“Estuvieron 11 años presos. Mi madre en Punta de Rieles y mi padre en el Penal de Libertad. Mi madre estaba embarazada de mi hermano cuando cayó presa; a él lo criaron mis hermanos. Yo nací en 1989, en democracia. No lo viví directamente pero sí vivo las secuelas que dejó en mi familia. La dictadura también nos afectó a los hijos”. Historias como esta rompían con la locura de 18 de Julio a las cinco de la tarde en la plaza Libertad. El grupo Denunciantes de Causas Penales de Violaciones de los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado convocó a una movilización con el lema “La justicia, cuando tarda, no es justicia”.
“Supongo que querés saber cuál es mi causa”, comenzó diciendo Liliana Pertuy, una de los 40 adolescentes de entre 13 y 18 años que estuvieron presos y fueron torturados en un cuartel del departamento de Treinta y Tres. La integrante del colectivo de denunciantes contó que fueron 20 de los 40 que presentaron la denuncia y señaló que después de que se presentó un recurso de inconstitucionalidad, “todo quedó quieto”. “Nos dicen que no los encuentran, que no saben dónde viven. ¿Cómo me vas a decir eso en un país de tres millones de personas?”, preguntó. La ex presa política se refirió a las demoras en el avance de estas causas penales y expresó que “queda mucho por hacer” y que, si bien “con el Frente Amplio algo ha cambiado, ha sido muy poco”.
“Esta ley de impunidad lo que ha hecho es dividir en categorías y ha privilegiado a lo peor de la sociedad”, dijo. Y agregó: “Esta impunidad dividió a los ciudadanos; los que han cometido los delitos más aberrantes, más espantosos, robos, secuestros de bebés, violaciones, asesinatos, torturas, saqueos, esos están amparados”.
Pertuy hizo referencia a la reciente declaración de la Suprema Corte de Justicia en la que se considera inconstitucional la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad para un caso de torturas en Tacuarembó y expresó que es “una burrada típica de la Edad de Piedra, de cavernícolas”. “Es retroceder, ir para atrás; a mí me llaman desde afuera,de otros países, diciendo que no pueden entender”, agregó Pertuy. Además, al reflexionar acerca de quienes tomaron esta decisión, dijo que “ellos han sido uruguayos, han vivido en este país, se habrán enterado de las aberraciones que pasaron durante los 11 años de dictadura y conocen la historia; [esta declaración] no es explicable mediante la lógica“. “Están defendiendo la desigualdad ante la ley”, dijo, y agregó que el colectivo de denunciantes quiere “llamar la atención sobre esto; Uruguay es un país con una larga tradición democrática”.
La denunciante contó que esta es la primera vez que se coordinan para hacer algo juntos, y que seguramente harán más cosas en el futuro “para ver si se mueven” las causas penales. “Esto es para el futuro, para las generaciones que vienen; yo voy a seguir luchando hasta el último de mis días”, finalizó Pertuy.
La actividad incluyó espectáculos artísticos y contó con la adhesión del PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Crysol, el Servicio Paz y Justicia, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Observatorio Luz Ibarburu.
