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Nacional | Jueves 12 • Enero • 2017

Enzo Benech y Avelino Casas, luego de la conferencia de prensa, ayer, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Foto: Pablo Vignali
Enzo Benech y Avelino Casas, luego de la conferencia de prensa, ayer, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Foto: Pablo Vignali

Inspectores del MGAP comenzarán a concurrir a predios de producción familiar para controlar fraudes en el registro

Tras detectar ciertas “incoherencias” en las declaraciones de algunos productores registrados como familiares, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) anunció nuevos mecanismos de control sobre la veracidad de la información presentada en su registro a partir del miércoles 18 de enero. Hasta entonces, aquellos que no cumplan con las condiciones podrán darse de baja, mientras que “quienes no lo hagan y se corrobore su fraude serán derivados a la Justicia”, explicó a la diaria el técnico de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), Fabián Mila.

Las alertas provinieron tanto de denuncias ciudadanas a través de las Mesas de Desarrollo Rural como de “sospechas” dentro del propio ministerio al percibir ciertas “incoherencias” en la documentación entregada por algunos productores alegando ser “familiares” para acceder a las políticas públicas diferenciadas que brinda la cartera desde 2007 al grupo conformado por actualmente 33.268 personas y 20.671 unidades productivas. Si bien puede llegar a haber algún caso de información ingresada por error, Mila estableció que “lo que hay, más que nada, son productores que, viendo los beneficios de los productores familiares, falsean el registro”.

Por este motivo, el 18 de noviembre el MGAP resolvió que todos los productores familiares registrados en la DGDR contarán con un plazo de 60 días para “corroborar la veracidad de la información otorgada en la declaración jurada y actualizar o solicitar la baja del registro oportunamente”.

Transcurrido ese plazo –el miércoles 18-, la cartera comenzará a fiscalizar la información declarada y procederá con las inspecciones. Esta es la primera vez que el MGAP toma cartas en el asunto, ya que hasta la fecha los únicos controles vigentes eran de carácter administrativo. “Con esta resolución [ministerial] estamos cubiertos legalmente para visitar los predios y corroborar cierta información además de continuar con la vía administrativa” afirmó el economista, quien estableció que en caso de constatarse datos que “no se ajusten a la realidad, se procederá a efectivizar la denuncia penal correspondiente”.

Ayer, en conferencia de prensa, el ministro interino, Enzo Benech, destacó la importancia del tema y “sobre todo del control ciudadano” sobre el asunto. “Somos parte de un gobierno de izquierda que en su momento decía ‘que pague más el que tiene más’ y hoy podemos hacer políticas diferenciales que impliquen que a los más chicos, a los que tienen menos, los ayudamos con más crédito o más subsidio –porque a veces también es necesario-”. Sobre el eventual fraude, consideró que “somos todos buenos pero si lo probamos, mejor”.

Registros caídos

Por otro lado, también deberán actualizar su registro unos 1.000 productores cuya declaración jurada vence en el año que corre, ya que el MGAP estableció la caducidad del registro cada cinco años.

La caída de los registros se estableció por resolución en 2014 al percibir cierta desactualización en los datos y dada la importancia de contar con “información verdadera y certera de las características de los productores”. “Sabemos que la información muchas veces puede cambiar porque compran más tierra o porque hacen más intensiva su producción, y que si [los formularios] no vencen es difícil que los productores la actualicen”, explicó Mila.

La responsabilidad de mantener el registro vigente recae sobre los productores, quienes deberán presentar una nueva declaración jurada para dar cuenta de los datos del núcleo familiar y las características de la actividad productiva; de lo contrario, perderán la categoría a partir de este año. El trámite es gratuito y se realiza en cualquier momento en las oficinas del MGAP de todo el territorio nacional.

Las políticas diferenciadas

Al estar registradas como productor familiar, las personas o unidades productivas acceden a diferentes beneficios, como planes, programas y proyectos gestionados por el MGAP y otros entes estatales. Uno de ellos son las seis convocatorias que ha abierto la DGDR para el financiamiento parcial de inversiones, asistencia técnica y capacitación de los productores: los planes de gestión para la producción ovina, que implicaron una inversión de 3,6 millones de dólares y beneficiaron a 857 productores familiares (84% del total); los Sistemas Productivos Integrados Agroforestales, inversión de 3,75 millones de dólares que llegó a 207 productores familiares (79% del total); las propuestas para la innovación tecnológica y el manejo sustentable de los recursos naturales en la producción lechera, con una inversión de 7,35 millones que abarcó a 689 productores familiares (80% del total); el programa de Producción Familiar Integral y Sustentable, para el que se invirtieron 13 millones y se convocaron 1.970 productores familiares (89% del total); el programa Más Valor a la Producción Familiar, que implicó una inversión de 625.000 dólares y llegó a 166 productores familiares (87% del total); y el programa Más Valor a la Producción Ovina, para el que se invirtieron 1,6 millones y que abarcó a 344 productores familiares (77% del total).

Dentro del MGAP, también existe el Fondo Agropecuario de Emergencia, creado en 2007 y utilizado en operativos de emergencia en 2011 y 2015 como apoyo logístico y financiero a la suplementación alimenticia estratégica al ganado de 2.681 productores familiares. Por otro lado, el plan piloto de acceso a seguros en ganadería que se está aplicando en tres zonas del país: desde 2015 en Basalto y Sierras del Este y desde 2016 en el eje sur de la ruta 7, que llegó a 54, 124 y 120 productores en cada caso. También se implementó, el año pasado, un préstamo parcialmente reintegrable a 604 productores familiares apícolas por medio de República Microfinanzas como respuesta a los efectos adversos de los eventos climáticos ocurridos en 2015 sobre esta actividad productiva; en la misma línea, en 2015 se dio acceso diferenciado al financiamiento de 691 productores familiares lecheros remitentes con un préstamo mínimo de 8.000 dólares a aquellos que remitieron un volumen por debajo de esta suma.

En otro orden, el Banco de Previsión Social determinó una exoneración de 50% del aporte mínimo patronal para las unidades productivas familiares desde 2009, que alcanzó aproximadamente a 10.000 empresas rurales por cuatrimestre. También en 2014 se estableció por ley un régimen de compras públicas por el cual se reserva 30% de las compras públicas centralizadas y 100% de las compras públicas descentralizadas para la agricultura familiar, y en 2015, la exoneración de la contribución inmobiliaria rural de las primeras 50 hectáreas.


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