La Suprema Corte de Justicia (SCJ) es el máximo órgano del Poder Judicial del país. Está conformada por cinco ministros que se mantienen diez años en sus funciones y son elegidos por la Asamblea General del Poder Legislativo, por mayoría especial. Sin embargo, si surge una vacante y esta no se llena antes de los 90 días, automáticamente queda designado el ministro con más antigüedad en el cargo en los tribunales de Apelaciones. Actualmente lo que urge resolver antes del 24 de febrero es quién suplirá a Jorge Larrieux -quien abandonó su cargo como miembro de la SCJ a fines de octubre, por haber cumplido 70 años-, pero la aspiración política es lograr acuerdos para todas las venias que resta aprobar para los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas de la República y la Corte Electoral. Por este motivo, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) divulgó un comunicado en el que, con otras organizaciones sociales, manifiestan su preocupación por el proceso de elección de los ministros. Exigen que los legisladores abandonen “una práctica que no se encuentra a la altura del desarrollo democrático del país, y la sustituyan por un proceso de elección transparente, basado en criterios objetivos de evaluación establecidos con antelación, que permitan considerar los talentos y virtudes de quienes aspiren a ocupar cargos en el máximo órgano judicial”.
Sostienen que es “inaceptable” que el proceso de elección se continúe realizando sin cumplir con “ninguno de estos estándares que hacen a la esencia del sistema republicano y que contribuyen a fortalecer la independencia judicial y la confianza en el sistema de justicia”: transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Por eso, piden que el Parlamento uruguayo dé su opinión sobre la acción de petición que presentaron para que la ciudadanía conozca cómo “se adoptan las decisiones en torno a las designaciones de los ministros de la SCJ, y para promover la posibilidad de que exista un verdadero proceso de elección previo a la designación”. La petición no es nueva; la primera vez que se presentó fue en octubre de 2014, pero terminó archivada al inicio de esta legislatura, sin que fuera tratado el asunto. En junio de 2015 las organizaciones sociales reiteraron la petición, con la “expectativa de encontrar un Parlamento de puertas abiertas al movimiento social”, pero los legisladores aún no han dado respuesta.
Solicitan que mientras no se expidan formalmente sobre la petición, hagan público su fundamento de voto y las razones, motivos, consideraciones y acuerdos político-partidarios que definen quién es ministro de la SCJ.