“En el [colegio José Pedro] Varela cuantitativamente es donde se registran más despidos, pero cualitativamente hay una diferencia importante con otros despidos que se están registrando en [la escuela y liceo] Elbio Fernández, en el [colegio] Sagrada Familia y en el [colegio Español] Cervantes, porque en estas tres instituciones son despidos de una naturaleza claramente arbitraria”, explicó a la diaria Sergio Sommaruga, secretario de la Comisión de Asuntos Laborales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep).

En busca de créditos

El colegio José Pedro Varela estuvo a punto de cerrar a comienzos del año pasado, cuando la crisis económica se hizo inmanejable; finalmente, y tras la lucha impulsada por padres y trabajadores, el colegio sustituyó a sus autoridades y buscó estrategias para continuar. Pero no salió ileso: su matrícula descendió considerablemente, situación que se repite ahora. Sommaruga explicó que la reducción de la matrícula lleva a una disminución de grupos y a la pérdida de puestos laborales. Contó que hay 40 despidos absolutos y 20 relativos (trabajadores a los que se les redujo su carga horaria); además, hay trabajadores que tenían contratos a término y no se les renovó el contrato. Sobre estos últimos, Sommaruga comentó que si bien no se trata de despidos propiamente dichos, significa, de todos modos, una pérdida de puestos de trabajo. El futuro es incierto: “Las dos cámaras [empresariales] se han negado a formar una bolsa de trabajo”, dijo Sommaruga, en alusión a la Asociación Uruguaya de Educación Católica y a la Asociación de Institutos de Educación Privada; según el dirigente, “responden como empresas capitalistas: ‘Nadie me va a decir a quién tengo que contratar’”, transmitió.

Pero además, el Varela tiene problemas de liquidez y está intentando acceder a un crédito: “Tiene necesidad de un abastecimiento crediticio para lograr tener capital de giro”, resumió el dirigente.

“No creo que haya riesgo inminente de cierre, pero hay un peligro real de inestabilidad que hace que el escenario esté abierto en cuanto al derrotero del Varela. La disminución de la matricula per se no lleva al cierre, [pero] pone en una situación compleja a la institución, en cuanto al acceso al dinero para poder asumir los pagos”. Mediante un acuerdo de confidencialidad, Sintep tiene acceso a la situación financiera del Varela: “Sabemos que la crisis del Varela es genuina y que se arrastra de la gestión anterior, que cometió tropelías varias”, comentó Sommaruga. Todo el año han tenido intercambios que han sido acompañados por la Dirección Nacional de Trabajo, y el 16 de enero habrá otra audiencia tripartita; conociendo los motivos de los despidos, en el que hay poco margen de maniobra, el sindicato procura que se cumpla en tiempo y forma con los créditos laborales. El dirigente sindical aclaró que la gestión del Varela sigue siendo de un consejo directivo que nombra la Sociedad Uruguaya de Enseñanza, que es la sociedad “propietaria” del Varela; la comisión de padres que se conformó el año pasado es asesora y consultiva, nunca asumió la gestión de la institución, aclaró.

Despidos cuestionados

La comprensión que tiene el sindicato hacia el accionar del Varela no es la misma que con las otras tres instituciones, en las que, según el dirigente sindical, “se han registrado despidos que de alguna manera son prototípicos de cómo las empresas actúan llegado el fin de año y el cierre del ciclo lectivo”, puesto que ocurrieron en los últimos diez días de diciembre. “Son despidos que no tienen fundamento ni justificación en base a un proceso racional de evidencias de mala conducta; no hay ningún tipo de elemento probatorio de que cualquiera de los trabajadores haya tenido circunstancias de mala conducta, y se dan con un carácter compulsivo, de un día para el otro”, reprobó.

Según Sommaruga, en el colegio Sagrada Familia el 30 de diciembre despidieron a una delegada sindical. “Le dicen que la congregación decidió tercerizar todo el sector limpieza -ella es funcionaria de ese sector-, pero a la única que despiden del sector es a ella, y es la misma trabajadora que había presentado una denuncia por persecución antisindical en la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social. Claramente, es un ejercicio de violencia institucional contra una trabajadora que está reclamando que se protejan derechos fundamentales”, acusó el dirigente. En el Cervantes despidieron sin fundamentación a una profesora afiliada al sindicato.

En el Elbio Fernández despidieron a una maestra que tenía 31 años de trabajo en la institución: “La llaman el 30 de diciembre para decirle que está despedida, que pase a buscar su liquidación”. Esa maestra estaba afiliada al sindicato y también lo estaba una profesora de inglés y psicóloga que era delegada sindical, a la que le bajaron la carga horaria de 50 horas a ocho, lo que, alega el Sintep, es un despido indirecto. En ese colegio hubo, también, despidos de trabajadores no afiliados al sindicato. De todos modos, el Sintep acusa que estas medidas no se deben a problemas económicos: “El Elbio viene creciendo, pasó de tener 800 alumnos a tener una proyección de 1.500 para 2017. No puede aducir que tiene un drama a nivel de matrícula, de baja de ingresos, porque en pocos años prácticamente ha duplicado la matrícula”, explicó. Buena parte de ese aumento se corresponde con el descenso que tuvo el Varela, agregó. El dirigente dijo que además de los despidos “lo complicado es el procedimiento”: “Es una especie de espada de Damocles que se levanta contra todos los trabajadores, porque el mensaje es ‘en cualquier momento te podemos despedir, no importa si tenés 31 años de trabajo’. Busca disciplinar”.

Por el momento, el sindicato está abocado a la denuncia pública de estos despidos, y en febrero, con el retorno del funcionamiento institucional, harán la primera Mesa Representativa Nacional, en la que evaluarán los pasos a seguir.

Por último, Sommaruga pidió considerar que “la sociedad anualmente subsidia a estas instituciones privadas por un mínimo de 4.000 millones de pesos”, por deducción del IVA de facturación y del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), y eso sin contar las tasas y contribuciones municipales que no pagan, dijo. Razonó que “la sociedad tiene derecho, a través de sus autoridades públicas, a poner en orden la situación, y acá la enseñanza privada está más irrestricta que Wall Street; acá cualquiera hace lo que quiere. Muchas instituciones no tendrían funcionamiento sin los subsidios pero después son la república independiente de las empresas privadas; entonces ¿hasta qué punto el Estado va a permitir que estas empresas sigan haciendo y deshaciendo sin control alguno?”, preguntó. “En el Varela la gestión anterior hizo cualquier cosa, pero ¿quién iba a pensar que el Varela se iba a caer, el colegio laico más grande del Uruguay?”, concluyó.