A partir del 1º de noviembre regirá el nuevo Proceso Penal, que será acusatorio, adversarial, oral y público. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo ayer, durante la presentación del código en la antesala del Senado, que a partir de ahora los roles estarán bien diferenciados. El fiscal, un servidor público, será el que investigue y acuse, y trabajará con la ayuda de la Policía. Habrá “una persona acusada de un delito que se resiste a la pretensión del fiscal y un juez que cumplirá la función de resolver el conflicto”, dijo Díaz. Será adversarial porque las partes se enfrentarán en un proceso contencioso “con igualdad de condiciones”; además, va a ser oral. Díaz aseguró que, gracias a las audiencias grabadas, “no habrá más un funcionario escribiendo a máquina, cortando permanentemente el desarrollo”. Con el sistema vigente se pierde tiempo “discutiendo lo que se dijo o no se dijo. Otra característica es la publicidad: los que trabajamos en el sistema sabemos que de la puerta hacia adentro no pasa nada raro, pero el ciudadano que pasa por la puerta tiene derecho a tener toda la suspicacia del mundo, [por eso] el proceso será público”. Aclaró que en los casos vinculados a los niños, niñas y adolescentes o los delitos sexuales, los juicios serán privados, porque de otra manera “se termina revictimizando a la víctima”.

“Muchos podrán pensar que es un cambio de norma, pero es un cambio de paradigma. Este sistema permitirá que el ciudadano pueda ir a las audiencias y controlar si el fiscal lo representó bien, qué rol jugó la defensa, si el juez cumplió con su función, si la audiencia empezó y terminó en hora, si las partes se comportaron de manera adecuada”.

Díaz dijo que las denuncias que se hagan en las dependencias policiales de todo el país se registrarán automáticamente en el sistema de gestión de seguridad pública. “La Fiscalía no podrá decir más: ‘yo no me enteré’”.

Otro de los cambios es el rol que tiene la víctima: el nuevo sistema “la reubica en el sitio que siempre debió tener”. El fiscal de Corte aseguró que, a pesar de que el conflicto inicial es entre víctima y victimario, “el Estado desplazó totalmente a la víctima. Expropió la acción penal y no le reconoce ningún derecho. Le decimos: ‘Denos su relato’ y lo pedimos dos, tres o cuatro veces; le pedimos a la víctima que nos preste su cuerpo, que nos abra su mente para que los peritos forenses la analicen, y después de que la exprimimos, que la estrujamos y le sacamos toda la información, le decimos: ‘Vaya para su casa, no moleste, usted no es parte’”.

El funcionario afirmó que el dolor individual que produce el sistema en la víctima y su familia provoca también un dolor social muy profundo. “Genera impotencia, odio, y es el caldo de cultivo para el discurso de la demagogia política que pretende soluciones mágicas con aumento de penas”.

Advirtió que, en todos los países en los que se introdujeron reformas, “automáticamente se produjo lo que se conoce como un duelo de prácticas. Las nuevas luchan por imponerse y las viejas se resisten. El enano inquisitivo quiere seguir haciendo lo mismo que venía haciendo hasta ahora”.

Díaz afirmó: “Hoy [por ayer] podemos decir con la máxima certeza que el 1º de noviembre será el día en el que enterraremos para siempre este viejo proceso inquisitivo, escrito, discontinuado y reservado que hemos heredado del reino de España. Uruguay pasará del siglo XIX al siglo XXI”.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, pidió ayer que no se destripe el nuevo proceso en los primeros meses; aseguró que habrá defectos y errores, pero Uruguay tendrá un sistema mejor. “En nombre del Poder Judicial pido disculpas por anticipado a toda la población. Este es un cambio de diseño. Con los nombramientos que vamos a hacer estos días habrá 100 jueces con competencia penal en todo el país, serán absolutamente independientes, y [puede pasar] que algunos criterios no coincidan”. Aclaró que esto no es necesariamente un error, aunque pueda ser percibido de esa manera. Aseguró que a pesar de estar obsoleto, el sistema actual funciona “razonablemente bien” y es “básicamente honrado”. “Como vamos a modernizarlo, estamos seguros de que la transparencia mejorará la percepción del sistema”.

Chediak afirmó que se suele decir que estamos obligados a tener un proceso penal público desde 1985, cuando ratificamos la Convención Americana de Derechos Humanos, pero “esa fue la segunda vez que nos obligamos internacionalmente; la primera fue en 1948, en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. En conversación con la prensa, Chediak dijo que se trata de un gran cambio que implica una modificación de roles. “Los jueces dirigimos las investigaciones penales desde siempre; [que se limiten] a ser el director del proceso y que tengan que escuchar sin participar es un rol nuevo. Litigar en forma oral es algo de lo que los abogados uruguayos no sabemos”. Esta modalidad implica un código de vestimenta, una manera de hablar y expresarse, escuchar y hacer silencio, “que haya una suerte de ritual, de misa”, explicó. Chediak aclaró que las salas nuevas no tienen el porte de las que vemos en las películas de Estados Unidos; las uruguayas tienen dos filas de seis asientos para el público, mientras que para la prensa se habilitará una sala “multipropósito” con circuito cerrado de televisión.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Mario Layera, dijo que “el Ministerio del Interior [MI] y la Policía Nacional han acompañado el proceso”. Destacó el esfuerzo de las personas que coordinaron todo el cambio, en especial la capacitación de la nueva instancia. “Como auxiliares de la Justicia necesitamos permanecer en un estado de permanente capacitación; vamos a enfrentar este nuevo proceso con la mayor esperanza, voluntad y compromiso”, dijo.