La creciente utilización de aplicaciones informáticas para servicios no sólo les dio dolores de cabeza a los dueños de taxis el año pasado. En los primeros meses de 2016, las inmobiliarias hicieron sentir sus quejas por el uso de aplicaciones informáticas para la compra y alquiler de viviendas, y esa preocupación se reitera este año.

La semana pasada, Javier Sena, vicepresidente de la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este, dijo al diario El País que pese a la importante afluencia de turistas en esta temporada, sólo una minoría de ellos concretó arrendamientos mediante negocios formales. “La inmensa mayoría de los inquilinos no está pasando por las inmobiliarias, porque no le conviene debido al pago de impuestos. Eso ha llevado a que más de 90% de los arrendamientos esté abocado al mercado informal, como los portales”, aseguró Sena. Dijo que en lo que va de esta temporada se ha registrado 50% menos de alquileres por medio de inmobiliarias en comparación con la temporada anterior. Remarcó que el pedido de las inmobiliarias es que estos portales, y en general todo el mercado informal, paguen los mismos impuestos que se tributan en el mercado formal.

Consultada sobre esta situación, la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, dijo a la diaria que se trata de un tema “bien complejo, que muchas ciudades del mundo no han podido resolver”. Señaló que Airbnb, uno de los principales portales inmobiliarios, “hoy está incorporado como miembro asociado a la Asociación Mundial de Turismo, fue espónsor de las Olimpíadas de Río, por lo que es un tema bastante más complejo que decir: prohíbo o no prohíbo”.

Admitió que para las inmobiliarias que pagan sus impuestos y tienen garantías, este tipo de aplicaciones significa una “competencia desleal”, pero son “una realidad y vinieron para quedarse”. “Se pretende que efectivamente puedan hacer algún aporte. En Montevideo se logró cierto avance respecto de Uber, que fue aceptado por todas las partes. Ojalá se pueda avanzar, pero no es sencillo”, declaró Kechichián. Se refería al decreto aprobado por la Junta Departamental de Montevideo en diciembre de 2016, que estableció la obligatoriedad de un registro de empresas y conductores para empresas de transporte como Uber y Cabify, además de imponerles un canon por kilómetro recorrido.

Regulación general

Kechichián recordó que el Ejecutivo “quiso dar una señal” en dirección a una regulación de estas aplicaciones con el proyecto de ley que envió al Parlamento el año pasado, y que fue aprobado por la Cámara de Representantes en diciembre.

El proyecto regula “todos los servicios prestados en el territorio nacional, a título oneroso, que utilizan para su contratación una plataforma informática de intermediación”. “Dichos servicios estarán sujetos a las disposiciones del ordenamiento jurídico que les sean de aplicación, en función de la actividad que desarrollen, con independencia de la utilización de medios electrónicos para su contratación”, se señala en la iniciativa.

El proyecto puntualiza también que las relaciones de trabajo que se entablen para la prestación de los servicios en cuestión deberán regirse por las normas vigentes en materia laboral, administrativa, previsional y tributaria. Encarga a los órganos del Estado que ejercen funciones de contralor la fiscalización del cumplimiento efectivo de estas normas. De estas disposiciones puede deducirse que, en el caso de las aplicaciones informáticas inmobiliarias, estarían obligadas a pagar los tributos correspondientes por ventas y alquileres.

La iniciativa obliga a los titulares de las aplicaciones informáticas a facilitar un acceso “adecuado” a la información que se establezca en la reglamentación, tanto por parte del Estado como por parte de los destinatarios del servicio.

En la Cámara de Representantes, el proyecto fue aprobado con los votos del Frente Amplio. En el informe en mayoría, se sostuvo que se trata de una “norma minimalista” que promueve la “igualdad ante la ley”. El Partido Nacional presentó un informe en minoría en el que proponía modificar algunos aspectos del articulado, por entender que ciertos artículos eran inconstitucionales, que se requerían garantías para el pedido de acceso a la información, y también porque los legisladores de ese partido entendían que no debía exigirse a los titulares de las aplicaciones informáticas los mismos requisitos que a las empresas tradicionales. El Partido Colorado presentó otro informe en minoría, en el que valoró que el proyecto propuesto es innecesario y “peligroso”.

Ahora la iniciativa está a consideración de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores. El senador nacionalista Álvaro Delgado dijo a la diaria que el texto ingresó en la última sesión de la comisión y que prefiere “conocerlo antes de opinar”.