El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) se movilizará frente a las jefaturas de todo el país el martes 31. Los funcionarios piensan ir sin uniforme y sin armas e invitan a cualquier persona que quiera sumarse; llevarán flores y velas por el fallecimiento de Ingrid González y de otros policías asesinados por motivos que tienen que ver con su profesión. González, de 29 años, murió a raíz del incendio de su casa, ubicada en el barrio Casavalle de Montevideo. La casa ardió a causa de una bomba molotov que, según la investigación, ingresó desde afuera en la madrugada del 10 de enero. La Justicia procesó con prisión a un joven de 18 años que, si bien no confesó haber tirado la bomba, fue señalado por otra persona que declaró que se lo había cruzado en la plaza con la bomba en la mano. Ante la pregunta de para qué la quería, el joven habría respondido que era para tirarle al sobrino de González, de 15 años, que vivía con su tía, como venganza por una pelea. Esa noche el sobrino de González no estaba en su casa; dormían la policía, su madre y sus dos sobrinas, de siete y nueve años, que sufrieron quemaduras.

Mientras no se conocía el motivo del asesinato, se rumoreó que podía tratarse de una venganza. Incluso, el diputado nacionalista Jaime Trobo escribió en Twitter que esa muerte era “un acto de terrorismo mafioso”. El subsecretario del Ministerio del Interior (MI), Jorge Vázquez, buscó bajarle el tenor. “Creo que en este tema se está exagerando un poco”, declaró al portal Ecos, y dio cuenta de que se estaba averiguando si había habido amenazas. Al día siguiente, el fallo del juez Tabaré Erramuspe despejó esas cuestiones.

Pero las declaraciones de Vázquez no pasaron desapercibidas en el SUPU. Luis Clavijo, presidente del sindicato, dijo a la diaria que el SUPU había resuelto en un plenario ocurrido luego de una muerte anterior a la de González que “si había una próxima víctima se comenzaría a hacer algún tipo de concentración para tratar de sensibilizar del problema que tenemos”.

La muerte de González fue un detonador para el SUPU, pero más lo fueron las palabras de Vázquez. “El vaso se derrama por las declaraciones del subsecretario del Interior, que le quita trascendencia [a la muerte] diciendo que se estaba agrandando el problema cuando no es así”. Comentó que “permanentemente” el SUPU ha elevado informes “sobre la gravedad de los hechos que estaban pasando con policías”. Puntualizó que esos hechos “ya habían empezado en 2008 con ataques con bombas molotov a quioscos y subcomisarías que estaban cerca de los barrios conflictivos, y en este último tiempo se venían dando las rapiñas en las que se lastimaban a policías para robarles el chaleco y la pistola; en el medio hubo una toma de comisaría, y el ministro dijo que era una comedia brasileña que estábamos haciendo nosotros. El tema es que los hechos son cada vez más”, expresó Clavijo.

Entre los “ataques al uniforme” mencionó el caso del policía de Santa Catalina Marcos Melo, asesinado en agosto al bajar del ómnibus. Sobre él, Clavijo comentó que “había presentado 12 denuncias ante la Justicia y no lo habían atendido”, y que “hay una dificultad de acceso a la Justicia por parte de los policías, incluso algunos policías habían sido sancionados por dar intervención a la Justicia”.

El SUPU tiene 5.000 afiliados. Clavijo lo define “apolítico” y destaca que no depende del PIT-CNT. Según Clavijo, no han mejorado las condiciones de trabajo de los policías. Mencionó que no todos tienen chaleco, como declaran las autoridades, y que los policías de cárceles no tienen chalecos anticortes.

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo/Uruguay (Sifpom) -este sí, integrante del PIT-CNT-, con 3.000 afiliados en todo el país, no acompaña la movilización del SUPU. Patricia Rodríguez, dirigente del Sifpom, dijo a la diaria que cada sindicato apoya de la manera que mejor le parezca. El Sifpom organizó una campaña de donaciones para ayudar a la familia de González, y la semana pasada se reunió con Vázquez, que ocupa el cargo de ministro interino, para entregarle un protocolo con 20 puntos sobre cómo proceder ante amenazas a policías. El protocolo fue elaborado junto con Washington Abdala, asesor jurídico del sindicato (ex diputado colorado), y con Walter Migliónico, de la secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT. La propuesta es crear una unidad especializada -se sugiere que esté en Asuntos Internos- conformada por un equipo multidisciplinario que evalúe, en un plazo de 72 horas, el riesgo de vida del funcionario o de su familia y que, en caso de riesgo, instrumente soluciones. “Lo primero es reubicarlo del lugar donde está viviendo o trabajando”, dijo Rodríguez. Enumeró que luego debe dárseles una atención integral al funcionario y su familia, protección, y pasar el caso a la órbita judicial “para que no quede con la impunidad con la que a veces quedan estos hechos”. Hasta ahora esas denuncias se hacen en las seccionales y no tienen la prioridad que deberían tener, opinó Rodríguez. Cuestionó que “como ha subido el nivel de agresiones a los funcionarios policiales, a veces se naturaliza el tema de la amenaza, el insulto. No se le da mucha celeridad, se toma como una denuncia bastante común, y no debería ser”. Citó el caso de Melo.

Según Rodríguez, Vázquez les dijo que estaba en la misma sintonía y coincidió en que ha aumentado la violencia. “Él lo atribuye al aumento de presencia policial. Yo le agregaría a eso que es un poco también la impunidad con que se ha venido manejando la delincuencia”, añadió.

Respecto del caso de González, la dirigente sindical señaló que no está cerrado, y mencionó que la madre de la policía fallecida declaró a Canal 12 que frente a su casa pasaban personas cantando “a la policía hay que matarla, a las milicas hay que matarlas porque nacen como piojos”, y que el ataque no fue contra el sobrino, porque sabían que él esa noche no estaría. Rodríguez agregó también que González le había recomendado a su madre no denunciar, ante la incertidumbre de “qué podía pasar después”. “Al no sentir que vas a tener una protección adecuada, a veces no denunciás; también hay que cambiar eso”, explicó.