Esta es la segunda temporada en que se limita el acceso a la playa de Aguas Corrientes, balneario ubicado sobre el río Santa Lucía en el que está la planta potabilizadora -fundada en 1871- que da nombre a la localidad. La playa no ha estado habilitada para baños este verano, por tener concentraciones de coliformes superiores a las permitidas, pero no por eso ha dejado de tener público ni bañistas. Los habitantes del lugar tienen que tramitar un pase libre -lo retiran de lunes a viernes de 17.00 a 19.00- y los foráneos deben pagar 50 pesos. El predio pertenece a OSE y fue cedido al Club Náutico Aguas Corrientes en 1950; allí funciona un camping con sus respectivos baños y una cantina. Los acampantes deben pagar 70 pesos por día.

La playa está ubicada a unos 400 o 500 metros de la zona de camping y a ella se llega por un único camino, que es el que tiene la portera. Salvo los guardavidas, que son funcionarios de la Intendencia de Canelones (IC), en la playa no se brinda ningún servicio: no hay baños ni agua potable. Varios lugareños y habitantes de las proximidades han manifestado su indignación por el cobro de entrada; además, contaron que quienes están en el portón de ingreso no son del lugar, por lo que no identifican claramente a los lugareños. Cuestionan, también, que no haya servicios y que el lugar no esté limpio.

En diálogo con la diaria, Daniel Pérez, presidente de la Comisión Directiva del Club Náutico, alegó que es imposible mantener el lugar en buenas condiciones sin cobrar. Apuntó que el club se encarga de cortar el paso del área parquizada, de mantener los baños y de que haya seguridad durante todo el año. Comentó, además, que en enero y febrero del año pasado pagaron casi 60.000 pesos de agua. Agregó que el club también tiene una escuela de canotaje, que se financia con parte de esa entrada. Por otra parte, Pérez argumentó que “antes OSE colaboraba mucho con el Club Náutico, pero hoy ya no lo hace y nos sentimos perjudicados”. Por ejemplo, dijo que cortaba el pasto, reparaba los baños, se encargaba de trabajos de albañilería (las inundaciones en invierno son frecuentes y provocan destrozos importantes), resolvía problemas eléctricos y hasta tenía una persona permanente de relaciones públicas. Desde hace unos años “se entregó todo al Club Náutico”, dijo, y “el predio venía barranca abajo por no cobrar”. Comentó, además, que 50 pesos no es un costo muy elevado y que otros campings del país cobran bastante más.

Pero quienes van a la playa no necesariamente utilizan las instalaciones del club. Pérez señaló, sin embargo, que de todos modos corresponde el cobro del ingreso porque quien quiere llegar hasta a la playa, “volando no va”, y al atravesar el predio puede verlo limpio y con el pasto cortado. Agregó que hay que mantener la caminería, aunque para eso cuenta con apoyo de la IC. Fundamentalmente, destacó que el lugar tiene mayor seguridad que antes y que muchos comerciantes y habitantes del lugar valoran ese aspecto.

El alcalde de Aguas Corrientes, el nacionalista Álvaro Alfonso, deslindó responsabilidades. Al ser consultado por la diaria, respondió: “Con eso el municipio no tiene nada que ver. El municipio no opina. Es un predio privado: hasta la puerta el municipio puede hablar; después de la puerta, no, porque es un predio privado. Es una decisión del Club Náutico y, como tal, se tomó”. Alfonso valoró que “hay cosas que están bien hechas” y señaló que el club está cerrando el ingreso al predio durante la noche, y dijo que esa era una decisión que había tomado OSE en 1992 y nunca se había aplicado.

Las opiniones frente a aquella portera que antes no estaba son diversas. Robert Martínez, comerciante, es uno de los disconformes; junto a su esposa, el almacenero pidió a la Comisión Directiva del club, mediante una solicitud judicial, que se habilitara el pasaje a la playa, pero no obtuvo respuesta afirmativa. “La comisión se basa en que es privado, cuando es público”, exclamó, en alusión al predio cedido en comodato. “La calle que va hacia el río pasa por el predio y te cobran una entrada, un peaje por ir a bañarte, o por ir a sentarte a la sombra, en una playa que es pública”, reclamó. Según Martínez, la medida afectó el turismo, que, a diferencia de lo que observa Pérez, disminuyó en los últimos dos años por esta medida, porque “una familia de cuatro o cinco personas llega y se encuentra con que tiene que pagar 200 o 300 pesos sólo porque tiene que pasar 500 metros”. A su entender, la seguridad no es tan buena; coincidió en que está bien que el camping cobre por el servicio que brinda, aunque cuestionó la calidad, puesto que las duchas son pocas y de agua fría, algo que también dijeron a la diaria personas que estaban acampando el martes. El comerciante indicó, además, que la Policía brinda el servicio Verano Azul y que la seguridad es resorte de ese organismo.

Consultada por este medio, Ximena Acosta, directora de Turismo de la IC, reconoció que “es un tema que tenemos que ver”, y adelantó que esta semana iría a hablar con el municipio. Comentó que ha recibido varias llamadas por ese tema y dijo que quiere saber “en qué está el comodato” y visitar el camping, puesto que no lo tiene registrado. Dijo desconocer la situación y expresó que le sorprendió cuando se enteró, pese a que este es el segundo año en que se cobra por ingresar. “Si bien sabemos que es un ámbito privado, hay que buscarle la solución; si es un espacio público no deberían cobrar, y en el supuesto caso [de que lo hicieran], debería haber un mínimo de servicios”, opinó.