Investigación da cuenta de proceso de privatización “latente” en el sistema educativo uruguayo, en particular a través del debate de ideas

La Internacional de la Educación (IE), una organización que nuclea a los trabajadores de la educación de 170 países y de la que son miembros la Federación Uruguaya de Magisterio y la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, presentó ayer la investigación Privatización educativa en Uruguay: políticas, actores y posiciones. El trabajo fue realizado en conjunto por investigadores de la Universidad de la República (Eloísa Bordoli, Pablo Martinis, Stefanía Conde y Marcelo Alfonzo) y por el investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona Mauro Moschetti. Acompañado por dirigentes de los sindicatos uruguayos y por el presidente de la IE, Angelo Gavrielatos, Moschetti presentó ayer los principales resultados de la investigación.

Moschetti informó que, en comparación con otros países de la región, los niveles de privatización de la educación en Uruguay “son relativamente bajos”, en torno a 16%. La medida es el porcentaje de estudiantes matriculados en instituciones privadas, que aumenta particularmente en el tramo de educación inicial (26,5%) y en primaria (17,6%), mientras que en educación media baja a 12,2%, lo que según Moschetti es “algo raro” y puede deberse a la baja penetración del sector privado en el nivel medio técnico profesional. Otra forma de medir la penetración del sector privado que utiliza la investigación es por el lado de la oferta de instituciones, al contar el porcentaje de centros sobre el total. En este análisis, en el tramo en que hubo mayor variación fue en el de la educación media, en el que en 1991 había 29% de instituciones privadas y en 2015 la participación crece a 36%.

El estudio describe cuatro marcos normativos referidos a la participación privada en la educación. Por una parte, las exoneraciones impositivas para los centros educativos privados, lo que significa que no pagan aportes patronales ni al Fondo Nacional de Salud, Impuesto de Primaria, Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, Impuesto al Patrimonio, tasas e impuestos por la compra de automóviles, impuestos por la importación de material educativo, contribución inmobiliaria ni tributos municipales. En Uruguay esta exoneración tiene rango constitucional y, según afirma la investigación, por este sistema se otorga a las instituciones privadas “mayores beneficios que los esquemas similares en otros países de la región”, incluso en países con sistemas de subvención directa.

El tercer marco normativo son los contratos de participación público-privada y el cuarto los convenios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay con organizaciones de la sociedad civil para la gestión de CAIF, centros de niños y centros juveniles, entre otros. Moschetti apuntó que “sería interesante” profundizar en los mecanismos de rendición de cuentas que implican estos convenios.

Distintas formas

Otro de los resultados de la investigación fue realizar un mapeo de las modalidades privadas y público-privadas en la educación formal, y se identificaron tres. La primera son las instituciones privadas que tienen financiamiento público indirecto, a través de la renuncia fiscal que hace el Estado por la exoneración de impuestos. La publicación advierte que el beneficio de la exoneración llega a todas las instituciones educativas privadas: ampara “en uno de sus extremos a instituciones que se configuran en las entidades destinadas a la formación de las elites política y económica del país y, en el otro, se nuclean pequeños establecimientos situados en barrios desfavorecidos”. “Merecería un debate, por lo menos, si esta eximición impositiva hubiera de regir para todas las instituciones educativas por igual o si valiera la pena algún tipo de ajuste”, opinó Moschetti en la presentación.

La segunda forma identificada como una experiencia de privatización es la de las “modalidades de hibridación público-privada”, en referencia a convenios por CAIF, el programa Nuestros Niños y las Aulas Comunitarias en educación media, en los que el Estado financia a prestadores privados para que brinden un servicio sobre el que el Estado mantiene el control de la currícula y la supervisión.

La tercera modalidad, que Moschetti aclaró que es “muy pequeña cuantitativamente”, son los liceos de gestión privada con financiamiento público, de los que hay siete experiencias. Moschetti señaló que estas propuestas son heterogéneas pero “comparten algunos rasgos comunes: hay selección del alumnado, y una forma extraña de acción afirmativa, para beneficiar a la población desfavorecida pero combinando con una especie de premio al mérito, en base a la evaluación académica, el compromiso familiar”. La investigación señala además que estos liceos comparten la extensión del tiempo pedagógico (talleres, cursos de idioma, entre otros) y el seguimiento personalizado de los estudiantes. “Estos elementos, claramente, podrían explicar los buenos resultados educativos que exhiben.

El estudio pone de relieve “el carácter incipiente o latente de las nuevas modalidades de privatización”, y luego analiza las distintas ideas y actores en relación a la educación, entre otros, los partidos políticos, organizaciones como CERES y Eduy21 y los sindicatos. En ese sentido, la investigación concluye que Uruguay se encuentra actualmente en “una creciente disputa de sentidos por la elaboración de tales diagnósticos [sobre la situación educativa] y por la prescripción de soluciones de política de la que participa un conjunto heterogéneo de actores en el que cobran progresivamente mayor relevancia las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado”, y asegura que además de las formas de privatización de y en la educación, “la privatización aparece de modo más evidente a través de la política educativa, por cuanto agentes privados de diversa naturaleza –corporaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones filantrópicas– se han involucrado crecientemente en el proceso de producción de ideas que procuran incidir en la formulación de políticas educativas, frente a los que percibe como una lógica más bien reactiva o pasiva de los actores sindicales y gubernamentales”.