El martes fue la reconstrucción de los hechos que ocurrieron el 18 de setiembre en la estancia Flor de Ceibo, a 50 kilómetros de la ciudad de Salto, cuando el trabajador rural Hugo Leites, hasta ese día peón de la estancia, fue azotado por el capataz del establecimiento, Paolo Rodríguez, luego de que el trabajador le reclamara cumplir con la jornada de ocho horas. Leites denunció al capataz por lesiones personales, al capataz y al dueño de la estancia, Ernesto Estévez, por omisión de asistencia, y también al estanciero por amenazas, porque este lo amenazó para que no hiciera la denuncia. Después de haber recibido asistencia médica y de que se le constataran heridas en la espalda y de que en la cara, producto de los golpes del capataz con el rebenque, el miércoles 20 de setiembre el trabajador hizo la denuncia de lo sucedido. Luego de las declaraciones de los tres involucrados, el fiscal de la causa, Ricardo Lackner, ordenó que se hicieran pericias psicológicas y psiquiátricas al capataz y al peón, y también pidió los datos de la historia clínica de Leites, para que el perito forense pueda ampliar su primer informe. En aquel entonces sólo pudo constatar las lesiones en la espalda y la cara, consideradas leves, pero no pudo registrar la fractura o fisura de la costilla que también sufrió Leites, porque no tenía los medios necesarios.

Lackner también pidió una reconstrucción de los hechos, que se llevó a cabo el martes a las 12.00. La reconstrucción duró más de tres horas, en las que Leites, Rodríguez y Estévez dieron sus versiones de cómo se produjeron las lesiones. Gabriel Cartagena, abogado de Leites, se limitó a comentar que está “muy tranquilo, porque mi cliente contó la versión tal cual la viene contando”. Comentó que un dron de la Policía grabó toda la reconstrucción, y que también hubo registro fotográfico de lo que ocurrió. Ayer el informativo de Radio Uruguay difundió que durante la reconstrucción el capataz habría reconocido ser el autor de la golpiza que recibió Leites, pero Cartagena no quiso hacer afirmaciones al respecto, para no romper el secreto de presumario. El abogado consideró que la reconstrucción “es elemental para ponerse en el lugar” de la víctima, y comentó que “para quienes estamos acostumbrados a la ciudad”, el escenario en el que sucedieron los hechos, a unos cinco kilómetros de la ruta, sorprende, porque da cuenta de una “soledad única. Uno miraba la lejanía y en el horizonte sólo veía pradera y animales”.

El abogado estima que el procesamiento de la información generada en la reconstrucción llevará unos días, y espera que llegue, también, la ampliación del informe del médico forense. Esto podría determinar un cambio del presunto delito, ya que si las lesiones generadas le llevan a la víctima hasta 20 días de recuperación se consideran lesiones personales leves, delito que podría derivar en un procesamiento sin prisión, tomando en cuenta que Rodríguez no tiene antecedentes penales; si las lesiones implican más de 20 días de recuperación, se consideran graves, lo que podría derivar en un procesamiento con prisión del capataz.

Cartagena consideró que el proceso hasta el momento ha tenido una “celeridad enorme”, pero explicó que la situación actual de Leites es de mucha presión. Tras el despido de la estancia sigue sin conseguir un empleo, y en su hogar cuentan únicamente con el ingreso de su esposa, que es maestra. Por otra parte, en las instancias de conciliación a nivel laboral no se llegó a un acuerdo, por lo que se deberá llevar adelante un juicio laboral, lo que implica que podría cobrar sus créditos laborales en varios meses. La empresa presentó una oferta por 23.000 pesos, pero para el abogado corresponde una cifra de aproximadamente 895.000 pesos, ya que se trata de un despido abusivo al que le corresponden los rubros habituales –aguinaldo, licencia no gozada, salario vacacional–, a los que se le sumaron 1.284 horas extras, 10% por la multa legal y 50% por daños y perjuicios, según lo establecido en la Ley 10.449. Antes la empresa ya había ofrecido 40.000 pesos al trabajador por el despido, lo que también había sido rechazado por Leites.

El abogado Óscar López Goldaracena cuestionó que el fiscal solicitara pericias psiquiátricas y psicológicas a Leites, en el entendido de que eso contribuye a su revictimización. “El mensaje que se está transmitiendo a la sociedad es que, si algún trabajador rural denuncia a su capataz o patrón por lesiones intencionales, el fiscal solicitará que se lo someta a una pericia psicológica, a una pericia psiquiátrica y a la reconstrucción del hecho, aunque la víctima tenga las costillas rotas”, manifestó, y dijo que el hecho le genera mayor preocupación “cuando estamos a semanas de que comience a regir el nuevo Código de Proceso Penal, que da un mayor protagonismo a los fiscales”. Cartagena consideró que es “cuestionable si corresponden o no las pericias”, pero opinó que “todo lo que le brinde mayores garantías al proceso penal también me da más garantías como operador de la Justicia; también al fiscal y al juez”. Aseguró que en ambas pericias estuvo “tranquilo” y consideró que “puede ayudar para entender a cada uno de los involucrados”.