La Cámara Empresarial de Maldonado y el Centro Comercial e Industrial de Rocha defendieron la decisión de algunos propietarios de estaciones de servicios del este del país, agrupados en la asociación Vendedores de Combustibles de Maldonado (Vecoma), que no aceptan tarjetas de crédito en las estaciones. La ministra de Turismo, Liliam Kechichián, dijo la semana pasada a la radio Sarandí que la resolución de los estacioneros le parecía “triste”, y consideró que “podrían haber esperado a otro momento”, en referencia al impacto de la medida sobre el turismo.
En un comunicado conjunto emitido ayer, las gremiales empresariales del este del país le respondieron a Kechichián que “tal vez no sentiría tanta tristeza si supiera que hace unos meses se modificó la renta de los estacioneros unilateralmente”, en referencia a los cambios que introdujo ANCAP en la paramétrica. Estos cambios, según los empresarios, los obligan a recortar gastos. La renta anterior de los estacioneros era, según los empresarios, “lo único que funcionaba bien en ANCAP”. “Es decir, el gobierno no obró como lo han hecho con los sindicatos, sentándose a conversar para negociar acuerdos: cambió la relación del negocio y hoy al variar esas condiciones de manera unilateral y caprichosa, no sólo afectó directamente al sector, sino que además envió otro mensaje que pone en duda la estabilidad necesaria para desarrollar cualquier empresa honesta”, sentenciaron los empresarios. “Quizás el dolor de la Ministra no sería tan profundo, además, si comprendiera que la implementación de la inclusión financiera también reduce la rentabilidad, porque las comisiones de las tarjetas de crédito son en Uruguay tres veces más altas que en el resto del mundo”, agregaron.
Los empresarios afirman en el comunicado que deben preguntarse “si interesa que haya estaciones de servicio, o si el proyecto del gobierno es que las administre el Estado, un Estado que, a todas luces, parece no preocuparse por perder millones y fundir las empresas que administra”. “Señora Ministra, en la medida que la rentabilidad se siga reduciendo con decisiones caprichosas, estos problemas, en lugar de resolverse, van a extenderse. Todos los ciudadanos uruguayos tenemos el derecho de defender la integridad y prosperidad del negocio decente que iniciamos”, concluyen.