La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes recibió el miércoles a funcionarios del Movimiento por la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) que denunciaron una nueva política de la institución que obliga a sus empleados a retirarse al cumplir 60 años. Con asesoría jurídica y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), concluyeron que se trata de una medida “sin fundamentos”.

Los funcionarios sostienen “con preocupación” que se trata de una medida “abusiva” que comunicó la Comisión Honoraria, el órgano que toma las decisiones más importantes en la institución, en octubre del año pasado, por medio de una nota. El anuncio incluye la información sobre un “beneficio” para quienes, además de tener 60 años, cuenten con más de una década de antigüedad en ese trabajo: si se anotan en el correr de este año, los que resuelvan acogerse al beneficio podrán obtener tres salarios extra sobre la indemnización de despido. Quienes, en cambio, no lo hagan, serán despedidos de todos modos una vez cumplidos los 60 años, con la indemnización legal.

La Asociación de Funcionarios de Mevir (Afume) planteó a los diputados que, a partir de asesoramientos jurídicos, concluyeron que se trata de “un despido sin fundamentos y arbitrario, independientemente de la indemnización”, dijo la presidenta, Agustina Martínez.

Los funcionarios que acudieron al Parlamento sostienen que las autoridades se han “reservado la potestad de que ciertos funcionarios continúen formando parte de la plantilla” –cuatro de ellos han sido notificados hasta el momento– y que, ante los pedidos de explicaciones de esta excepción, la respuesta fue que “se entendía que eran imprescindibles”. Los contemplados son “un personal de confianza –que ingresó con el presidente anterior de la institución– que luego tuvo acceso a un cargo funcionarial en la institución, un técnico y un profesional de la institución que fue gerente general y que ahora vuelve a su cargo en la unidad en la que trabajaba”, dijo Martínez.

También denunciaron cierta parcialidad implícita en la medida, ya que incluiría a todo tipo de técnicos y profesionales, pero no a los miembros de la Comisión Honoraria, en la que al menos siete de los diez integrantes “tienen más de 60 años”. Martínez sostuvo que se trata de personas “muy capaces, con mucha experiencia y, en algunos casos, con mucho conocimiento del medio rural”, por lo que les parece “fantástico que estén”. “Lo que no entendemos es por qué ellos pueden seguir aportando a la institución y la telefonista no puede seguir levantando el teléfono”, dijeron.

El colectivo ya hizo la denuncia ante la INDDHH, en el entendido de que se trata de “una medida abusiva”. “La Institución hizo algunas consultas a Mevir, que fueron contestadas; se manifestaba que ellos habían estudiado la posibilidad de plantear el egreso obligatorio a los 60 años con causal jubilatoria, pero como implicaba algunas dificultades administrativas, decidieron sacarlo. Nos parece abusivo quitar la posibilidad de causal jubilatoria para egresar de la actividad, y discriminatorio, porque se establecen 60 años de edad”, sostienen. Según comunicó Martínez, “Mevir puso como ejemplos otras políticas de egreso pautadas que hay en la administración pública, pero ninguna habla de 60 años”.

Otro argumento esgrimido por las autoridades para continuar con la medida es que la plantilla de Mevir está constituida por “una población envejecida”, pero desde la Afume sostienen, basándose en los “libros de difusión” que la propia institución elabora, que “la edad promedio era de 45 años en 2015”, momento en que “se planteó por última vez una política de egreso y se llegó a [obtener un promedio de] 42 años”. Mevir planteó políticas de incentivo para el egreso de funcionarios en otras tres oportunidades, con ciertos requisitos, y la mayoría de los que los reunían se acogieron a él.

Si bien se habla de un “retiro planificado”, Martínez dijo que duda del planeamiento, ya que “se ha dado el caso de personal de obra que se ha enterado una semana antes de su fecha de retiro”. “Hay personal nuestro que vive en casas alquiladas por Mevir y debe salir de apuro a resolver la mudanza”, afirmó, y agregó que la medida de esta institución que busca soluciones habitacionales a una diversidad de situaciones posibles excluye “muchos detalles emocionales y humanos”, y “nada hace pensar que se vayan a tener en cuenta después”.

Desde un plano de mayor objetividad, Martínez dijo que el retiro obligatorio para todos los sexagenarios dejará “desiertas de técnicos de campo” a varias zonas, y Patricia Tierno, funcionaria de Mevir desde hace más de 20 años e integrante de Afume, agregó que al tratarse de una institución que trabaja en todo el territorio nacional, “son necesarias muchas capacidades”. “Por ejemplo, hoy le estamos diciendo que no puede continuar en su tarea a un capataz de obra que lleva muchos años y, si bien tiene un desgaste físico, posee un conocimiento que no posee la gente nueva que ingresa”, explicó.

La medida de jubilación inducida también se cruza con el “problema de los cincuentones”, es decir, aquellos trabajadores que en la década de 1990 fueron forzados a cambiar a un sistema mixto de seguridad social, lo que causó una disminución de sus montos de retiro. “Hay personas que están viendo que para solucionar esa situación precisaban trabajar dos años más, pero ahora Mevir les plantea que es hasta los 60”, ilustró.

La Afume dijo ser proclive a una política planificada de egreso, pero entiende que el tope de 60 años no tiene base. “Queremos una política de retiro. Lo importante es que no sea obligatorio y que sea planeado, que se tenga en cuenta a la gente. De esa forma se puede poner en orden la vida”, dijo Daniel Giudice, otro de los integrantes de la asociación.