El Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, elaboró un informe de coyuntura que integra balances de los últimos 18 meses y perspectivas para 2017. Su presidente, Milton Castellano, dijo al portal de la central sindical que 2016 cerró con mejores indicadores que aquellos con los que comenzó. Destacó además la negociación colectiva que se llevó adelante con los lineamientos de 2015, y que supuso un incremento agregado de 1,5% a los salarios de los trabajadores, según publicó Brecha en su última edición del año pasado. De todas formas, la buena noticia no es visible en los sectores que tienen dificultades desde hace ya un buen tiempo. “Si no se aplican políticas sectoriales de promoción y defensa del empleo a partir de políticas activas de empleo y capacitación”, sostuvo Castellano, no habrá mejoras para los trabajadores más sumergidos. Tal es el caso de los trabajadores rurales de los sectores arrocero, ganadero y lechero, que vieron cómo la parte empresarial se retiraba de las negociaciones; la Asociación Rural del Uruguay (ARU) emitió luego un comunicado en el que decía haberse retirado porque el Poder Ejecutivo “vulneró” el principio de autonomía en el Consejo de Salarios.

En el caso de los supermercados se acordó alcanzar 20.000 pesos de salario mínimo en julio de 2017. El acuerdo llegó tras varias reuniones, asambleas y movilizaciones que incluyeron “trancazos” en los negocios, represalias de algunas patronales y denuncias de los trabajadores. El presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS), Fabio Riverón, dijo a la diaria que “sin dudas”, la firmada fue la mejor propuesta que tuvieron sobre la mesa.

“Yo diría que Uruguay hoy tiene una situación en la que se preveía que los trabajadores íbamos a caer y no caímos; estamos en una situación más o menos de flotación. Es mucho mejor esa circunstancia para ver los desafíos del año que comienza”, manifestó, por su parte, Castellano. Explicó que desde este año la evolución de los salarios reales comenzará a estar “más estrechamente ligada” a los nuevos lineamientos salariales, lo que, dadas sus características (semestralización de los ajustes, alargamiento de los plazos en que se realizan los correctivos y ajustes nominales por todo concepto, entre otros), provocará una nueva desaceleración del salario real en los próximos años, dificultando las posibilidades de crecimiento del consumo interno.

Que pague más el que tiene más

Castellano dijo que en 2015 hicieron algunas propuestas de tributos con la “filosofía de que pague más el que más tiene”. El impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, el impuesto al juego, entre otros, permiten “mejorar la arcas y cumplir así con los objetivos planteados”. A mitad del año pasado, el Secretariado del Frente Amplio se reunió con el presidente Tabaré Vázquez y se llegó a un acuerdo para que la tercera franja de asalariados, que perciben entre 33.400 y 50.100 pesos, siguiera pagando 15% de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, y no más, como se había planteado al principio. Se resolvió entonces que el monto no recaudado en esta franja se obtuviera de franjas superiores, pero la central considera que con eso no alcanza. “Si no se cambia la estructura tributaria, será muy difícil alcanzar objetivos en educación, cuidados, vivienda e inversión”, afirmó Castellano.

Todas las fichas a UPM

“Por el momento, la única señal que se avizora en el mediano plazo para romper con el estancamiento parece ser la inversión extranjera, y en concreto la instalación de una nueva planta de celulosa de UPM. Si bien hubiera sido deseable que la reactivación económica viniera no sólo de la inversión extranjera, hoy parece ser el único camino viable para la actual conducción económica”, expresó el dirigente. En 2014, una delegación del gobierno de José Mujica, junto a representantes sindicales, viajó a Finlandia y se reunió con la directiva de UPM para explorar esta posibilidad, que hoy ya es un proyecto cuya información manejan con cautela las autoridades de Presidencia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La pastera tiene previsto producir 2.600.000 toneladas de celulosa. El gobierno deberá buscar 1.000 millones de dólares por medio de inversiones privadas o público-privadas para complementar los 4.000 millones de dólares que invierte UPM.