En Uruguay, los parlamentarios firmantes del llamamiento para un tratado vinculante sobre ET y DDHH, junto al PIT-CNT y otras organizaciones sociales, discutirán un documento base para tomar posición en este tema. En el documento propuesto para el debate se advierte que “ante la operación internacional de las empresas, el imperio de la ley nacional resulta insuficiente y es vía para la frecuente evasión de sus responsabilidades”. Advierten que a nivel internacional, “es marcado el desbalance entre los derechos otorgados a las ET a través de la extensa gama de tratados de comercio e inversiones, y los derechos de las grandes mayorías sociales consagrados en los tratados de DDHH y las Convenciones Internacionales del Trabajo, que no son efectivamente imponibles a las empresas a nivel internacional”.

Sobre la situación en Uruguay, en el documento se evalúa que “el escenario global presenta numerosos elementos que presionan para que las empresas cuya producción se destina a la exportación se mantengan en un segmento de poca agregación de valor y su mayor aspiración sea la de ser parte de las cadenas de acumulación que traspasan fronteras”. “Existen múltiples ejemplos en la industria frigorífica, en la producción de cerveza, productos de higiene personal. En especial se destacan el incremento exponencial de la inversión extranjera en sectores como la celulosa y la soja”, agrega el documento.

Luego sostiene que la política de inversiones de Uruguay “ha estado sustentada en las últimas décadas (con gran incidencia también en la era frenteamplista) en el otorgamiento de exoneraciones y facilidades fiscales” y en la firma de acuerdos de protección de inversiones “que contienen cláusulas que impactan directamente sobre nuestras posibilidades a futuro de fijar políticas nacionales”.

El documento concluye que para enfrentar una estrategia global del capital se requiere una respuesta global de las organizaciones. De hecho, la respuesta ya está en marcha: una alianza de más de 2.000 organizaciones sociales vinculadas a los DDHH está haciendo una campaña para crear un tratado vinculante.