Según transmitió el diputado Gerardo Núñez (Frente Amplio, FA), presidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analiza cómo y de dónde provienen los documentos que integran el “archivo Berrutti”, en la sesión de ayer, “se volvió a ratificar que se llevaban adelante tareas de inteligencia militar sobre partidos políticos y organizaciones sociales”. Quien lo admitió esta vez fue el capitán de navío retirado Jorge Saravia Briano, que fue jefe del Campo Militar y luego director del Departamento 1 de la Dirección General de Información de Defensa (DGID), entre 1996 y 1997.
En la sesión de la comisión, la discusión se centró en si la información que se recolectaba era “abierta” o “cerrada”, es decir, si era información de común acceso, que, por ejemplo, se hubiera difundido en la prensa, o si, en cambio, se requerían otros métodos para obtenerla. “En mi caso presentamos materiales, documentos que están en el archivo Berrutti, que claramente corresponden a información que fue recolectada de manera cerrada, que responde a fuentes, a informantes que tenían en determinados lugares, que sacaban esa información, en este caso para la inteligencia militar”, explicó el diputado del FA en rueda de prensa.
Por ejemplo, uno de los documentos firmados por Saravia registra el número de matrícula, el padrón y los nombres de los choferes de los vehículos que utilizaban los militantes de un comité de base del FA. “Eso, evidentemente, no aparecía en un diario o en una radio”, consideró Núñez, que explicó que en la sesión el militar “reconoce la posibilidad de que esta información sea encubierta”, pero aseguró que no fue generada en el Departamento 1 de la DGID: “Pudo haber sido aportada por otras agencias, por dependencias de las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea, Armada, la Policía u otras agencias”, añadió el diputado, que remitió a la información aportada por Saravia. Su firma en los documentos constataba, según explicó, el ingreso de esa información al archivo.
Otros documentos presentados por Núñez en la sesión registran la lista de delegados del FA que iban a participar en el Foro de San Pablo, quiénes concurrirían en nombre del FA a un encuentro con Fidel Castro, así como datos de los montos que aportó una persona a las campañas electorales del Encuentro Progresista-Frente Amplio y al Partido Colorado, señaló. “Obviamente, esta información, por más que se nos diga que se recolectaba de manera abierta, no surge de diarios, de radios ni de prensa de ningún tipo”, afirmó Núñez.
Según la explicación que surgió en la comisión, la información recolectada iba a parar a la “conformación de un archivo general de información, para ser analizada en su momento. El tema es que nosotros queremos establecer y conocer por qué se colectaba este tipo de información sobre partidos políticos y organizaciones sociales en democracia, cuál era la utilidad que efectivamente se le daba; yo dudo de que se genere una recolección tan importante de información, más de tres millones de copias, solamente para archivar. Evidentemente, acá había un objetivo mucho más grande, que todavía no hemos podido dilucidar”, opinó el diputado.
Saravia no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación luego de su presentación en la comisión, ya que, según dijo, en su comparecencia se limitó a explicar los procedimientos utilizados en el departamento.
Semanas atrás, otro militar, el ex titular de la DGID contralmirante retirado Óscar Otero, también había reconocido la existencia del espionaje en democracia, algo que, dijo, se hacía “por costumbre”.
Sólo un rumor
Antes de Saravia, había concurrido a la comisión investigadora Alejo Fernández Chaves, ex subsecretario y ministro del Interior durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005). El ex ministro, que era subsecretario y asumió la titularidad de la cartera cuando Guillermo Stirling renunció para dedicarse a la campaña electoral por la presidencia de la República, aseguró tener la “absoluta convicción de que en democracia y dentro del Ministerio del Interior no se produjo el más mínimo espionaje a ese tipo de organizaciones o personas; no hubo persecución de tipo ideológico jamás”, afirmó. Añadió que tampoco tuvo conocimiento de este tipo de acciones ni “como abogado, ni como legislador”, y dijo también que si se hubiera enterado de que se llevaban a cabo este tipo de acciones “hubiera sido el primero en actuar y hubiera actuado tajantemente”. No obstante, al ser consultado sobre si tenía conocimiento de que desde el área de Inteligencia del Ministerio de Defensa Nacional se hubieran realizado acciones de espionaje en democracia, contestó: “Existía ese rumor”.
No obstante, ninguno de los jerarcas políticos que concurrieron a la comisión investigadora –ministros de Defensa Nacional y del Interior de los distintos gobiernos posteriores a la dictadura– dijo tener conocimiento de la existencia de tareas de espionaje a partidos políticos u organizaciones sociales. Para Núñez, el desconocimiento de los mandos políticos se debe a fallas en los controles sobre la inteligencia militar.
En entrevista con la diaria, el ex presidente Julio María Sanguinetti se refirió a esta dificultad: “Naturalmente, siempre es motivo de preocupación, y revela, una vez más, las dificultades que tienen todos los estados para especializar gente. Porque, desgraciadamente, los que se especializan en inteligencia terminan desarrollando una mentalidad que a veces suele ir más allá de lo lógico. Y si se rotan demasiado, siempre están en estado de aprendizaje”.
“Evidentemente, los mecanismos de control no funcionaron. Según se ha dicho, no recibieron órdenes de mandos políticos, pero está claro que esto funcionaba de manera abierta, sin reparos: no tenían reparo en normativa jurídica nacional; de hecho, se violentaron leyes, la Constitución”, aseguró, por su parte, el legislador.