La Coordinadora por el Voto en el Exterior, la Ronda Cívica Uruguay y otros colectivos de la “diáspora uruguaya” enviaron una carta a la presidenta de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores, Lucía Topolansky, insistiendo “tenazmente para que nuestro Estado se dote de los instrumentos legislativos que permitan el ejercicio constitucional de los derechos cívicos y políticos de sus ciudadanos residentes en el exterior”. Las organizaciones informan que están acompañando dos proyectos que “contribuyen positivamente a la sanción de una Ley que habilite el voto en el exterior”, ambos ingresados en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados. El primero establece la derogación del artículo 9º de la Ley 17.690, del 21 de setiembre de 2003, que “suspende del padrón electoral por no participación en dos elecciones consecutivas” a los ciudadanos habilitados a votar y permite que el voto observado por identidad comprenda “a quienes hayan sido excluidos del Registro Cívico Nacional en aplicación” de dicho artículo. Este proyecto entró a la cámara con la firma de 42 diputados del Frente Amplio (FA).

En tanto, el otro proyecto de ley, rubricado por seis representantes del FA, interpreta los artículos 77, párrafo 1 y 81 de la Constitución, estableciendo que “el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía”, y propone la creación de una comisión honoraria “con el cometido de elaborar un proyecto e informe normativo donde se analicen las alternativas jurídicas para la instrumentación del voto por parte de los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior, el cual será remitido al Poder Legislativo para su consideración”, con un plazo de 120 días para elevar el informe. “La aprobación de ambas leyes en esta legislatura es un avance en un proceso gradual que concluya en la habilitación del voto extraterritorial, ordenando una adaptación paulatina del sistema político y la ciudadanía en su conjunto. Se trata de un enfoque realista, susceptible de pacificar polémicas, aunar acuerdos y hacer efectivos los compromisos internacionales de Uruguay, en materia de ejercicio de derechos ciudadanos”, dice la carta, que apela a la “reconocida sensibilidad” de Topolansky para “contribuir a un pronto tratamiento y sanción de los proyectos aludidos”.