El 31 de agosto y el 1 y 2 de setiembre se llevó a cabo el Debate de Seguridad y Convivencia en Montevideo. Entre la nutrida agenda de mesas, talleres y asambleas, dos frases quedaron rondando en mi cabeza. Ambas fueron dichas en la mesa de drogas y seguridad. La primera fue esbozada por un investigador de la ONG colombiana Dejusticia, quien abogaba por que la política de drogas “dejara de ser hija de la política de seguridad”. Hacía referencia a la triste historia reciente de nuestros países latinoamericanos, que bajo la excusa de la “guerra contra las drogas” justificaron planes de seguridad nacional cuyo costo humano todavía estamos tratando de establecer. La segunda fue comentada por integrantes de la mesa y el público al recordar los orígenes del Ministerio de Salud Pública (MSP) en su ley orgánica de 1953, que refería al organismo como “policía de los vicios sociales”. Ello a cuento de la visión que prima hoy en el abordaje por parte del MSP de los temas de drogas y su rol en el proceso de regulación.

Cuando en 2012 el gobierno de José Mujica elaboró la “Estrategia por la vida y la convivencia”, se inició uno de los mayores ensayos de políticas alternativas al modelo prohibicionista. La regulación del consumo de cannabis busca debilitar el narcotráfico y reducir la violencia causada por la vinculación con las redes clandestinas para acceder a la sustancia. A dos años y ocho meses de aprobada la Ley 19.172, se han realizado importantes avances en su concreción. Principalmente, la creación del organismo responsable de ejecutarla (Instituto de Regulación y Control del Cannabis) y la habilitación de las modalidades de clubes de cannabis y autocultivo materializaron una iniciativa que, a medida que transcurre su implementación -a los tiempos de Uruguay-, demuestra la complejidad que implica, para un país con escasa masa crítica en el tema, llevarla a cabo. También demuestra la gran oportunidad que tenemos de mejorar la salud de las personas al permitirles acceder a productos de uso médico derivados del cannabis cuando la medicina tradicional fracasa o es insuficiente. Desarrollar una industria con posibilidades de exportación que incluya a productores locales en la cadena productiva es un sueño largamente anhelado.

Ante la inminente implementación -luego de un tiempo más que considerable- de la distribución en farmacias para uso recreativo, podemos prestar atención al desarrollo de esta iniciativa y observar si contribuye -o no- a mejorar la seguridad, que es uno de sus cometidos.

Sin embargo, las políticas de seguridad tienen bastante más que ver con las políticas de drogas que lo que la regulación del cannabis y su implementación nos puedan decir. El del cannabis es uno de los mercados de drogas que se regulan, por lo que esperamos generar incentivos suficientes para eliminarlo del mercado ilegal. De hecho, podemos advertir que en estos últimos años muchas personas hemos pasado del consumo del “prensado paraguayo” al mercado de flores. Según la encuesta de hogares sobre drogas, en 2014 47% de los usuarios había consumido flores en los últimos 12 meses. Claro, debido a los retrasos en la implementación en las farmacias, cambiamos un mercado clandestino por otro: el llamado “mercado gris”. Ahora sólo esperamos que quienes se encuentran más vulnerables a la violencia de los mercados ilegales tengan la chance de acceder al cannabis a igual precio que el prensado paraguayo, y se generen los incentivos necesarios para un pasaje “natural” a las farmacias. Para hacerlo posible, deberíamos tener farmacias dispuestas, información y la confianza de los usuarios.

Ahora bien, la política de drogas es bastante más que la regulación del cannabis, y la Ley 19.172 parecería inaugurar otro paradigma del Estado en el abordaje de estos temas. De hecho, otro de sus objetivos manifiestos es mejorar el acceso a la Justicia, eliminando las inseguridades y las contradicciones legales, respetando los derechos humanos de quienes somos usuarios y la proporcionalidad de las penas para delitos de drogas. Reducir el costo del Estado en la “guerra contra las drogas”, reducir el número de personas encarceladas por cantidades mínimas y atender a los eslabones más débiles de la cadena eran algunos de los efectos deseados. Fortalecer el combate al macrotráfico fortaleciendo los juzgados de crimen organizado, tecnificar a la Policía y desarrollar una estrategia de inteligencia parecían los caminos que se inauguraban en materia de seguridad vinculados con drogas. El paradigma de reducción de riesgos y daños tomaba la delantera.

Sin embargo, esto no se corresponde con el estado actual de la discusión pública sobre el tema, que está a punto de confirmar vía el Parlamento la inflación punitiva que atraviesa el país y consolidar una serie de medidas legislativas que vuelven -una vez más, luego de un siglo de fracasos sistemáticos- a priorizar la cárcel y las penas como respuesta del sistema político. El combate al narcotráfico es la excusa -siempre lo fue - para justificar la medida represiva como receta para solucionar los problemas de seguridad. ¡Qué pereza!

De 1990 a 2012 los delitos por estupefacientes pasaron de representar entre 1% y 2% del total de delitos a representar 12%, y de ser el quinto motivo de procesamiento a ser el segundo, luego de los hurtos. Este aumento también se puede confirmar con los datos del Ministerio del Interior. Para 2015, el aumento es de 3,4% respecto del año anterior para todos los delitos en Montevideo y Canelones. Si consideramos sólo los delitos por estupefacientes, este aumento es de 28,5%. Los temas de drogas se incrustan en la agenda de seguridad. Pero la respuesta represiva posee sesgos que encienden luces de alarma por sus efectos sobre los eslabones más débiles. La proporción de mujeres procesadas por delitos de drogas pasó de 7% en la década de los 90 a 25% en 2012. Este crecimiento tuvo dos picos: uno en 2010, con un aumento de 163% respecto del año anterior, y otro en 2014, con un aumento de 110% con respecto a la misma referencia. Las mujeres, como responsables o coautoras por microtráfico, son el nuevo escudo humano de un negocio que sigue vigente y en constante cambio adaptativo. Ello, sumado al encarcelamiento de jóvenes pobres por delitos de drogas, no evidencia otra cosa que los graves efectos sociales que tiene esta acción.

¿A quiénes estamos llevando presos como “narcotraficantes”? ¿A quienes han optado por introducirse en las redes informales del tráfico ilegal de drogas como estrategia de supervivencia? ¿A quienes tienen consumo problemático? ¿Es la cárcel la única respuesta a este problema?

Entender las dinámicas de las redes informales de comercio y de la economía moral de las comunidades hoy denominadas “puntos calientes” nos invita a pensar si no son necesarias inversiones en infraestructura, en desvinculación de las redes más próximas y en relocalización que aborden la integralidad de la vida de las personas. Considerar víctimas de trata a las mujeres vinculadas al microtráfico -propuesta esbozada por Corina Giacomello- es una de las alternativas para no seguir engrosando los depositarios.

La incongruencia del Estado y sus elencos profesionales en cuanto a cuál debe ser el rumbo de la política de drogas jaquea fuertemente a las iniciativas en desarrollo, como la de regulación del mercado de cannabis. Tenemos la posibilidad histórica de dar un salto cualitativo como sociedad en la resolución de los problemas de seguridad, salud y derechos humanos. Ensayamos un experimento que dependerá enteramente de nosotros, pero lo nuevo requiere cambios, arriesgarse y tomar decisiones que orienten la implementación de esta alternativa. Que no nos gane la inercia.

El último libro de Luis Astorga, autor mexicano que ha historiado la guerra contra las drogas, se titula ¿Qué querían que hiciera?, en relación con la frase de Felipe Calderón al evaluar su política de seguridad de guerra al narcotráfico a mano de los militares. 150.000 personas muertas o desaparecidas es el saldo, por ahora, de esa catástrofe humana. Otras opciones deben ser posibles. La regulación de los mercados de drogas se nos impone como alternativa.

Gustavo Robaina Proderechos