Montevideo es sede de la Conferencia Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre las Enfermedades No Transmisibles, que se propone adoptar un documento, una hoja de ruta, para la acción mundial contra las enfermedades no transmisibles. El evento ha reunido a los presidentes de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y a ministros de salud de una veintena de países de todos los continentes. Sobre los principales ejes para enfrentar estos males, entre los que se encuentran el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las respiratorias crónicas, conversamos con Adriana Blanco, jefa de la Unidad de Factores de Riesgo y Nutrición de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que es, además, una médica uruguaya.

–¿Cuál es la importancia de esta conferencia?

–Es importante desde el punto de vista global porque pone en contacto a gente de todo el mundo; se pueden comparar las experiencias que cada uno está teniendo en cómo implementar acciones para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles. Creo, además, que va a ser un refuerzo de los compromisos asumidos, y para tomar en cuenta que hay una necesidad de acelerar el curso de las acciones si se quiere llegar a las metas del plan global de enfermedades no transmisibles para 2025 –disminuir la mortalidad prematura 25%– y la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de reducirla para 2030.

–¿Cuál es el peso de estas enfermedades?

–En general, dependiendo de la región, entre 70% y 80% de las muertes son causadas por enfermedades no transmisibles y, lo que es más importante, 35% de las muertes por estas enfermedades en nuestra región son muertes prematuras, es decir, de personas de entre 30 y 70 años de edad. Esto no solamente tiene un costo sanitario, social y familiar, sino también un costo en el desarrollo del país, porque se lleva gente que está en su edad productiva. No es solamente un tema de salud, es un tema que impacta en otros sectores, que necesita de los otros sectores para poder solucionarse; por eso esta conferencia llama a la coherencia de políticas y a tener un approach que incluya no solamente a los ministerios de salud, sino a otros ministerios, porque muchas de las soluciones, por ejemplo soluciones fiscales, en el caso de los factores de riesgo impuestos a los productos de tabaco, a las bebidas azucaradas, pasan por los ministerios de finanzas. La reformulación de alimentos pasa por quién controla la seguridad de los alimentos.

–¿Cuáles son las medidas que se recomiendan?

–Tenemos medidas que tienen que ver con los factores de riesgo y medidas que tienen que ver con el manejo de las personas que ya tienen enfermedades no transmisibles. Entre estas últimas está la parte de los sistemas de salud, que se pueda brindar la medicación y la consejería necesaria para los pacientes que están en riesgo. Hay un tema de recursos; esto requiere tecnologías, medicamentos, mayor inversión en el sistema de salud. Uruguay es un país que tiende a la cobertura universal de salud, que es lo que la OPS está buscando, pero hay que estar seguro de que además de la cobertura hay un buen acceso, y hacer un manejo integral, porque por lo general las enfermedades crónicas se dan varias juntas y es importante que el tratamiento sea realmente coordinado, que se asuma al paciente como un paciente único en todas las patologías. En la prevención, estamos tratando cuatro factores de riesgo comunes para las cuatro principales enfermedades no transmisibles, que son las cardiovasculares, las respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes. Los cuatro factores de riesgo que comparten estas enfermedades son el uso nocivo de alcohol, el uso del tabaco, la dieta no saludable y la insuficiente actividad física. La mayoría de las medidas que tienen ver con los factores de riesgo son de corte regulatorio, son medidas de alto impacto, altamente costo-efectivas y que pueden ser implementadas en lugares con pocos recursos financieros. En este caso, no debería haber diferencia entre lo que se implementa en países con mayor o menor desarrollo económico porque pueden ser implementadas sin demasiada inversión. En el caso del tabaco, por ejemplo, son las medidas básicas del Convenio Marco para el Control del Tabaco y, de todas ellas, hay cuatro que son seleccionadas: los ambientes libres de humo de tabaco en los lugares públicos cerrados, en los lugares de trabajo cerrados y en el transporte público; la prohibición de toda publicidad, promoción y patrocinio del tabaco; la existencia de advertencias sanitarias grandes, por lo menos de 50% más; y los impuestos al tabaco, que son la medida individual más efectiva para disminuir el consumo de tabaco. Tabaco, alimentos no saludables y alcohol comparten medidas fiscales, por el aumento de los impuestos y medidas que restringen el marketing; en el caso del tabaco es una prohibición total de la publicidad, en el caso de los alimentos y el alcohol pueden ser restricciones amplias pero no totales. En el caso de la alimentación es muy importante restringir el marketing para niños, y la parte de las advertencias, que en alcohol es un poco más discutible pero en los alimentos la explicación de qué es lo que tienen es muy importante.

–También está el tema del etiquetado de alimentos...

–Sí. Uruguay está trabajando en este momento en tener advertencias en el frente del paquete; ahora tenés que dar vuelta el paquete, el tamaño de la composición nutricional está escrito en una letra casi ilegible y requiere conocimientos que el común de la gente no tiene. Los estudios científicos muestran que la gente se toma muy poco tiempo para decidir una compra, entonces tenés que ponerle algo que sea fácilmente identificable, que no requiera mucho trabajo intelectual para entenderlo. El sistema que está usando Chile, que es el que aparentemente utilizaría Uruguay, es muy bueno porque pone en el frente hasta cuatro discos pares, un octógono negro que dice alto en azúcar, en sal, en grasa o en calorías. Es rápido de interpretar cuando vas a hacer una compra, por eso apoyamos ese etiquetado y no un etiquetado semáforo, porque ahí tenés que que hacer una valoración: si tiene uno rojo, uno verde y dos amarillos, ¿es mejor que si tiene un amarillo, dos verdes y uno rojo? Eso confunde. Solamente el etiquetado no alcanza, hay que ver en los entornos. Básicamente, lo que buscan las medidas regulatorias es hacer que las opciones más saludables sean las más fáciles; normalmente ahora ocurre lo contrario, porque es mucho más fácil que puedas conseguir algo que no es bueno para la salud que conseguir cosas sanas. Regulando, hacés que la norma sea lo más saludable, y lo no saludable sigue estando, no quiere decir que se vaya a prohibir. Pero vas a tener que hacer el esfuerzo para obtener lo que no es saludable en vez de hacer el esfuerzo para obtener lo que es saludable.

–En cuanto a costos, ¿se maneja la posibilidad de poner impuestos a lo que es menos sano y tratar de subsidiar lo que es más sano?

–En los impuestos hasta ahora en lo que hay experiencia es en las bebidas azucaradas; en México, por ejemplo, pusieron un impuesto de un peso por litro de bebida y se vio una disminución del consumo de las bebidas azucaradas y un aumento del consumo de agua embotellada. Los subsidios son más complicados, porque requieren una inversión del país; es una posibilidad, pero no es algo en lo que estemos trabajando en este momento. Si usás el sistema de etiquetado, en las escuelas no deberían venderse ninguno de estos alimentos que tienen las etiquetas, tampoco en los lugares de trabajo, ni debería comprarlos el Estado. Eso lleva a una reformulación de la oferta, porque va a incentivar que haya más producción. Por ejemplo, en Brasil hay algunas experiencias de compra de producción local para distribuir a las escuelas; no es un subsidio, pero es un fomento para que las frutas y verduras tengan más cabida en el mercado.

–¿Y en cuanto a la restricción de publicidad?

–En el caso de Chile, los alimentos que tienen ese tipo de advertencias no pueden ser publicitados; hay un cereal cuyo logo tiene un tigrecito en el paquete: eso se prohibió, porque es una promoción para los chicos. La industria recurrió a la Justicia y se laudó a favor del Estado: se entendió que el Estado tenía razón en restringir el uso de la propiedad intelectual. Es algo similar a lo que pasó en Uruguay con el arbitraje de Philip Morris: el laudo dice que los países son soberanos para decidir las medidas que van a utilizar para proteger la salud de sus poblaciones, siempre y cuando lo hagan en forma que sea equitativa para todo el mundo y que sea una medida lógica para lo que están tratando de conseguir.

–¿Cómo incide el lobby de la industria tabacalera y alimenticia?

–En el caso del tabaco no hay forma de compatibilizar las metas de la empresa con las metas de salud pública: ellos necesitan vender cigarrillos, nosotros necesitamos que la gente no los consuma. En todas las resoluciones que se han tomado en estas reuniones queda bien claro que los principios de las tabacaleras son irreconciliables con los principios de salud pública. El Convenio Marco de Control del Tabaco dice claramente que deben protegerse las medidas de salud pública de la interferencia de la industria que, de hecho, es la mayor interferencia que tenemos para poner políticas. En todos los países, la industria siempre intenta interferir en cualquier política que se vaya a implementar; antes, durante o después del proceso legislativo. Con la industria alimenticia, yo creo que hacen lobby, pero existe una posibilidad de que la empresa quiera ser parte de la solución del tema y que quiera reformular algunos productos para no tener sellos. En Chile lo que se ha visto en el período que lleva la ley es que 17% de los productos han sido reformulados, con lo que dejaron de tener la señalización. Por lo que los países nos cuentan, siempre hay un lobby tratando de retardar, de cambiar, de decir que es mejor usar otro tipo de señalización. La industria tendrá que acomodarse un poco a cómo acompañar esto. Chile puso límites que han ido cambiando, tengo entendido que Uruguay estaría pensando en algo progresivo también, creo que está bien, siempre y cuando esté claro cuál es la meta. Es una forma de que la industria tenga tiempo para reformular algunos de los productos que puedan reformular.

–¿La OPS está pensando algo en cuanto a la carga de agroquímicos que tienen las frutas y las verduras?

–Eso pertenece más a la parte de seguridad alimentaria; no te puedo dar información porque no es nuestra área.