análisis de calidad de los datos, sino en la implementación del intercambio de información entre los diferentes Estados miembros del Mercosur”, por el momento Argentina, Brasil y Venezuela, para la consulta de vehículos, armas y personas con pedidos de captura o ausentes. A su vez, sostuvo que se firmó un acuerdo para conectar al país al sistema central de Interpol, para “enviar y recibir información de personas desaparecidas a nivel mundial”.

Valeta también informó que se está poniendo en marcha una nueva versión del sistema informático de migración en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, con la cual a “cada pasajero que pase se le comparan automáticamente sus datos, para ver si tiene requisitorias tanto a nivel nacional como internacional”.

Integralidad

La idea introducida en la ley es que la respuesta ante delitos de este tipo sea “interinstitucional”. Por un lado, la legislación presentada transforma a la actual mesa de trabajo en un Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas, integrado por el Mides, el MRE, el MI, los ministerios de Defensa, Trabajo y Salud, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y tres organizaciones de la sociedad civil, para “dirigir y articular las políticas sectoriales” en relación a la materia. Por otro, crea un Sistema Nacional de Denuncias sobre Trata y Explotación de Personas, que centralizará la información y tendrá el objetivo de generar “políticas adecuadas para combatir y prevenir el delito”, así como de “facilitar la denuncia y el tránsito por el sistema de Justicia” explicó Rocanova.

La presidenta del INAU, Marisa Lindner, sostuvo que el “real avance” es la integralidad, en lo que refiere a los procesos de “prevención, investigación, persecución, delito y sanción, pero, fundamentalmente, a la reparación”. También valoró la integración de la perspectiva generacional, ya que “la mayoría de los niños y adolescentes que se encuentran en situación de explotación sexual están vinculados a una forma de trata que necesitamos visibilizar con mucho mayor claridad, y también generar mecanismos para su prevención”.