La comisión parlamentaria que investiga la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2008 a la fecha se enfocó ayer en el caso del hospital de Bella Unión y el posible conflicto de interés en la contratación, durante 2013 y 2016, de servicios a la emergencia móvil SIEMM SRL, propiedad de tres médicos de ASSE que ocuparon cargos en el hospital. Los parlamentarios recibieron ayer a los tres médicos: Federico Eguren, actual director general del Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), que dirigió el hospital de Bella Unión hasta 2012; Marcos García, actual director del Hospital Departamental de Salto y director del centro de Bella Unión en 2013 y 2014, y Rodrigo Barcelona, quien ahora es director del Hospital Pediátrico del CHPR y era pediatra en el hospital de Bella Unión en 2013. La empresa SIEMM fue creada en 2011, cuando Eguren dirigía el hospital; en marzo de 2013, se presentó a la licitación para el servicio de traslados, fue el único oferente y ganó la primera licitación en julio de 2013, cuando García dirigía el hospital. Según la denuncia que formuló el diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular), miembro denunciante, ya en noviembre de 2013 la Auditoría Interna de la Nación había advertido sobre el conflicto de interés. El caso se conoció públicamente en 2016, a partir de las denuncias del nacionalista Martín Lema; además de la coincidencia de nombres, la oposición cuestiona el incremento del gasto del rubro traslados del hospital de Bella Unión entre 2012 y 2015: pasó de 569.494 pesos a 13.643.843 pesos.

En mayo de 2016, luego de una investigación interna que ASSE inició en noviembre de 2015, el organismo sancionó a García con una amonestación escrita en el legajo, por haber cometido “una falta administrativa”. La presidenta de ASSE, Susana Muñiz, relató que “se consideró, para la gravedad de la sanción, que el propio sancionado, cuando era director de Bella Unión, solicitó por nota escrita, fechada el 11 de marzo de 2013, que se designara otro ordenador de gasto en la unidad para la licitación vinculada a traslados”. Agregó, sin embargo, que “por demoras en el procesamiento de esa solicitud, [García] termina participando, por lo que es considerado una falta y se lo sanciona”. En aquel momento, Muñiz no integraba el directorio: estrenaba el cargo de ministra de Salud.

Pese a la sanción impuesta a García, la contratación de servicios continuó –incluso se amplió–; una auditoría interna de setiembre de 2016 expresaba que entre 2015 y 2016 no se habían detectado nuevas situaciones de conflictos de intereses. Sin embargo, ante una consulta realizada por ASSE, el Tribunal de Cuentas de la República respondió en noviembre de 2016 que “no correspondía la contratación de empresas de personas vinculadas a ASSE y, por este motivo, decidimos dejar sin efecto la contratación de SIEMM, entre otras”, explicó Muñiz el 2 de octubre. A raíz de eso, ASSE resolvió volver a instalar un servicio propio de traslados especializados para el Hospital de Bella Unión y dejar sin efecto la licitación que había ganado SIEMM (en abril de este año, Barcelona presentó un recurso de revocación para dejar sin efecto la resolución, lo que no tuvo andamiento). El servicio se cubre ahora con ambulancias propias de SAME 105 y, en caso de necesitarlo, se recurre a la compra directa de otras emergencias, a veces incluso de SIEMM.

Los tres médicos concurrieron a las 9.00 a la comisión investigadora, tal como estaban citados, pero manifestaron cierta molestia al enterarse de que debían declarar por separado, lo que obligó al resto a esperarlos. En diálogo con la diaria, Cecilia Bottino, diputada del Frente Amplio, valoró la actitud de los médicos, y dijo que dieron explicaciones que los legisladores ya conocían.

Rubio, en cambio, se quedó con una impresión totalmente opuesta. “Lo que hicimos fue confirmar la denuncia; la sucesión de hechos demuestra que ASSE tenía capacidad de resolver la mayor parte de los traslados”, como ocurre ahora, dijo a la diaria. Opinó que los médicos concurrieron con “un libreto armado por un abogado”, y descartó que la comisión los citara por separado con el afán de buscar contradicciones en sus discursos. Rubio dijo que los jerarcas no lograron explicar por qué se dio una “deserción masiva” de los médicos retén entre 2012 y 2013; cuestionó que SIEMM se haya conformado en 2011, que recién en abril de 2013 se haya inaugurado y que apenas dos meses después de su fundación haya accedido a la licitación con el hospital. Opinó que García cometió “una irregularidad absoluta” y que “no fue sancionado, fue ascendido”, puesto que el Hospital de Salto tiene mayor jerarquía, y que también se ascendió a Barcelona y a Eguren.

La investigadora volverá a sesionar el lunes 6 de noviembre. Rubio adelantó que concurrirán funcionarios y usuarios del hospital de Bella Unión; el diputado insiste en las irregularidades que se dieron en 2013, y quiere indagar, también, en recetas médicas que, según él, recibían socios de SIEMM para retirar medicación del hospital.