Las comisiones de Seguridad Social y Hacienda de la cámara baja recibieron el miércoles a las autoridades del Banco Central (BCU) para que explicaran las incidencias de las circulares 2287 y 2288 emitidas por este organismo. Estas normativas actualizan, entre otras cosas, las tablas de mortalidad, las probabilidades de que los trabajadores dejen beneficiarios, el cómputo de la renta o la tasa de referencia y la tasa mínima. Ambas comisiones están analizando la situación de los llamados “cincuentones”, aquellas personas que vieron su jubilación afectada por la afiliación obligatoria al régimen de jubilación por ahorro individual en 1996, y se encuentran considerando una iniciativa presentada por el Ejecutivo que permite la desafiliación del régimen de jubilación administrado por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).

Si bien en estos últimos 21 años el foco se ha puesto en la administración de los fondos de los trabajadores por las AFAP, quienes terminan otorgando las pensiones y jubilaciones no son estas, sino las empresas de seguros. “El régimen implica que la AFAP administre la cuenta individual, reciba los aportes del trabajador y los maneje desde el punto de vista financiero. Y una vez que el trabajador se retire, el fondo acumulado en su cuenta, que se deriva del aporte directo del trabajador y de la rentabilidad que la AFAP logró para ese fondo, se vuelca para la adquisición de una renta previsional en las empresas de seguros”, explicó el presidente del BCU, Mario Bergara, por lo que sostuvo que la mirada debe ponerse también en estas.

En este sentido, resaltó la retirada de las empresas aseguradoras del sistema y que el Banco de Seguros del Estado (BSE) sea, desde hace unos cuantos años, la única entidad que ofrece el régimen de seguridad social por capitalización individual, lo que consideró que no es “un panorama deseable, ni desde el punto de vista de la entidad ni del sistema”, porque “la competencia entre las empresas aseguradoras debería inducir a mejores pasividades para los trabajadores”.

Este panorama trae “varios problemas”, como la actualización de las tablas que se utilizan para determinar la jubilación de cada trabajador, que incluye variables como la expectativa de vida del afiliado y la tasa de interés respectiva. “Antes se trabajaba con una tabla de 1996 y con información de otras fuentes, como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, pero que no reflejaban las características de los trabajadores que se retiraban, sino las características de la población en general, que no coincidían”, explicó. Esto determinó que el BCU actualizara recientemente, mediante la circular 2287, una nueva tabla de mortalidad “basada estrictamente en la información que el Banco de Previsión Social proveyó al Banco Central, con la información específica de las personas que, en efecto, se están retirando”. Según dijo, esto marca “un cambio importante” en la paramétrica, porque en estos 20 años la esperanza de vida de los trabajadores se incrementó aproximadamente en dos años, lo que determinó que la sobrevida promedio pasó de 17 a 19 años, y “dos años en 17 es una proporción muy grande”. A su vez, sostuvo que es probable que la sobrevida de las personas se incremente “de manera cada vez más importante en el futuro”, y por eso la circular también establece un mecanismo que da actualización con periodicidad anual.

Las circulares aprobadas atienden, además, otro aspecto relativo al origen del régimen: hace 21 años se trabajaba con parámetros hipotéticos asociados a la probabilidad de dejar beneficiarios en la eventualidad de que el trabajador falleciera. “Esas probabilidades también se actualizaron y, si comparamos la información, lo que nos da es que, sobre todo para el caso de las mujeres, la probabilidad de dejar beneficiarios es bastante mayor que la que se estaba considerando previamente como número hipotético”, contó Bergara.

Ante estos problemas, se manejaba un margen de error del orden de 20%, que se incorporaba de manera “caprichosa” ante la insuficiencia en cantidad y calidad de la información que se estaba utilizando, y con estos cambios la cifra se redujo a 0,5%.

Otro tema –“quizás el más importante”, para Bergara– es que las empresas aseguradoras que deben servir las rentas previsionales tienen sus obligaciones denominadas en unidades reajustables, que se actualizan en base a la evolución del salario, pero “no hay un mercado desarrollado” que permita “reducir el riesgo de descalce de moneda” generado entre los activos y las obligaciones de las empresas. Si se redujera ese riesgo, “las empresas aseguradoras podrán cargar una prima de seguro menor, y eso favorecerá el monto de la pasividad”, informó Bergara. Si bien esto no está previsto en las circulares aprobadas por el BCU, “está atado a la integralidad de la solución de los problemas que tenemos planteados”. Según dijo, se solucionaría de manera integral con la creación de la Unidad Previsional (UP), análoga a la unidad indexada pero ligada a la evolución del salario, y que debería crearse por ley. El Ejecutivo envió un proyecto al Parlamento hace unos años, que ingresó en el orden del día de la Comisión de Hacienda recientemente. Según explicó el economista, en el largo plazo la evolución del salario “debería reflejar la evolución inflacionaria más las ganancias de productividad en la economía”, y mientras no se instrumente la UP, “la tasa de referencia será la rentabilidad de mercado en colocaciones, en unidades indexadas, y se le restará una estimación razonable de la variación de la productividad anual”, que se fijó en 1,7%.

Además de esta tasa de referencia, el BCU está obligado por ley a fijar una tasa mínima, por debajo de la cual las empresas aseguradoras no pueden ofrecer la tasa de interés a los beneficiarios. Hasta el momento, esa tasa había sido fijada de manera aperiódica, y en la circular 2288 de la autoridad monetaria se planteó que se defina de manera dinámica. “Se va a estar modificando cada seis meses de manera automática, sobre la base de la evolución de la tasa de referencia”, explicó Bergara, y afirmó que de esta manera quedaría conformada por el rendimiento en unidades indexadas de mercado, menos el 1,7% de productividad y el 0,75% como máximo que puedan deducir de costos las empresas aseguradoras.

Según explicaron las autoridades, las dos circulares fortalecen el marco de transparencia de información para las empresas aseguradoras. “Así como hoy las administradoras de fondos de pensión tienen que hacer transparente un montón de información vinculada a su gestión, comisiones, costos, etcétera, también se fortalecen ahora las exigencias asociadas a la apertura y a la transparencia de información por parte de las empresas aseguradoras referidas a este tema”, dijo Bergara. También aseguró que los cambios normativos realizados conducen a niveles de pérdida del BSE “sensiblemente menores” a las que viene teniendo “y a las que tendría si no se hubieran hecho estos cambios”, aunque “está en el BSE apuntar a reducir esas pérdidas por la vía de la eficiencia”. Por su parte, el director del organismo por la oposición, Washington Ribeiro (Partido Nacional), acotó que “parte de los objetivos de todos estos cambios normativos es dar sustentabilidad al sistema y garantías a los futuros jubilados”. “Lo que se está buscando dentro del sistema preexistente es maximizar las posibilidades de los futuros jubilados”, agregó.