Eduardo Casanova fue el productor que detectó el problema. En su predio de cuatro hectáreas y media tiene ocho invernáculos: cuatro de tomates y cuatro de morrones. Contó a la diaria que hacía un mes que había trasplantado los tomates y dos semanas que los había encañado, para que tomaran altura. Todo venía bien, pero la semana pasada vio que la hoja se empezaba a enrular y estaba cada vez más amarilla. Llamó a su ingeniero agrónomo de confianza, que fue quien le dijo que lo que ocurría era que la producción se estaba quemando, por efecto de un herbicida que estaba en el agua que llegaba al invernáculo mediante el sistema de riego, por goteo. Casanova vio que les ocurría lo mismo a las plantas que tenía en los otros invernáculos, en los que tenía tomates que estaba cosechando, y en los de morrones. Fue a la casa del vecino y le pasaba lo mismo. “Empezamos a recorrer junto a las aguas del arroyo y estaba todo quemado, y el agua estaba negra, toda con herbicida”.
El agrónomo al que consultó Casanova se llama Sebastián Peluffo y explicó a la diaria que el principio activo que sospechan que se aplicó fue imazetapir, un herbicida aplicado en soja y maíz. En la zona hay un predio de un productor argentino, con una extensión de al menos 200 hectáreas, que tiene plantado maíz y el verano pasado sembró soja. Peluffo detalló que los productores vieron cómo sus plantas se retorcían en la parte superior, y que eso ocurre con productos que “son inhibidores de la síntesis de nueva proteína en la planta”. El ingeniero calculó que “lo más probable es que sea ese herbicida, porque el síntoma en las malezas de los campos aplicados coincide con cómo se están muriendo las plantas en los invernáculos; incluso las malezas, los pastitos que crecen entre las plantas en los invernáculos, tienen los mismos síntomas, o sea que la causa-efecto es totalmente asociada”. Peluffo también sostuvo que en el arroyo observaron “que las malezas y las plantas acuáticas -camalotes, población vegetal de la ribera- tenían los mismos síntomas que las plantas de los invernáculos” y que “hacia arriba, a donde arrancan campos de soja y de maíz, donde recientemente se habían dado esos herbicidas, fuimos y vimos que se estaban muriendo los yuyos”.
“Este año perdí toda la producción, cuatro invernáculos de morrón y cuatro de tomate, y tengo que esperar 90 días para volver a plantar y ya tenés el invierno arriba y no podés plantar nada”, dijo Casanova. El productor tiene plantines de tomate para trasplantar el 15 de febrero, pero no lo podrá hacer, y si tuviera lugar donde plantarlos, no tendría agua para regarlos. “Estamos atados de pies y manos”, lamentó. El agrónomo informó que el plazo que mencionó Casanova es así porque el imazetapir tiene una persistencia muy alta. Citó un artículo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de Argentina, que sugiere que para plantar un segundo cultivo que no sea maíz o soja -modificados genéticamente para resistir el herbicida- en un área que haya sido fumigada con ese principio activo, tienen que pasar de 200 a 400 días. Peluffo indicó que es un producto que se usa en dosis muy bajas: “Con un sobrecito de 70 gramos podés matar todas las malezas de una hectárea, es decir, de 10.000 metros cuadrados. Son herbicidas bastante potentes y con pequeñas cantidades (por ejemplo, lavando una máquina y tirando el agua al arroyo) podés afectar mucha superficie”.
Cuatro agrónomos asesores de los productores denunciaron la situación el jueves 19 en la Intendencia de Canelones (IC), que el viernes hizo una inspección. Matías Carámbula, director de la Agencia de Desarrollo Rural de la IC, explicó a la diaria el caso. Dijo que el viernes concurrieron con integrantes de Gestión Ambiental de la IC, con funcionarios de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca -que es la responsable de hacer los análisis de agua y suelo-, y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Concurrió la Dinama no sólo por la afectación del medioambiente en esa zona puntual, sino por la afectación de la cuenca del río Santa Lucía, puesto que el arroyo Tabárez, que fue el contaminado, es afluente del arroyo Canelón Chico, que desemboca en el río Santa Lucía, pocos kilómetros antes de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes. Carámbula informó que las tres instituciones tomaron muestras y que están considerando si le darán intervención al Ministerio de Salud, puesto que puede estar contaminada el agua de los pozos, que es la que consumen los habitantes del lugar.
Carámbula contó que ayer hubo una reunión a la que asistieron más de 50 personas, y que corroboraron que el problema “es más grande de lo que se pensaba”, puesto que hay siete productores afectados directamente, y otros tantos de manera indirecta. Casanova comentó que esos otros fueron afectados porque el vivero de la zona también usa agua del arroyo, y se quemaron plantines de varios productores familiares.
Con 35 años de edad, Casanova produce junto a su esposa, de 34, y tienen un bebé; hace cuatro años se mudaron al lugar. Antes plantaba en otra zona, y van armando esta quinta de a poco; venden su producción al Mercado Modelo, y ni él ni su esposa saben qué van a hacer. “Casi seguro que tenemos un año perdido por culpa de la gente que planta granos, que no les interesa; aparte son extranjeros”, acusó. Dijo que el año pasado le pasó algo similar, pero que no denunció porque pensó que la afectación era por exceso hídrico.
En la reunión de ayer participaron las autoridades de la IC, el director de Servicios Agrícolas, Federico Montes, referentes de la Dirección General de la Granja, de la Comisión Nacional de Fomento Rural, el alcalde y algunos concejales del municipio de Sauce y ediles departamentales que integran la Comisión de Desarrollo Rural.
Pasos a seguir
Carámbula informó que la IC está asesorando a los productores y enumeró que si los resultados de las muestras tomadas confirman las hipótesis, se están planteando tres itinerarios a seguir. El primero es iniciar una acción civil por los daños que sufrieron los productores, y remarcó que se trata de “productores familiares que quedaron muertos, sin producción y sin plata, sin nada”. En segundo lugar, mencionó que si se confirma la afectación del agua, la IC no descarta iniciar una acción penal. El tercero tiene que ver, concretamente, con las políticas departamentales. Anunció que este año elaborarán una propuesta de plan de ordenamiento del territorio rural de Canelones. Adelantó que “vamos a tener que resolver si decimos que ciertas cosas en Canelones no se pueden hacer”, porque la afectación de productores familiares y del agua “nos permite ir cuestionando cada vez más el modelo del agronegocio en Canelones. Todos los días aparece algún caso que hace cada vez más inviable la coexistencia entre agronegocio y producción familiar”.