La fiscal Mónica Ferrero y la jueza penal de 16º Turno, Julia Staricco, cursarán una solicitud formal a Estados Unidos y Canadá para que sea identificado el IP desde el que, el 25 de enero de este año, el denominado Comando Barneix envió un mensaje con amenazas a militantes por los derechos humanos y autoridades de gobierno. Para que el pedido no pueda ser rechazado aduciendo errores técnicos o formales, las representantes de la Justicia se reunirán con autoridades del Ministerio del Interior y con peritos y especialistas en Delitos Informáticos y elaborarán el documento, en el que informarán a los proveedores de que la plataforma fue usada para enviar amenazas, algo expresamente prohibido en los términos de uso.

La resolución fue tomada luego de que los periodistas Daniel Gatti y Roger Rodríguez declararan este viernes en calidad de testigos ante la jueza Staricco. Según dijo Rodríguez a la diaria, una investigación suya sobre el tema y un artículo de Gatti publicado en Brecha el 18 de agosto fueron enviados por el periodista brasileño Jair Krischke, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, a la Justicia uruguaya a cargo del caso, para aportar a la indagatoria. Krischke, que fue uno de los amenazados por el Comando Barneix, declaró ante Staricco el 21 de junio.

Además del periodista brasileño recibieron el comunicado amenazante el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, la ex vicecanciller Belela Herrera, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, la investigadora Francesca Lessa, el jurista francés Luis Joinet, la ex fiscal e integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mirtha Guianze y los abogados Óscar López Goldaracena, Pablo Chargoñia, Juan Errandonea, Hebe Martínez Burlé, Juan Fagúndez y Federico Álvarez Petraglia.

El envío del Comando Barneix utilizó el servicio de emails Guerrilla.com, que ofrece casillas de correo electrónico que duran sólo una hora, y se hizo a través de la plataforma Tor, que permite la navegación anónima y prácticamente a prueba de rastreo.

El general Pedro Barneix se suicidó en 2015, cuando estaba previsto que la Policía lo condujera para su procesamiento con prisión por la muerte por torturas de Aldo Perrini, ocurrida en 1974 en el Batallón de Infantería Mecanizada No 4, de Colonia. El mensaje amenazante enviado a fines de enero, que tomó estado público en febrero, cuando el fiscal Jorge Díaz hizo la denuncia ante la Justicia penal, decía: “El suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”.