La Ley de Regulación del Cannabis se votó hace ya tres años. Tras idas y vueltas, la venta de marihuana legal para consumo recreativo está a punto de concretarse. Uno de los encargados de que el cronograma se cumpla es Diego Olivera, integrante del sector Compromiso Frenteamplista, nacido en 1979 y con un currículum que incluye el pasaje por la ONG El Abrojo y por el programa Jóvenes en Red, que apuntaba a aquellos a quienes los que estudian o trabajan llaman “ni-ni”. Desde junio, y tras la renuncia de Milton Romani, Olivera es secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), cargo que hoy implica estar al tanto de la regulación del alcohol, del diálogo con las farmacias y del análisis de lo que la gente deja en los baños químicos de fiestas electrónicas, para saber qué se consumió.

¿Con qué ideas venís a este nuevo cargo? ¿Vas a implementar cambios o habría que leerlo más como una continuidad con la gestión de Romani?

-Yo haría una lectura de toda la gestión de los gobiernos progresistas, que incluye también el período que llevó adelante la secretaría de Julio Calzada. Es de continuidad, sobre todo, en los principios rectores de la política. Creo que los gobiernos progresistas lograron darle un desarrollo a la política de drogas mucho más integral y equilibrado, con el centro en los derechos humanos, en la salud pública y en la integración social. Previamente a la llegada del Frente Amplio al gobierno, el componente de atención, tratamiento y prevención estaba muy debilitado y había un predominio en el control de la oferta y en la represión del narcotráfico. Mi llegada también puede tener un componente de cambio en el sentido del cambio generacional, que es notorio. Yo no creo que lo generacional sea un elemento determinante, pero a veces es un posibilitador para observar los problemas desde otra perspectiva, focalizar en algunos aspectos de la gerencia estratégica y el desarrollo institucional que ya estaban presentes e impulsarlos más allá de lo que se venía trabajando.

¿En qué anda la comisión interpartidaria sobre alcohol?

-Se han evaluado las distintas medidas para ir hacia una mayor regulación del mercado, y hay acuerdos vinculados a la restricción de los horarios de venta, pero no se trata sólo de quedarse allí. Existe la idea de ir hacia un paquete de medidas integral, que incluya la regulación de la publicidad, de los permisos, y el registro de los lugares donde se comercializa el alcohol; y particularmente consiste en organizar los sistemas de fiscalización, porque hay cierta tentación de crear sanciones, cuando, si uno mira lo que tenemos, podemos optimizar la normativa actual. Ya se dispuso crear un espacio de coordinación entre los distintos organismos que tienen competencia: las intendencias, el INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay], la DGI [Dirección General Impositiva], el BPS [Banco de Previsión Social] en algunos casos, el Ministerio del Interior. Y trabajar con un enfoque de prevención: el alcohol es, en términos de prevalencia, la droga de consumo número uno y también la que reviste mayores situaciones de riesgo y de consumo abusivo. A lo largo de la historia se ha colocado una especie de frontera entre el alcohol y las drogas ilegales, pero nosotros entendemos que conviene verlo también como una droga que puede tener distintos tipos de uso, incluyendo un uso problemático, que lo hay. El paquete de medidas recoge la experiencia de dos proyectos de ley que circularon por el Parlamento y que no llegaron a buen puerto, para lograr una normativa que congregue el suficiente consenso político como para que se apruebe.

¿No está la inquietud de que esas medidas generen un mercado? Ya hay, por ejemplo, deliveries de alcohol que trabajan por fuera de la regulación.

-Es una de las dimensiones que se analizan. Entendemos que los procesos de regulación tienen que revestir una coherencia con lo que han sido la regulación del mercado de cannabis y la del mercado de tabaco. Cada sustancia tiene requerimientos específicos, porque su impacto en la salud es distinto, porque la percepción que tiene la población del riesgo que implica su uso es distinta y porque tienen un lugar cultural y una historia diferentes. El tipo de regulación tiene que contemplar esa realidad, pero sobre todo tiene que incidir en el uso problemático, no en el consumo social. Acá nadie se plantea generar una lógica prohibicionista o persecutoria, sino simplemente reducir estímulos innecesarios al consumo: revisar las pautas publicitarias, el horario en el que se exhiben, la forma en que se dispensa el alcohol y en qué tipo de locales. Son aspectos que están en proceso de discusión.

¿Cómo siguió el tema de las intervenciones en las fiestas electrónicas? ¿Qué se hizo y qué se piensa seguir haciendo?

-La JND tiene una larga trayectoria de intervención en eventos masivos, en general. Pueden ser fiestas de carnaval, festivales folclóricos, toques de rock. Acompañando el cambio cultural y la transformación de los patrones de recreación y de encuentro que tienen los uruguayos, entendimos que es necesario estar presentes en ese tipo de fiestas. Hemos tenido una muy buena recepción por parte de los productores; se ha generado un hábito de que quienes van a producir fiestas masivas vengan a asesorarse con integrantes de la JND. Eso es muy bueno, porque implica una responsabilidad social bien entendida de generar espacios de cuidado de quienes participan en las fiestas, generar acceso a la atención médica, al reposo, a un espacio con cierta aislación acústica (lo que hemos denominado “carpas de achique”), que en muchos casos son financiadas por los propios organizadores de eventos. Por otro lado, tenemos el Sistema de Alerta Temprana, una red de información entre organismos asistenciales y vinculados a la represión del tráfico ilícito de drogas, que proporcionan y colectivizan información. En lo que llamamos “drogas de diseño” hay una evolución permanente de sus compuestos, sus formas de elaboración y adulteración, que nos ha permitido reconocer e informar a todo el sistema sanitario de la presencia de determinadas sustancias que pueden generar efectos asociados. Socios primordiales del Sistema de Alerta Temprana son el Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas, los dispositivos Ciudadela, que están distribuidos en todo el país y desde los que recibimos muchas consultas de usuarios de drogas, y, eventualmente, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, que también reporta del tipo de incautaciones que se realizan. En este momento no estamos auspiciando dispositivos de testeo de sustancias, como los que acontecieron, pero tenemos un paquete de medidas de un impacto interesante.

Por otro lado, tenemos una coordinación con la Universidad de la República, por intermedio del Departamento de Antropología [de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación]. Generamos una publicación que sale en octubre, que se llama Viajes sintéticos, que apunta a facilitar la comprensión de por qué emergen estas drogas, qué tipo de interacción o vínculo generan los usuarios con ellas y en qué contexto. También tenemos una línea de cooperación con la Facultad de Química y el Polo Tecnológico de Pando en el análisis de los compuestos químicos. Implementamos una metodología muy interesante e innovadora de análisis de residuos en baños químicos de fiestas electrónicas: cada cinco usuarios, ingresa uno de los investigadores, extrae la muestra de esas deposiciones, y estas se analizan en un laboratorio. Está resguardada la privacidad, porque es un conjunto de fluidos de varias personas, pero al menos nos permite saber lo que efectivamente se está consumiendo, porque uno podría decir que entre la incautación -que a veces se realiza en el proceso de ingreso- y qué están consumiendo las personas puede haber algún tipo de modificación. Esta estrategia que hemos implementado con el doctor [Eleuterio] Umpiérrez, de la Facultad de Química y el Polo Tecnológico de Pando -que también vamos a publicar en octubre-, nos permite la gestión de un sistema que puede emitir, como hicimos en el caso de la cocaína adulterada con levamisol, alertas al sistema sanitario, para que sea posible saber con qué tipo de situaciones se pueden encontrar y cómo abordarlas, y generar una acción de reducción del daño. Adicionalmente, algunas alertas públicas, que no van en contra del mensaje general del gobierno de que es mejor no consumir drogas, sino que, en el caso de los usuarios, van en el sentido de que siempre es bueno tener alternativas de reducción de riesgos.

Vamos a entrar en el tema candente: el cannabis. Se anunció que en setiembre ya va a empezar a correr el registro en el Correo Uruguayo. ¿El sistema asegura el anonimato?

-Sí. El registro en las oficinas del Correo va a ser realizado por los funcionarios, aportando cédula de identidad y huella dactilar. Los datos sensibles de los compradores en las farmacias van a quedar encriptados en un sistema con un alto estándar de seguridad. Vamos a estar, además, difundiendo cuáles son las garantías desde el punto de vista de la protección de los datos personales que, además, reposan en la normativa específica. Se ha contado con el asesoramiento de AGESIC [Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento] para llevar [la protección] a su máxima expresión, por lo sensible que es para cualquier ciudadano el hecho de encontrarse en una base de datos de este tipo.

¿Se va a poder acceder a la base de datos desde algún organismo público?

-Exclusivamente por orden del Poder Judicial.

¿Cómo va la cosecha? En setiembre florecen, pero ya hubo una floración en lo que va de este año.

-Es cierto que en el proceso de cultivo del cannabis hay un factor estacional y climático de la productividad, pero se está trabajando con las dos empresas licenciatarias para adquirir la tecnología suficiente en términos del control del microclima de los invernaderos y la temperatura, para no depender de la estacionalidad. Apuntamos a lograr una producción pareja a lo largo del año.

¿Se sabe cuánto hay cosechado hasta hoy?

-No solamente sabemos cuánto hay, sino las condiciones sanitarias de la cosecha, que son óptimas. Adicionalmente, conocemos -esto es información que va a estar en el envase en el que se presente el cannabis- la concentración del THC [tetrahidrocannabinol], un valor que, en general, los usuarios de cannabis no conocen, a no ser que puedan acceder a un laboratorio. Va a haber dos garantías, además: de los análisis microbiológicos y sanitarios, y de la conservación del producto.

¿Va a haber más de una variedad?

-Va a haber dos variedades, alfa y beta, con una denominación genérica y un empaquetado provisto por el Ircca [Instituto de Regulación y Control del Cannabis]; va a tener las advertencias sanitarias que formuló el Ministerio de Salud Pública. Van a venir presentadas en envases de cinco y de diez gramos. Son dos variedades vegetales distintas, pero no hay entre ambas una gran diferencia en términos de concentración de THC.

Pero, ¿cuánto volumen hay hoy? ¿Se puede decir?

-No. Pero sí se puede decir lo siguiente: va a permitirnos abastecer a este primer conjunto de farmacias y, rápidamente, de acuerdo a las previsiones que hemos tenido desde el punto de vista agronómico con las dos empresas que están llevando adelante la producción, va a ir en aumento. Recordemos que se apunta a llegar a dos toneladas por predio por año, lo que hace unos 160 kilos por mes por empresa productora.

¿Se sigue manejando el número de 30 farmacias que aceptaron la venta?

-Sí. Es un número que va en aumento. Apuntamos a generar las suficientes garantías y la oportuna comunicación con los propietarios de las farmacias -porque recordemos que, hasta el momento, hubo una comunicación con las gremiales-, con los propietarios farmacéuticos, que tienen un espectro bastante amplio, desde pequeños propietarios familiares hasta cadenas medianas o más importantes. Ya tenemos las farmacias necesarias para desarrollar una primera etapa. Hoy, lo que nos ocupa es la cobertura nacional, porque no queremos una inequidad territorial en el acceso al cannabis. Queremos que cualquier ciudadano, en cualquier punto del país, pueda gozar del usufructo de los beneficios que brinda la ley.

Trascendió hace poco que hubo dos intentos de robar cannabis de los predios cultivados, por parte de internos del Penal de Libertad. ¿Se intensificaron las medidas de seguridad a partir de eso? Se habló incluso de que habían roto un alambrado.

-Fue un intento protagonizado por dos personas. En realidad, ese episodio confirma que las medidas de seguridad funcionaron, porque ese robo no pudo llevarse a cabo. Obviamente, un evento de ese tipo nos da la oportunidad de ajustar procedimientos, de incluir algún otro tipo de vigilancia adicional, alguna ronda a caballo, por ejemplo, que estamos coordinando con la Policía.

La pregunta del millón: ¿cuándo se empieza a vender?

-El cronograma que tenemos es, desde el lanzamiento del registro, comenzar la venta en farmacias el mes siguiente [octubre].

¿Alguien la fumó, ya, para probarla?

-No. Los análisis que hemos realizado son todos a nivel de laboratorio.