El Poder Ejecutivo esperó hasta el mediodía de ayer para expresarse respecto de la destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff. En una escueta declaración pública, se señala que el gobierno “ha seguido con atención los procesos políticos y jurisdiccionales” en Brasil, que culminaron con la decisión del Senado de destituir a la presidenta “electa legítimamente por el pueblo brasileño”. Además, se destaca el rol de Rousseff “en fortalecer la histórica relación bilateral, que permitió alcanzar una alianza estratégica que ha redundado en beneficio de ambos pueblos” y se considera su destitución, “más allá de la legalidad invocada”, como una “profunda injusticia”. “Uruguay aspira a que en el marco de la institucionalidad democrática, el pueblo brasileño alcance sus objetivos de estabilidad y desarrollo”, se agrega.
A la salida de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores, a la que fueron invitados los representantes de este cuerpo de Diputados, el canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que “Uruguay reconoce expresamente el gobierno del presidente Michel Temer”, y sostuvo que lo dicho por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ayer a Radio Carve fue “exclusivamente a título personal”. El jerarca había dicho que lo ocurrido en el país norteño “tiene características de golpe de Estado”.
Como era de esperarse, el comunicado fue criticado por la oposición. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, escribió en Twitter: “Nuestro gobierno opina de asuntos internos del Brasil. Inadmisible, un grave error que traerá consecuencias para el país”. Por la misma vía, el senador colorado Pedro Bordaberry dijo que se trató de un comunicado “poco feliz”, mientras que el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, tomó un poco de distancia de las otras críticas: “Declaración de gobierno uruguayo sobre Brasil no es la que nos hubiera gustado, pero al menos hay reconocimiento implícito de nuevo gobierno”.
Si bien los partidos de oposición no se han expresado aún sobre la destitución de Rousseff mediante el juicio político, sí lo han hecho sus principales líderes. “No es bueno para ningún país pasar por estas situaciones. Sin perjuicio de ello, la Constitución brasileña prevé este mecanismo. El Partido de los Trabajadores y su aparato ha llevado a esta crisis política, social y económica. Que sea lo mejor para Brasil y para la región”, escribió el senador nacionalista Luis Lacalle Pou en Twitter. En tanto, el ex precandidato presidencial y actual senador colorado José Amorín pidió un “No al vale todo”: “No va más mentir o engañar para aferrarse al poder. Lo mejor sería una nueva elección”. Para Mieres, “el impeachment a Dilma deja sabor amargo”. “No es golpe. Es constitucional. Pero casi todos los otros también están sospechados de corrupción”.
Golpe a golpe
A pesar de que el Frente Amplio compartió el comunicado de la cancillería en su propio sitio web, la fuerza política no se ha expresado, y se espera que emita una declaración hoy, cuando sesione la Mesa Política. No obstante, varios sectores ya han tomado partido, y en casi todos ellos se califica la situación de golpe de Estado. El Partido Socialista emitió una declaración en la que habla del rechazo al “quiebre institucional” y “repudio” a “un proceso parlamentario irregular”. El comunicado finaliza con la frase: “Impeachment sin crimen es Golpe!”. La Vertiente Artiguista y Alianza Progresista, el sector de Nin Novoa, se expresaron en términos similares.
El Movimiento de Participación Popular fue uno de los primeros en expresarse, hablando lisa y llanamente del “golpe de Estado que se acaba de consolidar” en Brasil, y denunciando que “el proceso llevado adelante ha estado viciado de irregularidades, que los acusadores son a su vez actores políticos acusados en su mayoría de actos de corrupción”. En líneas muy similares lo hizo Casa Grande, destacando que Rousseff es “una de las pocas figuras políticas intachables de Brasil”.
Una de las declaraciones más extensas es la del Partido Comunista, que además de hablar de golpe de Estado, sostiene que a “la presidenta la elige directamente el pueblo, y así lo hizo, con 54 millones de votos, que no pueden ser sustituidos por 55 votos en diputados y 61 en el Senado”. En Brasil, se sostiene, “para destituir a una presidenta se precisa probar un crimen de responsabilidad, un delito”. Sin embargo, “tras meses de circo judicial y parlamentario no le han probado un solo delito a Dilma. Por eso es un golpe de Estado”. La declaración incluye además una interpretación de quiénes perpetraron esta destitución: “La gran oligarquía industrial, terrateniente y financiera, el oligopolio mediático y su expresión política: una elite corrupta e impresentable”. De hecho, se recuerda que “el 60% de los diputados y senadores que votaron contra Dilma están investigados por corrupción”. Según se sostiene, este “golpe” es “parte de la contraofensiva del imperialismo y las oligarquías en el continente, y tiene un doble objetivo: alinear a Brasil con el ajuste global, disciplinarlo, y poner sus recursos naturales, financieros e industriales al servicio de ese ajuste”. En una misma línea se pronunció el Partido por la Victoria del Pueblo, que denunció que el proceso “es una clara repetición a mayor escala de los quiebres institucionales de Honduras en 2009 y de Paraguay en 2012”.