El fiscal de Corte, Jorge Díaz, recibió el viernes al dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) César Rodríguez y al asesor de ese gremio, el abogado Óscar López Goldaracena, quien le había solicitado una audiencia para transmitir su preocupación sobre el caso del peón rural Hugo Leites, que fue golpeado por el capataz y amenazado por el propietario de la estancia en la que trabajaba.

López Goldaracena escribió una carta pública en la que critica la actuación del fiscal que intervino en el caso de Leites, que “dispuso que la víctima (de Salto) se sometiera a una pericia siquiátrica en la ciudad de Paysandú, a primera hora de la tarde, para luego realizarse otra pericia sicológica en Salto, esa misma tarde”. “El mensaje que se está transmitiendo a la sociedad es que, si algún trabajador rural denuncia a su capataz o patrón por lesiones intencionales, el fiscal solicitará que se lo someta a una pericia sicológica, a una pericia siquiátrica y a la reconstrucción del hecho, aunque la víctima tenga las costillas rotas”, indica el abogado. Para López Goldaracena, “lo preocupante y llamativo es que la fiscalía no parece haber actuado conforme a los principios de protección a la víctima evitando su revictimización”. Además, el asesor de la UNATRA sostiene que la situación es “alarmante”, “más aun cuando estamos a semanas de que comience a regir el nuevo Código de Proceso Penal [CPP], que da un mayor protagonismo a los fiscales en relación con el procedimiento y con la salvaguarda de los derechos de las víctimas”.

López Goldarecena dijo a la diaria que, además, con la entrada en vigencia del nuevo CPP, “los delitos de lesiones personales van a ser perseguibles de oficio sin necesidad de denuncia, cuando se trate de un trabajador que lo sufre por parte del patrón”.

Según el abogado, en la reunión con Díaz se acordó conformar un “grupo de trabajo UNATRA-Fiscalía de Corte” para “comprender cómo se dan las relaciones de trabajo en el medio rural” y establecer “un protocolo de actuación, de sensibilización”. “Los establecimientos rurales no son todos iguales, son realidades distintas una explotación pecuaria que una industrial, como las arroceras. Hay conflictos. Se coincidió en que es un fenómeno que estaba invisibilizado. Hicimos referencia a que es un proceso muy similar a los casos de violencia doméstica, que ahora empiezan a conocerse”, dijo.

En el caso puntual de Leites, el abogado dijo que le transmitió a Díaz su “total rechazo a la actuación del fiscal”, porque “revictimizó al denunciante” y eso “va en contra de las posturas del propio fiscal de Corte”. “Él no puede interferir en el caso por la autonomía técnica, pero sí está haciendo un seguimiento del caso y coincide en que uno de los principios de actuación del sistema judicial debe ser no victimizar al denunciante”, concluyó el asesor de la UNATRA. En la carta pública, López Goldaracena dice que con el nuevo CPP “no se admitirá un careo con el imputado de un delito, y cuando la víctima tenga que declarar podrá solicitar que se adopten medidas especiales, como pantallas de cristal para ocultarla del acusado o brindar su declaración en una sala contigua a través de un circuito cerrado de televisión”.