La alerta se disparó con la advertencia de la Unión de Obreros Curtidores (UOC), que se decidió a actuar ante el Ejecutivo y el Parlamento. Como primer paso, se convocó al consejo sectorial que involucra al sector empresarial y al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), aunque en ese entonces reclamaron la participación de la cartera de Economía y Finanzas (MEF), a efectos de “regularizar algunas situaciones”, contó el secretario general del gremio, Carlos Bico, a la diaria.

La situación es “muy grave”, “desesperante”, y obedece tanto a una situación coyuntural como a una estructural, explicaron trabajadores del sector, una semana después, ante la Comisión de Legislación y Trabajo de la Cámara de Diputados, que los recibió el 3 de octubre para escuchar sus planteos sobre “la problemática particular de las curtiembres”.

El medio antes que el fin

Las fábricas están ubicadas en Montevideo y sus alrededores, y una de ellas, como lo indica su nombre, está en Paysandú. Paycueros produce mayoritariamente cuero para marroquinería y calzado y, en menor medida, tapicería para automóviles, mientras que las curtiembres del área metropolitana y Montevideo se dedican a pleno a esta última tarea. Aun así, “los problemas de todas son parecidos”, afirmó Bico.

La coyuntura en declive responde a la caída de las ventas al mercado asiático, mientras que la crisis estructural se debe a que cada vez se produce con menor valor agregado: “Por un lado, la industria del cuero ovino prácticamente ha desaparecido; por otro, está el cambio en la forma de producir, que se debe a que Brasil y Argentina tienen algunas restricciones arancelarias –de entre 15% y 20%– para que el cuero salga del país con más proceso, y eso acá no se aplica [Uruguay tiene un arancel de 5%], entonces en los últimos años, para competir, se optó por vender casi exclusivamente el cuero sin proceso”, dijo el dirigente sindical.

Pasando la situación a números, tradujo: “En 2008 éramos 10.000 trabajadores, mientras que hoy en día somos 3.000 en todo Uruguay. De estos, hay 300 en el seguro de paro. En Paysandú somos 67 en seguro de desempleo, que se suman a los 125 compañeros de JBS en Montevideo, casi 90% de los trabajadores de Dofin, que es una empresa chica que está en la zona de Maroñas y cuya planta está prácticamente cerrada –solamente están en actividad los trabajadores de mantenimiento–, y los trabajadores de Toryal, una de las pocas curtiembres de cuero ovino del país. Es decir que en todas las plantas se ha enviado trabajadores al seguro de desempleo, pero no se debe a una cuestión de zafralidad, sino a una situación particular de falta de ventas al exterior”.

Consultado sobre la incidencia de la tecnificación y automatización en la industria, el secretario general de los obreros curtidores sostuvo que “son cosas que se vienen, pero hoy no es el principal problema del sector”.

Por su parte, Martín Andrada, del comité de base de Paycueros, dijo que las curtiembres “no están atadas con alambre ni nada parecido, sino que tienen tecnología del primer mundo y gente preparada”, y reafirmó que el “principal problema” es que “la materia prima se va prácticamente sin proceso”, situación que los obreros ven como “una desventaja para proteger la mano de obra”.

La mayor parte de las empresas apuestan a terminar sólo el primer proceso del cuero, que apenas ocupa a entre 25% y 30% de los trabajadores; eso significa un achique gradual en las plantillas de obreros.

Problema global

Otra arista del problema para los trabajadores está en las “actitudes” de las transnacionales. “Estamos librados a ellas”, sostuvo Jorge Rocco, del comité de base JBS Zenda, quien denunció que la empresa percibe beneficios fiscales por la Ley de Inversiones y, sin embargo, “hace por lo menos seis o siete años que no se hacen contraprestaciones como generar empleo productivo directa e indirectamente o facilitar la integración productiva incorporando valor agregado nacional en los distintos eslabones de la cadena productiva. Por el contrario, este tipo de empresa está yendo al achique”.

Los trabajadores también denuncian diferencias sustanciales en los salarios. Según Rocco, “las empresas de capitales nacionales manejan mensualmente entre 30.000 y 35.000 cueros y pagan salarios de 40.000 pesos, mientras que las multinacionales que tenemos trabajando en el país procesan el doble de volumen, 60.000 y hasta 70.000 cueros por mes, y los salarios están 30% o 35% por debajo de los que pagan las nacionales”.

Citado el miércoles por los diputados, el director nacional de Industrias del MIEM, José Luis Heijo, dijo que se trata de “un fenómeno claro y cierto que se ha producido”, pero rescató una excepción. “La empresa transnacional Bader, que es alemana, no tiene la conducta depredadora de una empresa transnacional, como JBS, que es una empresa que, en realidad, se ocupa de frigoríficos” y que en su momento compró una empresa familiar del ramo –Branaá y su filial– que hacía los cueros troquelados para tapizados y que fue vendida porque tenía problemas para mantener la actividad. Para JBS, el negocio del cuero es secundario. “Compró algo con la premisa de ganar plata, y si no gana plata, no le interesa. No le tiene cariño a esa actividad, y el negocio de curtir y de tapizado de autos, de conectar con la industria automotriz para vender su producto no es un negocio que vaya para adelante. Entonces, los gerentes que vienen se plantean tener un negocio rentable, o cerrarlo y vender el cuero que sale de los frigoríficos sin curtir. Ahí es cuando aparecen esas conductas: tratar de pagar lo menos posible por la mano de obra, tratar de minimizar el costo de la disposición de los residuos finales, etcétera. Pero no necesariamente el capital transnacional tiene esa conducta siempre”, afirmó. Para el director de Industria, “no es una problemática del capital transnacional en sí”, sino “de cómo se dan las cosas”.

Por su parte, el secretario de organización de UOC, Antonio Ferreira, agregó que la presencia de empresarios chinos que “se llevan hasta 200.000 cueros salados en el año” también afecta la producción. “Vienen, los compran al frigorífico, los salan y se los llevan”, afirmó.

Buscando articulación

En relación a los impuestos a la exportación, Heijo sostuvo: “Es algo que siempre tenemos presente”, pero acotó que no es de “exclusiva competencia” de su cartera. En este sentido, explicó que “un impuesto a la exportación implica, necesariamente, una transferencia de recursos de un sector al otro”, y que “si impongo o aumento el impuesto a la importación, el frigorífico, cuando venda el cuero al exterior, va a recibir, por lo que vende, el precio internacional menos el impuesto; cuando lo vende en el mercado interno, el que lo compre pagará lo mismo o apenas un poco más que lo que el frigorífico recibiría si lo exportara, o sea que va a pagar un precio menor al precio internacional”. Heijo sostuvo que si bien esto favorece al que procesa el cuero, desfavorece al que lo produce –tanto al frigorífico como al productor rural–, porque “está recibiendo por su producto el precio internacional menos el impuesto”, lo que en definitiva reclama un “equilibrio entre los dos sectores productivos: el primario y el secundario, y el sector terciario, que es el que hace el cuero terminado o el producto del cuero”.

La cuestión deberá ser dilucidada conjuntamente por el MIEM, el MEF y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. “Tenemos que articular”, porque “hace a los equilibrios globales de la economía”, justificó el director, quien advirtió que “es difícil articular” con la cartera económica porque “ve las cosas en su conjunto, horizontalmente, y se resiste a enfocar problemas sectorialmente”.

Bico recalcó la “importancia” de que “se involucre la parte arancelaria” en la discusión. “Es real que el sector está en crisis, pero también que las empresas siguen recibiendo un subsidio por exportación que no se traduce en un beneficio general. Lo que pedimos, entonces, es que el Ejecutivo también contemple de alguna manera a los trabajadores, porque es histórico que los ajustes recaen sobre nosotros”, afirmó, al tiempo que destacó que desde la UOC “lo que queremos es que la industria siga en Uruguay”.