¿Qué oportunidades y qué riesgos existen para los países del Sur Global al negociar lo que unos llaman “nueva generación” de tratados de libre comercio (TLC) y otros “tratados vampiro”? Tomemos como ejemplo las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

-América Latina afronta en este momento muchas negociaciones de TLC, y todas se realizan en secreto. Bien podemos llamarlos “tratados vampiro”; no sabemos lo que hay en ellos a menos que se filtre el texto. El Mercosur está negociando un TLC con la UE, y pensamos que esta le pedirá que deje libre de aranceles la importación de entre 87% y 90% de los productos del bloque europeo.

¿Qué puede pasar si se eliminan esos aranceles? Para empezar, los gobiernos pierden recaudación y, por ejemplo, 12% de los ingresos del gobierno de Paraguay provienen de aranceles a las importaciones. Si eliminan eso, ¿cómo puede recuperar el dinero mediante otros impuestos? Los aranceles son más fáciles de recaudar que los impuestos al valor agregado o a la renta. Economistas del Fondo Monetario Internacional investigaron esto, y hallaron que, en el mejor de los casos, países de medianos ingresos como Paraguay pueden recuperar, mediante otros impuestos, sólo entre 45 y 60% de los ingresos perdidos, de modo que, con la eliminación de aranceles debido al TLC con la UE, el gobierno perdería en forma permanente por lo menos 40% de sus ingresos.

Y, por supuesto, la UE podría exportar más productos al Mercosur. El bloque europeo ha expresado que espera aumentar sus exportaciones de lácteos, derivados del cerdo y vino; hay que recordar que la UE beneficia con fuertes subsidios a sus productores rurales de lácteos y productos porcinos, y esos subsidios se mantendrán. De ningún modo van a abolirlos en el marco del TLC. Por lo tanto, se le pedirá al Mercosur que elimine aranceles para facilitar el ingreso de productos lácteos y porcinos subsidiados por la UE, que podrían ser más baratos que los del bloque sudamericano y causar dificultades a sus propios productores rurales de alimentos.

¿Los países del Mercosur no podrían exportar más también?

-Depende. La UE dice que quiere que el Mercosur elimine los impuestos de exportación que algunos países aplican a sus materias primas sin procesar, como el cuero y la lana, para asegurar que las industrias procesadoras locales -como las de calzado o el equipaje- tengan insumos baratos en cantidad suficiente. Pero la UE dice que ya no le quedan materias primas sin procesar: ¡quiere que los países en desarrollo exporten esas materias primas a Europa para que allí las procesen y se las vuelvan a vender al Mercosur!

Lo que quiere la UE es que los empleos industriales que producen valor agregado estén en Europa. Si el Mercosur acepta, eso le hará la vida más difícil a sus industrias procesadoras que aportan valor a las materias primas, y a los obreros que trabajan en ellas, aparte de que, por supuesto, también perderá los ingresos gubernamentales aportados por los impuestos a la exportación de materias primas sin procesar.

¿Qué otras áreas sufrirían impactos?

-Es probable que un TLC del Mercosur con la UE también cubra los servicios, desde los esenciales como el suministro de agua y electricidad, el correo y las telecomunicaciones, hasta los bancos, los supermercados y las estaciones de servicio. Eso significaría que el Mercosur se abriera al ingreso de más compañías europeas para que compitieran con las locales en todas esas áreas. A la vez, es posible que la UE trate de restringir las potestades del Mercosur para regular servicios; por ejemplo, la potestad de garantizar que servicios esenciales como el suministro de agua se ofrezcan a precios accesibles.

La UE también va a pedir que el Mercosur liberalice las normas sobre compras estatales de productos y servicios, para que no se les dé prioridad a los proveedores locales. Esas compras pueden representar la cuarta parte del producto interno bruto de un país. Los gobiernos del Mercosur han dispuesto que cuando el Estado compra papel para fotocopiadoras, automóviles para jerarcas o electricidad para hospitales públicos, o cuando paga por la construcción de una escuela pública o una carretera, le dé preferencia o exclusividad a las empresas locales, incluso si resultan un poco más caras como proveedoras de bienes o servicios. La UE quiere que los gobiernos del Mercosur le compren a empresas europeas si estas realizan ofertas más baratas. Eso significa pérdida de puestos de trabajo para las empresas del Mercosur que dejen de contar con esos contratos, y también puede afectar las balanzas comerciales de los países, en la medida en que se realicen más importaciones en vez de utilizar bienes o servicios locales.

Por último, la UE quiere negociar cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con monopolios en las áreas de medicamentos y libros de texto. Es probable que las modificaciones de normas en los países del Mercosur a las que aspira la UE impliquen que esos productos, así como las semillas y otros insumos agrícolas, sean inaccesibles para más personas durante períodos más prolongados. Los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre derechos humanos como el derecho a la salud y el derecho a la alimentación han dicho que los países en desarrollo no deberían aceptar esas propuestas, porque ese tipo de normas de propiedad intelectual afecta derechos humanos. Sin embargo, pensamos que la UE le pedirá al Mercosur que acceda a eso.

Brasil ha estado negociando durante años la cuestión de los subsidios agrícolas europeos, debido a que el agronegocio brasileño es muy fuerte.

-La UE nunca reducirá sus subsidios a la agricultura. No los rebajan en las negociaciones de TLC, porque dicen que “todo debe hacerse en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), no podemos hacerlo en un acuerdo bilateral”, y en la OMC se rehúsan a quitarles un solo dólar.

¿Qué significaría para los países de América Latina el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés)?

-El TISA es un TLC sólo sobre servicios. En su negociación participan sobre todo países industrializados como los de la UE, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, pero de América Latina están México, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú. Todos esos países latinoamericanos ya firmaron TLC con Estados Unidos, pero el TISA podría ir más allá en varios sentidos. Por ejemplo, en materia del tipo de restricciones a la regulación de servicio que mencioné antes, incluso si se trata de regulaciones no discriminatorias con fines sanitarios y de seguridad. También impondría limitaciones a las leyes laborales, incluyendo la fijación de un salario mínimo. Además, se ha filtrado que en la negociación del TISA está en discusión una propuesta de extrema apertura a las empresas energéticas extranjeras. La plantearon Noruega e Islandia, con la intención básica de favorecer las inversiones en ese sector de sus empresas. Otras propuestas harían más difícil para los gobiernos la regulación de actividades empresariales en el marco de una crisis financiera, porque dificultaría el acceso a datos necesarios para que esa regulación sea efectiva. Por último, también está en debate una iniciativa que implicaría liberalizar las normas sobre compras estatales de bienes y servicios más allá de lo que establecen los TLC vigentes.

El año pasado, una masiva movilización sindical en Uruguay logró que el gobierno de Tabaré Vázquez se retirara de las negociaciones del TISA. ¿Se registran otras tendencias positivas al respecto?

-Paraguay y Singapur también se retiraron de esas negociaciones. Ni siquiera para Singapur, que tiene aerolíneas y bancos muy poderosos, los beneficios superaban a los costos. La negociación del TLC llamado Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) nunca pudo concluir, y muchos piensan que uno de los motivos fue que su texto se dio a conocer. Le preguntaron a un ex ministro de Comercio de Estados Unidos por qué no se divulgaba el texto del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), y respondió: “Intentamos ese procedimiento con el ALCA y no funcionó, porque la gente de pronto se dio cuenta de lo que contenía y se opuso a él...”. Eso muestra por qué es correcto llamarlos “tratados vampiro”. Una vez que la gente los conoce, se pone en su contra, porque son una manera no democrática de legislar, por la puerta de atrás, en secreto.

Antes del ALCA se planteó el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, que tampoco pudo concluir, y varios países que comenzaron a negociar TLC con Estados Unidos decidieron no seguir adelante...

¿Por ejemplo?

-La Unión Aduanera del África Austral [integrada por Botsuana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia] empezó a negociar un TLC con Estados Unidos, pero dejó eso de lado porque les preocupaba la posibilidad de que los medicamentos permanecieran a precios impagables durante más años, y también que el tratado impidiera llevar adelante políticas de acción afirmativa en beneficio de la población negra mediante las compras estatales. Suiza también comenzó a discutir un TLC con Estados Unidos, pero después de dos rondas de negociaciones, los representantes suizos les dijeron a los estadounidenses “Oigan, ¿realmente tienen que mantener esas demandas acerca de la agricultura y la propiedad intelectual?”, y les contestaron “sí, tenemos que hacerlo”, así que los suizos dijeron “OK, entonces no, gracias, sigamos como amigos, pero sin TLC”. De modo que varios países ven que realmente va a ser un mal negocio, y en beneficio de sus intereses nacionales se apartan de la negociación sin terminarla.

Hay una discusión en Europa acerca de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), e incluso sectores centristas de la sociedad tienen reacciones encontradas ante esa iniciativa. ¿Los gobiernos de los países del Sur tienen algo para aprender de esas discusiones?

-Sí, pienso que son buenas lecciones para los gobiernos de países del Sur. Si incluso algunos gobiernos del Norte piensan que estos tratados son una mala idea, porque limitan sus potestades regulatorias y los exponen a costosas demandas de inversores ante tribunales internacionales. En Estados Unidos, los parlamentos de cada uno de los 50 estados habitualmente aprueban resoluciones contra los procedimientos de solución de controversias con inversores ante tribunales internacionales, y en el terreno de los servicios se han opuesto a lo que llamamos “test de necesidad”, o sea las cláusulas en este tipo de tratados (por ejemplo, en el TISA o el TPP) que definen requisitos para identificar cuáles regulaciones se pueden considerar necesarias y aceptables, y cuáles no, porque afectan el libre comercio.

Se puede pensar que los gobiernos del Sur deberían estar mucho más preocupados que los del Norte, porque disponen de menos dinero para pagar los miles de millones de dólares que puede implicar la demanda de un inversor ante un tribunal internacional, y también porque, en algunas áreas, tienen más necesidad de establecer regulaciones que los gobiernos del Norte, debido a que aún no han aprobado todas las que necesitan. Por ejemplo, quizás algunos todavía no tienen normas acerca de la contaminación acústica, o puede ocurrir que, a medida que un país se desarrolla económica y socialmente, también se desarrolla la capacidad regulatoria de su Estado, y resulta necesario actualizar normas anteriores. Pero hay cláusulas en los TLC que les impiden a los países en desarrollo aprobar nuevas regulaciones o actualizar las que tienen vigentes.

¿Cómo es el proceso de certificación que Estados Unidos le está imponiendo a los países del TPP y qué implica?

-Tres países latinoamericanos, Chile, México y Perú, han firmado ese tratado, que incluye a Estados Unidos y, por lo tanto, tiene el formato estándar de los TLC con participación estadounidense, pero agrega nuevas disposiciones. Estados Unidos aprobó una ley de procedimiento acelerado para autorizar o descartar en bloque esos TLC, sin posibilidad de modificarlos, y uno de los requisitos para la autorización es que el gobierno estadounidense certifique que los demás países participantes han cumplido con las condiciones establecidas en el tratado. Esto se aplica al TPP, al TISA, y también a la TTIP, así que los gobiernos del bloque europeo deben afrontarlo. Lo que implica ese proceso de certificación es que el gobierno estadounidense puede emplearlo para demandar obligaciones adicionales, beneficios extra para Estados Unidos más allá de los que establece el texto original de un TLC: podemos ver que eso pasó con los países de América Central, a los que se les exigió una extensión adicional de tres años del período de monopolio sobre medicamentos para que se certificara su cumplimiento de las condiciones del TLC con Estados Unidos, aunque eso no estaba en el texto original.

La certificación puede significar también que el gobierno estadounidense redacte directamente la ley con que otro país implementa el cumplimiento de un TLC. A Perú le dieron el texto completo de una ley ambiental, le dijeron que el parlamento peruano debía aprobarla sin modificaciones para obtener la certificación, y representantes del gobierno de Estados Unidos monitorearon el proceso legislativo para asegurarse de que así fuera. Ahora se está aplicando ese procedimiento a los países del TPP, incluyendo a Chile, México y Perú, que deberán negociar con Estados Unidos, ronda tras ronda, sus leyes nacionales de implementación del tratado, o quizá el gobierno estadounidense redacte por completo los textos y les diga a esos países latinoamericanos que deben aprobarlos sin cambios.

Prevemos, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos, debido a presiones de algunos senadores de ese país, exigirá que Chile, México, Perú y los demás países del TPP acepten un monopolio más prolongado sobre los medicamentos, de tres o quizá de siete años más, incluso cuando no estén patentados, aunque eso no está en el texto del TPP. Y con precios monopólicos, los medicamentos contra el cáncer, por ejemplo, pueden ser demasiado caros para muchas personas: en algunos casos llegan a costar 500.000 dólares por paciente y por año.

¿En la UE están tratando de “aprender” acerca de eso?

-No sé si la UE aplica ese tipo de procedimientos de certificación a países del Sur. La cuestión es si la UE va a aceptar ser certificada por Estados Unidos en el proceso de la TTIP. Es un requisito legal estadounidense; el gobierno de Estados Unidos puede aplicarlo de acuerdo con los textos del TPP y de sus más recientes TLC, lo ha hecho en todos los TLC desde el que firmó con Chile y sabemos que ya comenzó a hacerlo en el proceso del TPP.

Gerhard Dilger Director de la oficina regional de la Fundación Rosa Luxemburgo en São Paulo